El gobierno argentino ejecutó el cierre definitivo de la planta impresora de billetes Ciccone Calcográfica, ubicada en Don Torcuato. El operativo, que incluyó un importante despliegue de efectivos de Gendarmería, culminó con el despido de 270 empleados, quienes fueron dispensados de sus tareas sin recibir información precisa sobre su futuro laboral. Esta medida, que se inscribe dentro de una estrategia oficial de reducción de costos, generó incertidumbre y malestar entre los trabajadores y la comunidad.
El cierre y el operativo policial: una decisión económica y política
La decisión de cerrar la planta fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien argumentó que el cierre representaría un ahorro anual para el Estado de $5.040 millones. Según el ministro, la impresión de billetes será subcontratada a proveedores internacionales, resultando “menos oneroso” que la producción local. El inmueble, que incluye una bóveda utilizada por el Banco Central, será subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
“Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (exCiccone). Ya iniciamos el operativo para el retiro de maquinaria, cierre de oficinas y la notificación a la dotación de personal afectada”
La declaración fue realizada por Caputo a través de su cuenta en la red social X. El operativo policial, sorpresivo para los trabajadores, se desplegó en la colectora este de la autopista Panamericana, kilómetro 24,500, con decenas de camiones y efectivos de Gendarmería. Las imágenes difundidas por diferentes medios muestran la magnitud del operativo.
Ciccone: un historial marcado por la controversia
La planta, que anteriormente operaba bajo el nombre de Ciccone Calcográfica, imprimía no solo billetes, sino también documentos oficiales como pasaportes y patentes. Fue nacionalizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y renombrada Compañía de Valores Sudamericana bajo la administración de la Casa de la Moneda. Este proceso de nacionalización ha sido objeto de diversas controversias y acusaciones de corrupción.
El gobierno actual justifica el cierre, basándose en un supuesto “caso de corrupción de público conocimiento” asociado a la nacionalización. Según sus declaraciones, no existe justificación para mantener la empresa en manos del Estado. Manuel Adorni, vocero presidencial, se refirió al cierre en términos contundentes, utilizando una retórica políticamente cargada, al referirse a Ciccone como “uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista.”
“El Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales. Fin.”
Esta declaración, difundida por Adorni en su cuenta de X, resalta el supuesto ahorro económico para el Estado como el argumento principal para justificar la medida. Sin embargo, la falta de transparencia y la omisión de detalles sobre el futuro laboral de los 270 empleados genera críticas y preocupaciones
El futuro incierto de los trabajadores y la reacción social
El anuncio del cierre, aunque anticipado el 3 de octubre por Adorni, dejó en la incertidumbre al personal. La falta de claridad sobre los planes de reubicación o indemnizaciones para los empleados ha generado malestar y protestas entre los trabajadores y sus representantes sindicales. Diversas organizaciones sociales y políticas han denunciado lo que consideran una medida arbitraria y antilaboral, exigiendo mayores garantías para quienes quedaron en el desempleo.
En el plano social, el cierre genera preocupación por el impacto en la comunidad local. Don Torcuato, donde está ubicada la planta, podría enfrentar consecuencias económicas negativas debido a la pérdida de 270 puestos de trabajo. La situación exige una respuesta efectiva por parte del Estado, para paliar las consecuencias del despido.
Análisis económico y perspectivas futuras
Más allá de la justificación económica del gobierno, el cierre de Ciccone suscita interrogantes sobre el costo real de externalizar la impresión de billetes. Si bien se anuncia un ahorro considerable, el análisis completo deberá incluir factores como el costo de los servicios internacionales, el transporte y el riesgo asociado a la dependencia de proveedores externos. Existen dudas respecto a si el ahorro prometido se materializará plenamente.
Además, el cierre de la planta deja en evidencia la fragilidad del sector productivo en Argentina y las limitaciones del Estado para gestionar empresas estratégicas. La subasta del inmueble y el destino de la maquinaria son asuntos que deberían ser analizados con detalle y transparencia para asegurar que la operación se realiza respetando las normas y con beneficios para la nación. La falta de plan para la reinserción laboral de los desocupados genera una mancha oscura a este proceso de cierre y subasta.
¿Un ahorro económico o un costo social?
El cierre de Ciccone Calcográfica representa un acontecimiento complejo con implicaciones económicas y sociales de gran relevancia. Si bien el gobierno argentino argumenta un ahorro considerable para las arcas del Estado, la medida genera preocupación por el impacto en el empleo y el posible incremento de los costos a largo plazo, además de las cuestionadas circunstancias del operativo. El debate sobre la conveniencia y el manejo de la situación continuará mientras se desarrollen los procesos de subasta y la falta de información precisa acerca del futuro de los empleados no se aclare.
