La investigación por las amenazas contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha dado un giro importante con la detención de siete sospechosos en la localidad de Puerto San Martín, provincia de Santa Fe. Las detenciones, tres en calidad de detenidos y cuatro demorados, fueron llevadas a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional en la zona de Puerto San Martín, en el departamento San Lorenzo, a unos cuarenta kilómetros de Rosario. Este operativo se produce luego de que se difundiera un video en el que un grupo de individuos encapuchados, portando armas de grueso calibre, profieren amenazas contra ambos funcionarios.
Allanamientos y hallazgos
Durante los allanamientos realizados en Puerto San Martín, se incautaron diversos elementos que podrían ser de interés para la causa. Entre ellos se encuentran dos revólveres y municiones, aunque las autoridades aún no han confirmado si estas armas coinciden con las que se exhiben en el video de la amenaza. Además, se hallaron dos mamelucos que guardan similitud con los utilizados por los individuos encapuchados en la grabación. Si bien las características del lugar allanado coinciden en parte con el escenario que se observa en el video, se requieren aún pericias para confirmar esta hipótesis. La jueza federal María Servini de Cubría, quien lleva adelante la investigación, solicitó el traslado de los detenidos a Buenos Aires para que presten declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.
El perfil de los detenidos
Los tres individuos que permanecen detenidos tienen 38, 27 y 26 años, dos de ellos con el mismo apellido. Son oriundos de Puerto General San Martín, Santa Fe. Según la información disponible, el mayor de los detenidos es monotributista, habiéndose reinscripto en el régimen en 2018, luego de 11 años de inactividad, y con pagos registrados hasta octubre de este año. El detenido de 26 años no registra empleo formal desde 2022, mientras que el de 27 años trabaja en dos empresas: una dedicada a la ingeniería y otra a servicios portuarios y ambientales.
La amenaza y la respuesta del gobierno
El video que dio origen a la investigación se difundió el 1 de diciembre, mostrando a cuatro hombres encapuchados y armados, profiriendo amenazas directas contra Bullrich y Pullaro. En la grabación, se acusa a los funcionarios de ser responsables de la muerte de personas inocentes y de actuar en connivencia con bandas criminales. Ante la gravedad de las amenazas, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de $10.000.000 para quienes aportaran información que permitiera identificar a los responsables.
La respuesta del Gobierno Nacional al video fue inmediata y contundente, afirmando que “con nosotros nunca podrán”. Patricia Bullrich, por su parte, especuló con la posibilidad de que la amenaza provenga de “bandas muy fuertes de la Provincia de Buenos Aires” y anunció el lanzamiento del “Plan de Seguridad 90-10”, enfocado en combatir la violencia en zonas críticas del país. El gobernador Pullaro, a su vez, señaló que el video busca “amedrentar las políticas públicas” y ratificó su compromiso de continuar con las estrategias de seguridad implementadas en Santa Fe.
Contexto político y social
Las amenazas contra Bullrich y Pullaro se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Argentina, particularmente en la provincia de Santa Fe, donde el narcotráfico ha ganado terreno en los últimos años. La ciudad de Rosario, ubicada en el centro de la provincia, se ha convertido en un escenario de disputas entre bandas criminales, con altos índices de violencia y homicidios.
En este contexto, las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional y provincial han sido objeto de debate y controversia. Mientras algunos sectores reclaman medidas más drásticas para combatir el crimen organizado, otros advierten sobre el riesgo de vulnerar los derechos humanos y generar un clima de mayor violencia. Las amenazas contra Bullrich y Pullaro ponen de manifiesto la complejidad del problema de la inseguridad en Argentina y la necesidad de abordar sus causas estructurales.
La investigación en curso se centrará en determinar la identidad de los autores del video, su vinculación con organizaciones criminales y los motivos detrás de la amenaza. La jueza Servini de Cubría deberá analizar las pruebas recolectadas en los allanamientos, incluyendo los celulares de los detenidos y las pericias balísticas, para establecer si existe conexión entre los sospechosos y el material fílmico. El caso ha generado una gran conmoción pública y se espera que las autoridades brinden mayor información en los próximos días.
