Las estaciones de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se convirtieron en escenario de caos y malestar este martes, debido a una medida de fuerza llevada a cabo por el sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad. La protesta, que comenzó el lunes al mediodía, consistió en la aplicación del “trabajo a reglamento”, lo que implica que las formaciones circulan a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, generando demoras significativas y cancelaciones en todas las líneas.
El reclamo de La Fraternidad: seguridad en las vías
El sindicato, liderado por Omar Maturano, justifica la medida de fuerza argumentando el “mal estado de las vías y del material rodante”, lo que pone en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores como de los pasajeros. Reclaman “repuestos y reparaciones urgentes para los trenes, obras en las vías para seguridad y confort, y la actualización del sistema de comunicación y señales”.
A través de folletos distribuidos en las estaciones, La Fraternidad advirtió sobre la “emergencia ferroviaria” que atraviesa el país, calificándola como “una de las peores crisis ferroviarias”. En los panfletos, se podía leer: “Atención pasajeros. Estamos frente a una de las peores crisis ferroviarias. Nuestros trenes necesitan reparaciones con urgencia. Las vías deben tener obras para seguridad y confort. Y los sistemas de comunicación y señales deben ser actualizados”.
La respuesta del Gobierno: acusaciones de “extorsión”
Desde el Gobierno nacional, la medida de fuerza fue calificada como “extorsiva”, atribuyéndola a un intento de La Fraternidad por obtener un aumento salarial superior al acordado con otros sindicatos ferroviarios. Fuentes gubernamentales señalaron que el 80% del sector ferroviario ya firmó un acuerdo paritario con un incremento del 3,5% entre noviembre y diciembre.
Además, criticaron la decisión de reducir la velocidad de los trenes, calificándola como una medida que “jode a la gente” y que utiliza la “excusa” de la emergencia ferroviaria para presionar en las negociaciones salariales. “Este gobierno no va ceder ante las extorsiones sindicalistas que, para no perder sus intereses, ponen en el medio de los reclamos a la gente”, afirmaron.
El Gobierno reconoció la existencia de una emergencia ferroviaria, declarada en mayo con un presupuesto complementario de 1.3 billones de pesos, pero atribuyó el “estado calamitoso” del sistema a la falta de inversión de gobiernos anteriores.
El impacto en los pasajeros: demoras, cancelaciones y malestar
La medida de fuerza generó un caos en las líneas de tren del AMBA, con demoras que duplicaron los tiempos habituales de viaje y numerosas cancelaciones, especialmente en las horas pico. Los pasajeros expresaron su malestar e indignación tanto en las estaciones como en las redes sociales.
En las terminales de Retiro, Constitución y Once se registraron largas filas y aglomeraciones de personas que esperaban la llegada de trenes con demoras de hasta dos horas. En redes sociales, las quejas se multiplicaron con usuarios reportando la saturación de andenes y la falta de información oficial.
Federico Sosa comentó en Twitter: “#TrenSarmiento vamos lento pero vamos”, mientras que Vero (@Moreve76) expresó: “Si me tomaba un tatú carreta, seguro llegaba bien a trabajar”. Otros expresaron su frustración con comentarios como: “Un desastre, un desastre”, o “Así son los gremios. Hay que tener en cuenta que puede pasar, yo tengo que estar a las 8. Cuando pasa esto generalmente llego tarde”.
Contexto de tensión y posibles soluciones
La protesta de La Fraternidad se enmarca en un contexto de tensión recurrente entre el gremio y el Gobierno, con antecedentes similares en momentos de negociaciones salariales. La Fraternidad viene denunciando un retraso acumulado del 42,6% en los salarios desde diciembre y sostiene que la oferta presentada por las empresas ferroviarias es insuficiente.
El conflicto también pone de manifiesto la necesidad de abordar la problemática de la infraestructura ferroviaria en el AMBA, que ha sido objeto de debate durante años. Si bien el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y destinó un presupuesto para mejoras, los avances concretos han sido motivo de controversia.
Mientras tanto, los pasajeros continúan siendo los principales afectados por este conflicto, enfrentando demoras, cancelaciones y un servicio deficiente. La búsqueda de una solución que contemple tanto las demandas salariales de los trabajadores como la necesidad de garantizar un servicio de transporte público eficiente y seguro se presenta como un desafío urgente para las autoridades.
