La discusión presupuestaria para 2025 en Argentina se encuentra en un punto crítico. El gobierno de Javier Milei, a través de su representante en la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, y los gobernadores provinciales, no han logrado alcanzar un acuerdo, lo que deja al país en una situación compleja con el plazo para aprobar el presupuesto vencido.
El Choque entre Milei y los Gobernadores
La principal piedra de conflicto es la imposición por parte del gobierno de un presupuesto basado en el principio del ‘déficit cero’. Esta postura inflexible se contrapone con las demandas de los gobernadores, quienes exigen un presupuesto que cubra sus necesidades y que considere las particularidades de cada provincia.
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, ha sido enfático al afirmar que el ‘déficit cero no se negocia’. Esta declaración, sumada al ninguneo previo a los gobernadores por parte de Milei, ha generado malestar y ha complicado las negociaciones. La estrategia del gobierno, al menos en apariencia, es mantenerse firme en su posición, confiando en su capacidad de negociar con más fuerza fuera de los plazos originales.
Las Demandas Provinciales
Los gobernadores plantean varios puntos de discordia. Entre ellos, reclaman modificaciones en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles, que el gobierno central, ante la reducción de subsidios y la falta de ejecución de obras públicas, retiene para su propio uso. Argumentan que estos fondos deberían volver a la masa coparticipable, como una forma de transferir recursos a las provincias y poder financiar proyectos locales.
Otro tema central de discordia se relaciona con ARCA, la Agencia de Recaudación que reemplazó a la AFIP. La ARCA, recibe un 1.9% de la recaudación neta para financiar su funcionamiento. Los gobernadores argumentan que si la estructura de personal de ARCA se redujo para bajar el gasto, el porcentaje que la agencia retiene debería ser menor y se debería liberar más recursos para la masa coparticipable.
La situación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que históricamente han sido usados a discreción por el Poder Ejecutivo y que ahora prácticamente se han reducido a cero, también genera preocupación entre los gobernadores, así como las transferencias a las cajas previsionales provinciales, con cifras consideradas insuficientes para cubrir las necesidades.
Posibles Escenarios y Sesiones Extraordinarias
Ante la falta de consenso, el gobierno ha abierto la puerta a la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para debatir el presupuesto. Esta decisión refleja una estrategia de negociación. Se busca ganar tiempo y negociar con más fuerza una vez que los tiempos restrictivos hayan finalizado. No obstante, esta alternativa también implica un riesgo: una segunda prórroga del presupuesto de 2023, lo cual no sería bien recibido por los mercados internacionales.
Por otro lado, la posibilidad de que los gobernadores, hartos del ninguneo del gobierno y ante la falta de consenso, busquen acuerdos con la oposición, dificultando aún más el camino para la aprobación del presupuesto.
Existe la posibilidad de que los gobernadores presenten un dictamen alternativo con sus demandas, buscando el apoyo de la oposición para presionar al gobierno. Este escenario representa un desafío para la gobernabilidad del país y la viabilidad del gobierno de Milei.
Impacto y Consecuencias
La falta de un presupuesto aprobado a tiempo tiene consecuencias negativas para la economía argentina y para las provincias. Implica falta de previsibilidad económica, dificultando la planificación de políticas públicas e inversiones. Además, esta situación complica la gestión de las finanzas públicas y la obtención de financiamiento externo.
Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las negociaciones, y que la respuesta del gobierno de Milei marque el camino. Si los esfuerzos para llegar a un consenso fracasan, la posibilidad de una crisis política y económica crece, con implicaciones de gran alcance para Argentina.
