La Policía Federal de Brasil ha desmantelado una célula extremista compuesta principalmente por militares, que presuntamente planeaban el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir su investidura tras las elecciones de 2022. La operación, que ha resultado en la detención de cuatro militares y un policía, revela la persistencia de tensiones políticas en el país tras el periodo de Jair Bolsonaro.
Detenciones en el marco del G20
Los arrestos tuvieron lugar en Río de Janeiro, durante la cumbre del G20. Los sospechosos formaban parte del equipo de seguridad del evento, lo que indica un nivel preocupante de infiltración dentro de las fuerzas de seguridad brasileñas. Este hecho añade una capa de complejidad al caso y genera nuevas interrogantes sobre la estabilidad política del país.
De acuerdo a fuentes de la Policía Federal, el plan incluía el asesinato de Lula da Silva y también del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. La intención era claramente un golpe de estado para impedir el libre ejercicio del poder judicial y de la democracia.
Los métodos planeados
Según la investigación, se contemplaron diferentes métodos para la ejecución del plan. Para Lula y Alckmin, se consideraba el envenenamiento, aprovechando su vulnerabilidad de salud y visitas regulares a hospitales. Para el juez De Moraes, se evaluaron varias alternativas, incluyendo la detonación de un explosivo y el envenenamiento.
El documento de la Policía Federal detalla los riesgos involucrados, incluyendo daños colaterales y la posibilidad de que la operación fuera descubierta. A pesar de ello, el plan contaba con un detallado plan operativo y la intención de instalar un gabinete de crisis luego del golpe. Este detalle sugiere una organización significativa y planificación a largo plazo.
Un plan de golpe de estado
La investigación revela un plan más amplio para un golpe de Estado, cuya fase principal estaba prevista para noviembre y diciembre de 2022. La fecha específica apuntada para el asesinato de Lula da Silva y Alckmin era el 15 de diciembre, 45 días después de la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones. La polarización política durante las elecciones y la posterior reacción a la victoria de Lula dan contexto a este plan criminal.
Los sospechosos pertenecen a las fuerzas especiales, con alto entrenamiento en tácticas militares avanzadas. Esto representa una seria preocupación ya que sugiere la existencia de una red organizada dentro del ejército. Esta operación no se trató de un acto aislado de individuos radicalizados sino más bien una conspiración con un alcance potencialmente considerable.
Posibles cargos y contexto
Los implicados podrían enfrentar cargos por abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y organización criminal. La operación policial, bautizada como “Contragolpe”, incluye órdenes de prisión preventiva, allanamientos e incautaciones, y medidas cautelares adicionales, como la prohibición de salir del país.
Es importante recordar que este incidente sucede una semana después de un ataque fallido contra el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, donde un hombre murió al detonar explosivos artesanales. La policía está investigando posibles conexiones entre este ataque y los eventos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado. El Supremo Tribunal es frecuentemente criticado por los seguidores de Bolsonaro, quienes ven a jueces como Alexandre de Moraes como un adversario político.
Implicaciones para Brasil
La detención de estos militares y un policía destaca la fragilidad de la situación política en Brasil y la amenaza que representa la polarización extrema. El hecho de que el plan incluyera la eliminación física de figuras políticas clave y el derrocamiento del gobierno legítimamente elegido subraya la gravedad de la situación.
La investigación continúa y se espera que revele más detalles sobre la extensión de la conspiración y las posibles conexiones con otros grupos. Las implicaciones para la estabilidad política de Brasil son profundas, y el gobierno de Lula tendrá que lidiar con el reto de consolidar la democracia en medio de un panorama político fracturado y la presencia de elementos extremistas dentro de las fuerzas de seguridad.
El frustrado plan de asesinato y golpe de estado contra Lula da Silva revela una amenaza real a la democracia brasileña. La investigación deberá esclarecer la magnitud y alcance de la red extremista involucrada, y el gobierno deberá responder de manera contundente para fortalecer las instituciones democráticas y combatir la radicalización.
