Elena, una jubilada de 75 años, siente la helada del ajuste en sus huesos cada vez que va a comprar pan. Con lágrimas en los ojos, relata cómo su jubilación, antes digna, se ha reducido a la mínima expresión. ‘¿Es justo que después de toda una vida de trabajo, nos traten como basura?’, se pregunta con la voz quebrada. Su historia es el espejo de miles de jubilados que ven cómo el gobierno nacional, con la aparente complicidad del gobierno porteño, pisotea sus derechos y su dignidad.
En este contexto de creciente tensión social, la reciente decisión judicial en la Ciudad de Buenos Aires emerge como un faro de esperanza. Un fallo que no solo protege la autonomía de la ciudad, sino que también defiende el derecho a la protesta pacífica, frente a la amenaza constante de la represión federal. Pero, ¿es suficiente para frenar la embestida del gobierno nacional contra los más vulnerables?
Bullrich cercenada: ¿Defenderá Macri la Autonomía Porteña frente al ajuste?
La resolución del juez Andrés Gallardo es un misil a la línea de flotación del gobierno nacional, un claro mensaje de que la Ciudad de Buenos Aires no es un territorio a merced de las políticas de mano dura de Patricia Bullrich. Al ordenar que sea la Policía de la Ciudad quien asuma la seguridad en la marcha de jubilados y la CGT, el juez no solo defiende la autonomía porteña, sino que también recuerda que la Constitución Nacional aún tiene valor.
“La omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones constituye un abandono de poder y una cesión de la autonomía porteña”, sentenció el juez Gallardo, dejando al descubierto la preocupante inacción del gobierno de Jorge Macri.
¿Pero qué oscuros motivos se esconden detrás de la insistencia del gobierno nacional en controlar la seguridad de las protestas en la ciudad? ¿Acaso ven en cada manifestación una amenaza a la estabilidad del país? La respuesta, aunque no explícita, se intuye en cada accionar: un intento de criminalizar la protesta social, de sembrar el miedo y de silenciar las voces disidentes. Una estrategia que encuentra un freno en la valiente decisión judicial que busca proteger el derecho a manifestarse libremente, sin la intimidación de las fuerzas federales.
Jubilados en la mira: la marcha como detonante
La marcha de jubilados y la CGT, convocada para alzar la voz contra las políticas de ajuste que asfixian a los sectores más vulnerables, fue la chispa que encendió la mecha de esta decisión judicial. La sola idea de ver a jubilados, hombres y mujeres que dedicaron su vida a construir este país, siendo reprimidos por fuerzas federales, es una afrenta a la dignidad humana. Una imagen que la justicia porteña busca evitar, al garantizar que la seguridad de la manifestación esté en manos de la policía local, teóricamente más sensible a las necesidades de la comunidad.
No obstante, pecaríamos de ingenuos si creyéramos que esta decisión judicial es una victoria definitiva. La reacción del gobierno nacional y del propio gobierno porteño, que ha mostrado una alarmante pasividad ante la injerencia federal, es una incógnita que pende sobre el futuro de la autonomía porteña y del derecho a la protesta en Argentina. ¿Acatarán la orden judicial o buscarán artimañas legales para seguir imponiendo su política de mano dura?
¿Macri ausente? La inacción porteña bajo la lupa
La resolución de Gallardo no solo apuntó al gobierno nacional, sino que también desnudó la alarmante inacción de la administración de Jorge Macri. El juez fue lapidario al señalar la ‘omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones’, calificándola como un ‘abandono de poder’ y una ‘cesión de la autonomía porteña’. Palabras que resuenan como un grito de alerta ante la falta de liderazgo y la dejadez de funciones por parte del gobierno de la Ciudad.
Ante esta preocupante situación, una pregunta carcome la conciencia ciudadana: ¿por qué el gobierno de la Ciudad ha permitido, una y otra vez, que las fuerzas federales impongan su voluntad en territorio porteño? ¿Acaso existe un pacto secreto entre Macri y Bullrich para reprimir la protesta social? ¿O simplemente el gobierno porteño ha renunciado a su responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad?
Más allá de las especulaciones, la pasividad del gobierno porteño es inaceptable. No se puede tolerar que la autonomía de la Ciudad sea pisoteada, que los derechos de los ciudadanos sean vulnerados y que la seguridad quede en manos de fuerzas que parecen más interesadas en reprimir que en proteger. La justicia ha marcado un límite, pero la batalla por la autonomía y el derecho a la protesta continúa.
Es imperativo que el gobierno de la Ciudad asuma su responsabilidad y defienda con uñas y dientes los intereses de los porteños, en lugar de ceder sumisamente ante las presiones del gobierno nacional. El silencio cómplice no es una opción.
El Protocolo Antipiquetes: una amenaza latente
Como una sombra ominosa, el protocolo antipiquetes, impulsado con fervor por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se cierne sobre la Ciudad de Buenos Aires. Un protocolo que criminaliza la protesta social y habilita el uso desmedido de la fuerza pública, ha sido repudiado por innumerables organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Sin embargo, el gobierno nacional, en su cruzada represiva, insiste en su aplicación, buscando imponerlo incluso en aquellos territorios que, como la Ciudad de Buenos Aires, no han adherido formalmente.
La resolución del juez Gallardo se erige como un escudo frente a esta embestida, al recordar que la Ciudad de Buenos Aires no ha adherido al protocolo y que, por lo tanto, no puede ser aplicado en su territorio. No obstante, la amenaza persiste, latente, como una bomba a punto de estallar. El gobierno nacional podría intentar imponer el protocolo por otras vías, como la aprobación de leyes o decretos que vulneren la autonomía porteña. Un escenario que exige máxima alerta y movilización.
Ante esta encrucijada, es fundamental que la sociedad civil se movilice con determinación para defender el derecho a la protesta y rechazar con vehemencia el protocolo antipiquetes. No podemos permitir que se criminalice la protesta social, que se reprima la disidencia y que se silencien las voces que claman por un país más justo e igualitario. El futuro de la democracia está en juego.
¿Qué futuro nos espera?
La decisión de la justicia porteña es un oasis en medio del desierto, un respiro en la tormenta, pero no es una garantía absoluta de que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho a la protesta estén a salvo. El gobierno nacional ha demostrado con creces su férrea determinación de imponer su política de mano dura, y no dudará en utilizar todos los recursos a su alcance para lograrlo. La historia nos ha enseñado que la defensa de los derechos es una lucha constante, sin tregua.
Por lo tanto, es imperativo que la sociedad civil se mantenga vigilante y movilizada, dispuesta a defender sus derechos y a resistir cualquier intento de avasallamiento. La lucha por la autonomía y el derecho a la protesta es una lucha constante, que exige compromiso, organización y unidad. No podemos bajar los brazos, no podemos rendirnos ante la adversidad.
En definitiva, la decisión judicial en la Ciudad de Buenos Aires no es solo un fallo, sino un llamado a la acción. Un llamado a defender la autonomía, el derecho a la protesta y la democracia. Un llamado a construir un país donde la voz del pueblo sea escuchada y respetada, sin miedo a la represión y la criminalización. Un país donde Elena, y tantos otros jubilados, puedan vivir con la dignidad que se merecen. La pelota está en nuestra cancha.
