El asalto en Parque América destapó una cloaca de corrupción en Catamarca. Un acuerdo conciliatorio, manchado de irregularidades, permitió el sobreseimiento de los imputados, desatando la furia ciudadana y poniendo en jaque la credibilidad del sistema judicial. La impunidad tiene un precio, y en Catamarca parece estar a la venta.
El Asalto: Radiografía de un atropello
La noche del 4 de septiembre quedará grabada a fuego en la memoria de los hermanos Rolón Reynoso y Carlos Varela Villegas. Cinco encapuchados irrumpieron en su hogar en Parque América, atándolos y despojándolos de dólares y dispositivos móviles de alta gama. La policía actuó rápido, capturando a cuatro asaltantes a pocas cuadras. Sin embargo, el líder de la banda logró huir y permanece prófugo.
Los criminales identificados: Camilo Alberto Carrizo, Guillermo Hernán Nieva, Diego Marcelo Arroyo y Fernando Ariel Pacheco, enfrentaron cargos por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”. Pero la trama se oscureció cuando se reveló que Camilo Alberto Carrizo, no era un delincuente común. Era hermano del intendente peronista de Saujil, Enzo Carrizo, y primo de la mismísima ministra de Seguridad, Fabiola Segura. Además, Carrizo era el dueño de la camioneta utilizada en el asalto y, como si fuera poco, proveedor del Estado provincial.
La indignación popular no se hizo esperar. ¿Cómo podía un miembro de la familia de funcionarios públicos estar implicado en un crimen tan brutal? La respuesta llegó como un balde de agua fría: un vergonzoso acuerdo conciliatorio les abrió las puertas de la libertad a los asaltantes a cambio de dinero.
El Pacto de Impunidad: 8 Millones para Borrar un Delito
El 21 de noviembre, el fiscal Hugo Costilla recibió una propuesta que helaba la sangre: un acuerdo conciliatorio donde los asaltantes pagarían 8 millones de pesos a las víctimas para enterrar la acción penal. Costilla, sin dudarlo, dio su visto bueno al juez Héctor Maidana, quien el 9 de diciembre de 2024, homologó el pacto. Así, los cuatro asaltantes quedaron libres, con el delito borrado de sus historiales.
El artículo 59 (inciso 6°) del Código Penal argentino, maquillado en 2015, fue la herramienta legal para justificar este ultraje. Permite extinguir la acción penal por “conciliación o reparación integral del perjuicio”. Pero, ¿es moralmente aceptable aplicar esta figura en crímenes violentos? ¿Acaso la integridad física y emocional de las víctimas tiene un precio? Este acuerdo abre la puerta a que los criminales compren su impunidad, sentando un precedente nefasto.
Asaltantes y Asaltados: Un Cruce de Historias Turbias
La Fiscalía General, acorralada por la presión pública, encomendó a la fiscal Paola González Pinto investigar los detalles del acuerdo conciliatorio. Lo que descubrió fue un espejo de la descomposición social: la situación económica de asaltantes y asaltados era un laberinto de sombras.
Camilo Carrizo, el ingeniero electrónico, comerciante, hermano del intendente y primo de la ministra, manejaba fortunas, cobraba una jubilación por invalidez y una asignación por hijo. Guillermo Nieva, vendedor de zapatillas, era receptor de un plan Potenciar Trabajo. Diego Arroyo, con un prontuario de seis condenas y en la miseria, encontró en el acuerdo su tabla de salvación. Fernando Pacheco, plomero-gasista también en la pobreza, arrastraba denuncias por violencia de género desde Mendoza.
Las víctimas tampoco eran blancas palomas: Matías Rolón Reynoso estaba imputado por estafa y lavado de activos en la causa RT Inversiones, con prisión domiciliaria e inhibición de bienes. Gustavo Rolón Reynoso, comerciante de iPhones, había sufrido el robo de sus productos y dinero. Carlos Varela Villegas, comerciante y técnico electrónico, era investigado por negocios turbios y tenía antecedentes por robo.
La fiscal González Pinto, indignada, presentó una acción de nulidad por cosa juzgada írrita, denunciando que la sentencia que aprobó el acuerdo conciliatorio era una burla a la justicia y a la verdad. Permitir que un reincidente se libere gracias a un acuerdo conciliatorio era “altamente ofensivo a los intereses sociales” y dinamitaba “la paz social y la confianza en la Justicia y en la ley”.
¿Justicia o Narcojusticia?
La pregunta que resuena en Catamarca es si su sistema judicial está dispuesto a venderse al mejor postor, donde los delitos violentos se tapan con fajos de billetes y los hilos del poder político y económico lo manejan todo. La Sala Penal de la Corte de Justicia tiene en sus manos la decisión final: declararse competente o no para revisar la acción de nulidad presentada por la fiscal González Pinto.
No se trata solo del destino de los asaltantes de Parque América. Lo que está en juego es la fe de la ciudadanía en sus instituciones. Si la Corte de Justicia da luz verde al acuerdo conciliatorio, estará gritando a los cuatro vientos: en Catamarca, la impunidad se compra y se vende.
Es imperativo que la Justicia actúe con transparencia, investigue cada sombra y castigue a los culpables, sin importar su posición. La sociedad catamarqueña exige un mensaje claro: la ley debe ser implacable con todos, sin excepciones.
Catamarca: Donde el Poder, la Política y el Dinero Bailan un Tango Macabro
Este caso no es una casualidad, es la punta del iceberg de una red de poder, lazos familiares y negocios sucios. Un hermano de un intendente y primo de la ministra de Seguridad implicado en un asalto violento, y la posterior maniobra para liberarlo, destapan una cloaca de influencias que operan con total impunidad en Catamarca.
La investigación judicial reveló detalles nauseabundos sobre la vida de los imputados, sus transacciones financieras y sus lazos con la política. La jubilación por invalidez de Camilo Carrizo, firmada por su propio hermano cuando dirigía ANSES Catamarca, es solo una muestra de las irregularidades que claman por ser investigadas.
La Justicia debe llegar hasta el hueso de este asunto y determinar si hubo un contubernio entre funcionarios públicos, empresarios y criminales para proteger a los responsables. Catamarca merece conocer la verdad y exigir justicia.
¡Catamarqueño, Alza la Voz!
El asalto en Parque América es una bofetada a la dignidad y la seguridad de cada ciudadano de Catamarca. No podemos permitir que la corrupción y la impunidad sigan destruyendo nuestras instituciones y la confianza en la justicia. Es hora de rebelarnos y exigir justicia.
Infórmate, debate, movilízate y exige a tus representantes que tomen medidas reales para aplastar la corrupción y fortalecer el sistema judicial. No podemos ser cómplices silenciosos de la impunidad. El destino de Catamarca está en nuestras manos. ¡No te calles!
