En una iniciativa sin precedentes, el gobierno de Javier Milei ha lanzado una plataforma online que permite a los ciudadanos denunciar regulaciones estatales consideradas innecesarias, engorrosas o propensas a la corrupción. La respuesta ha sido abrumadora: en tan solo seis horas, se registraron más de 1200 denuncias, lo que equivale a un promedio de 200 denuncias por hora. Esta avalancha de reportes evidencia la profunda frustración de los argentinos con la burocracia estatal y el deseo de un Estado más eficiente y transparente.
La desregulación como bandera: una promesa de campaña en acción
La plataforma “Reportá la burocracia”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y su equipo, busca materializar una de las promesas centrales de la campaña de Milei: la reducción del tamaño del Estado y la simplificación de trámites. Este sitio web, alojado dentro del portal Argentina.gob.ar, invita a los ciudadanos a identificar y reportar normas que obstaculicen la actividad económica, limiten la competencia o impongan requisitos obsoletos. El objetivo final es claro: liberar las fuerzas productivas del país eliminando las trabas burocráticas que las asfixian.
Según Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, la iniciativa se enmarca en el decreto 1055/24, que busca “reducir la burocracia, promover la libre competencia y facilitar la interacción entre la oferta y la demanda”. Las denuncias recibidas abarcan una amplia gama de regulaciones, desde leyes nacionales hasta ordenanzas municipales, y serán analizadas por un equipo especializado para determinar su pertinencia y posible eliminación.
Ejemplos concretos de la burocracia asfixiante
Entre las denuncias más recurrentes, se destacan casos que ilustran la complejidad y los costos asociados a la burocracia argentina. Un ejemplo paradigmático es el de un importador de juguetes que, para ingresar al país una mercadería valuada en USD 30.000, debió invertir USD 10.000 adicionales en trámites de homologación, a pesar de que los productos contaban con certificaciones internacionales. Este tipo de regulaciones, según Fariña, no solo encarecen los productos, sino que también desalientan la inversión y el comercio exterior.
Otro caso emblemático es el del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), una entidad que, bajo la gestión anterior, se convirtió en un monopolio para el cobro de derechos de autor por fotocopias. Según Fariña, Cadra llegó a cobrar hasta $300.000 por la simple tenencia de una fotocopiadora, sin realizar un esfuerzo real por identificar a los autores beneficiarios. El gobierno actual se propone revisar el funcionamiento de este tipo de entidades y asegurar que los recursos lleguen a los verdaderos creadores.
Las regulaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) también fueron objeto de numerosas denuncias. Se reportaron casos de requisitos absurdos, como la obligación de informar el tipo de madera utilizada en los pallets de embalaje de alimentos importados, o la restricción a veterinarios no registrados para ejercer su profesión, a pesar de contar con títulos habilitantes. Estos ejemplos, entre muchos otros, pintan un panorama de un Estado hiperregulado, ineficiente y desconectado de la realidad productiva del país.
Hacia un Estado más ágil y eficiente: el desafío de la transformación
La masiva participación ciudadana en la plataforma “Reportá la burocracia” no solo revela el hartazgo con las trabas estatales, sino que también representa una oportunidad única para el gobierno de Milei. La información recolectada permitirá identificar las regulaciones más problemáticas y avanzar en su eliminación o modificación. Sin embargo, el desafío no se limita a la desregulación. La transformación del Estado implica también una modernización de la gestión pública, la digitalización de trámites y la reducción del gasto público.
Fariña destacó que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene dos áreas bien definidas: desregulación y transformación. Esta última busca “un Estado más chico y eficiente”, reduciendo el gasto público y la planta de empleados estatales. En los primeros ocho meses de gestión, se eliminaron 200 áreas estatales consideradas innecesarias, lo que resultó en una reducción de 30.000 empleados públicos.
El gobierno se propone continuar con esta política de reducción del Estado, utilizando la “disponibilidad” incluida en la Ley Bases para avanzar en nuevas reducciones de personal. Además, se busca digitalizar trámites como los registros automotores, patentes y cédula azul, eliminando la intermediación y la posibilidad de corrupción. El objetivo final es claro: un Estado más ágil, eficiente y al servicio de los ciudadanos, no un obstáculo para su desarrollo.
La iniciativa “Reportá la burocracia” es un primer paso en este ambicioso camino hacia la transformación del Estado. El éxito de esta política dependerá no solo de la capacidad del gobierno para eliminar regulaciones innecesarias, sino también de su habilidad para construir un Estado moderno, eficiente y transparente, capaz de impulsar el desarrollo económico y social de Argentina.
Los próximos meses serán cruciales para evaluar el impacto real de estas medidas. La sociedad argentina, harta de la burocracia asfixiante, espera con ansias resultados concretos que se traduzcan en una mejora tangible en su vida cotidiana. La promesa de un Estado más pequeño y eficiente está en juego, y el gobierno de Milei deberá demostrar que puede convertirla en realidad.
