La investigación sobre el video con amenazas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha dado un giro importante con la detención de siete sospechosos en la localidad santafesina de Puerto General San Martín. Los allanamientos, llevados a cabo por Gendarmería Nacional bajo las órdenes de la jueza federal María Servini, resultaron en el secuestro de armas de fuego, municiones y otros elementos que podrían ser clave para esclarecer el caso. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que las armas encontradas no coinciden con las exhibidas en el video, y aún no se ha confirmado la participación directa de los detenidos en la grabación de la amenaza.
Allanamientos y detenciones en Puerto San Martín
Puerto General San Martín, una localidad ubicada a 30 kilómetros de Rosario, fue el epicentro de los operativos que llevaron a la detención de tres personas y la demora de otras cuatro. Los investigadores se centraron en cuatro domicilios, donde se incautaron dos revólveres, municiones y dos mamelucos que podrían ser los utilizados por los encapuchados en el video. Si bien estos hallazgos son significativos, la discrepancia entre las armas encontradas y las que aparecen en la filmación genera dudas sobre la vinculación directa de los detenidos con el hecho. La jueza Servini ha ordenado el traslado de los sospechosos a Buenos Aires para ser indagados en los tribunales federales de Comodoro Py.
Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es el hallazgo de los mamelucos. En el video, los cuatro individuos que profieren las amenazas aparecen completamente cubiertos con mamelucos blancos y guantes quirúrgicos, lo que dificulta su identificación. La similitud entre los mamelucos encontrados en los allanamientos y los utilizados en el video podría ser una pieza clave para conectar a los detenidos con el caso. Sin embargo, será necesario realizar pericias para confirmar si se trata de las mismas prendas.
El video amenazante y la respuesta del Gobierno
El video, difundido el domingo por la noche a través de las redes sociales, muestra a cuatro hombres encapuchados y fuertemente armados, profiriendo amenazas directas contra Bullrich y Pullaro. “Este video va para vos Pullaro y Bullrich… vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha”, dice uno de los encapuchados, acusándolos de “hacer matar gente inocente” y advirtiendo que “vamos a empezar a dejar muertos acá” en Buenos Aires. La gravedad de las amenazas provocó una respuesta inmediata del Gobierno nacional, que ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita la identificación y captura de los responsables.
Ante la difusión del video, tanto Bullrich como Pullaro manifestaron su preocupación y reafirmaron su compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Bullrich señaló que las amenazas podrían provenir de “bandas muy fuertes de la Provincia de Buenos Aires”, mientras que Pullaro aseguró que “nada nos va a hacer volver atrás” en las políticas de seguridad implementadas en Santa Fe. El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, informó sobre una “elevación del nivel de alerta” en Rosario y sus alrededores.
Interrogantes y próximos pasos en la investigación
A pesar de las detenciones y los allanamientos, persisten numerosos interrogantes en torno al caso. La falta de coincidencia entre las armas secuestradas y las exhibidas en el video, así como la ausencia de confirmación oficial sobre la participación de los detenidos en la grabación de la amenaza, mantienen la incertidumbre. Además, se desconoce el móvil detrás de las amenazas y la posible conexión de los sospechosos con organizaciones criminales. La jueza Servini deberá determinar si existen pruebas suficientes para vincular a los detenidos con el caso y si se presentarán cargos formales en su contra.
En los próximos días, se espera que las indagatorias a los detenidos en Comodoro Py arrojen luz sobre el caso. Asimismo, las pericias sobre los mamelucos y otros elementos secuestrados podrían aportar información crucial para la investigación. El Gobierno nacional, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, implementando el Plan de Seguridad 90-10 con el objetivo de reducir los índices de homicidios en zonas críticas del país. El caso del video amenazante se convierte así en un nuevo capítulo en la compleja batalla contra el crimen organizado en Argentina.
La sociedad argentina espera con atención el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos. La amenaza a figuras públicas de alto perfil como Bullrich y Pullaro no solo atenta contra la seguridad de las personas, sino también contra las instituciones democráticas. Es fundamental que la Justicia actúe con celeridad y transparencia para garantizar que los responsables sean llevados ante la ley y que se refuercen las medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.
Finalmente, el caso también plantea la necesidad de un debate profundo sobre las causas estructurales del narcotráfico en Argentina y la necesidad de implementar políticas públicas integrales que aborden este problema desde una perspectiva multidimensional, que incluya la prevención, la represión del delito y la reinserción social.
