La nueva cárcel de máxima seguridad en Córdoba: una costosa apuesta con resultados inciertos. La provincia invierte 109 mil millones de pesos en el Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) en el Complejo Carcelario de Bouwer, buscando aliviar la sobrepoblación e implementar tecnología de punta. ¿Será esta la solución o un nuevo problema para el sistema penitenciario?
Inversión y tecnología al servicio de la seguridad
Con una inversión de 109 mil millones de pesos, el CEMAX promete ser un establecimiento modelo en seguridad. Se espera que esté listo en 2026, con 448 celdas para más de 1.000 internos. La tecnología de última generación es su sello distintivo.
Entre las innovaciones tecnológicas que se incorporarán, destacan:
- Cámaras dotadas de Inteligencia Artificial y analítica.
- Escáneres de máxima seguridad para el control de bultos, móviles y personas.
- Inhibidores totales de telefonía celular.
- Sistema de radar perimetral con cámaras con IA para detectar movimientos sospechosos.
- Sistema para detectar, identificar y localizar drones no autorizados.
- Cámaras corporales (body cams) para el personal de seguridad.
Esta combinación de tecnología y seguridad busca garantizar un control total sobre el penal, evitando la entrada de elementos prohibidos y previniendo cualquier intento de fuga o alteración del orden interno. Se espera que esta inversión en tecnología reduzca la criminalidad, aunque algunos temen que simplemente traslade el problema.
El gobernador Llaryora ha defendido la construcción del CEMAX como una medida necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos cordobeses, enfatizando que “el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente”. El sistema penitenciario, ¿un lugar para castigar o para rehabilitar?
Además del CEMAX, el gobierno provincial construirá una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) para 500 personas, reflejando la preocupación por la creciente criminalidad. ¿Estamos abordando las causas profundas o solo aumentando la capacidad carcelaria?
Inhibidores de señal: ¿una solución controvertida?
La implementación de inhibidores totales de telefonía celular busca impedir que los internos se comuniquen con el exterior. Esta medida genera debate sobre los derechos de los presos y su contacto con familias y abogados.
El gobernador Llaryora ha sido enfático al señalar que “es mejor apagar una antena de telecomunicaciones común, que un inhibidor”, priorizando la seguridad. Sin embargo, es crucial encontrar un equilibrio que garantice la seguridad sin aislar completamente a los reclusos.
La inhibición de señal plantea desafíos técnicos y legales. Es necesario garantizar que no afecte a las comunicaciones de los vecinos y que se respeten los derechos de los presos a comunicarse con sus abogados y familiares en emergencias.
El debate sobre las cárceles federales en Córdoba
El gobernador Llaryora ha reclamado a la Nación la construcción de cárceles federales en la provincia para aliviar la presión sobre el sistema penitenciario provincial. Actualmente, este alberga a presos con condenas federales.
Llaryora argumenta que “no tiene porque el Servicio Penitenciario provincial custodiar los presos federales”, señalando que esta responsabilidad recae en la Nación. La construcción de cárceles federales implica cuestiones presupuestarias, políticas y de seguridad. ¿Está dispuesta la Nación a invertir?
La construcción de cárceles federales, ¿es la solución definitiva a la sobrepoblación? ¿Sería más efectivo invertir en prevención del delito y rehabilitación?
El futuro del sistema penitenciario cordobés
La construcción del CEMAX y la demanda de cárceles federales abren interrogantes sobre el futuro del sistema penitenciario cordobés. ¿Construimos cárceles más seguras o reproducimos un modelo ineficaz en reducir la criminalidad y promover la reinserción?
Es necesario un debate profundo sobre el rol del sistema penitenciario en la sociedad. Debemos invertir en las políticas correctas y abordar las causas profundas de la delincuencia para construir un sistema justo, seguro y efectivo.
El CEMAX plantea desafíos éticos y legales. La sociedad cordobesa debe involucrarse en este debate para definir el futuro de su sistema penitenciario.
