La llegada de la Prefectura Naval a Embalse, Córdoba, desató un inesperado cruce de declaraciones entre la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el senador Luis Juez, exsocios políticos que han visto fracturarse su relación en los últimos tiempos. El evento, que contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, se convirtió en un escenario para una disputa que va más allá de la simple cuestión de seguridad.
El origen del conflicto: una ceremonia y una ausencia significativa
La inauguración de la dependencia de la Prefectura Naval en Embalse, un acto que buscaba fortalecer la seguridad en el lago, estuvo marcado por la ausencia notable del senador Luis Juez, pese a haber sido invitado. La decisión de Juez no se debió a un compromiso previo, sino a una abierta crítica hacia la iniciativa, calificándola de “marketing” político.
En declaraciones a radio Punto a Punto, Juez ironizó sobre la presencia de la Prefectura en Embalse: “Me invitaron, pero… ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a poner el patito, como un boludo, y me voy a ir al agua? Prefectura Naval a Embalse! Traigan a los gendarmes a la frontera este con Santa Fe, a la frontera norte por donde entra la droga. Es todo marketing, y yo no me prendo de esas cosas.”
Las respuestas de Bullrich: un enfoque en la seguridad integral
Ante las críticas de Juez, Bullrich salió al cruce a través de Cadena 3, defendiendo la iniciativa como una respuesta a un pedido provincial de larga data. Destacó la especialización de la Prefectura en el rescate acuático y la ayuda a embarcaciones, especialmente durante la temporada turística de verano, argumentando que menospreciar la importancia de esa especialización no tiene sentido.
Además, Bullrich enfatizó que el accionar en seguridad de la Nación en Córdoba va más allá de la Prefectura Naval. Señaló la fuerte presencia de Gendarmería, con la escuela más grande de Latinoamérica ubicada en Jesús María, y la colaboración con la Policía local y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la lucha contra el narcotráfico. Como ejemplo, mencionó la expulsión de la familia de “Fito” Macías, un importante narcotraficante ecuatoriano, un operativo que calificó de “uno de los más importantes del año.”
Bullrich también hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad, citando un reciente operativo conjunto en 538 puntos del país que resultó en el secuestro de 1800 kilos de droga y la detención de 70 personas, 17 de ellas con pedido de captura. Este operativo, según la exministra, es solo un ejemplo del trabajo continuo y coordinado que lleva a cabo el gobierno en la materia.
Las diferentes visiones de la seguridad y el contexto político
Las diferencias entre Bullrich y Juez trascienden este evento particular. Reflejan una divergencia de enfoques en materia de seguridad y un contexto político complejo. Juez, si bien apoya la gestión libertaria de Javier Milei, ha expresado públicamente ciertas diferencias ideológicas con algunos de los lineamientos de la gestión. Para él, la iniciativa de la Prefectura en Embalse parece una medida simbólica sin el impacto real que, a su juicio, se necesita en la lucha contra el narcotráfico.
Bullrich, por su parte, defiende una estrategia integral que combina la acción en distintos frentes. Su referencia a operativos contra el narcotráfico y la coordinación entre fuerzas busca mostrar un panorama más amplio que contrasta con la crítica aislada de Juez hacia la llegada de la Prefectura a Embalse. El hecho de que el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cercano a ambos políticos, no haya intervenido abiertamente en la polémica, agrega complejidad a la situación.
La postura del gobernador Llaryora: la necesidad de colaboración
En contraste con la tensión entre Bullrich y Juez, el gobernador Martín Llaryora enfatizó la importancia de la colaboración entre fuerzas de seguridad, más allá de las diferencias partidarias. Consideró que enfrentar el narcotráfico y la inseguridad requiere de un trabajo conjunto, reconociendo el rol del Ministerio de Seguridad de la Nación en la coordinación de esfuerzos con la provincia.
Llaryora resaltó el trabajo conjunto con la Nación desde la llegada de Bullrich, indicando que esta colaboración permite una estrategia más efectiva en la lucha contra el narcotráfico y los diversos flagelos que afectan a Córdoba. Esta declaración representa un claro contraste con la postura de Juez, marcando una diferencia en la perspectiva política sobre el tema de la seguridad y el trabajo articulado entre la provincia y la Nación.
Más que una disputa, una expresión de diferencias políticas
El cruce entre Bullrich y Juez por la llegada de la Prefectura a Córdoba trasciende una simple controversia local. Se trata de una muestra palpable de las tensiones políticas que atraviesan el espectro político argentino, expresadas a través de la disyuntiva entre enfoques en materia de seguridad y la interpretación de las medidas de gobierno. La ausencia de mediación y la persistencia de las discrepancias sugieren que este episodio es solo un capítulo más de una disputa más profunda entre los exsocios políticos, con implicaciones para el escenario político cordobés y, posiblemente, para el nacional.
