La Policía Federal de Brasil ha imputado a Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por un supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022. La investigación, que duró casi dos años, concluye que existió una organización criminal que actuó de manera coordinada para intentar mantener a Bolsonaro en el poder.
Los cargos y los implicados
Los cargos contra Bolsonaro y los demás implicados incluyen “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”. Además del expresidente, la lista de imputados incluye a varios militares de alto rango, exministros y asesores de su gobierno. Entre los más destacados se encuentran el general Walter Braga Netto (exministro de Defensa), el general Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional), y Alexandre Ramagem (exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia). La investigación también menciona la participación de Fernando Cerimedo, un asesor argentino cercano al expresidente Javier Milei.
Detalles de la investigación
La investigación de la Policía Federal indica que Bolsonaro discutió un plan golpista con miembros de su gobierno y de las Fuerzas Armadas, incluso antes de las elecciones. Se identificaron al menos seis grupos con tareas específicas: desinformación y ataques al sistema electoral; incitación a militares; asesoramiento legal; acciones golpistas; inteligencia paralela; y medidas coercitivas. La policía recopiló evidencia a través de escuchas telefónicas, registros bancarios y fiscales, y la colaboración de testigos protegidos, entre otras medidas.
El asalto a los tres poderes y el plan de magnicidio
La investigación también conecta a los imputados con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. Además, se ha descubierto un plan para asesinar a Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, quien preside la investigación del intento de golpe. La Policía Federal ha detenido recientemente a varios militares y un agente policial implicados en este complot.
Reacciones y próximos pasos
Bolsonaro ha rechazado las acusaciones y ha criticado al juez Alexandre de Moraes, alegando que actúa fuera de la ley. El informe policial ha sido elevado al Supremo Tribunal Federal (STF), quien lo remitirá a la Fiscalía General de la República para que decida si presenta cargos formalmente. Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, ha pedido cárcel para Bolsonaro y los demás implicados, denunciando que intentaron un fraude electoral, asesinar autoridades e instaurar una dictadura.
El caso se encuentra ahora en manos del fiscal general Paulo Gonet, quien deberá decidir si se presenta una denuncia formal contra Bolsonaro y los demás implicados. Esta decisión tendrá importantes consecuencias políticas en Brasil, teniendo en cuenta que Bolsonaro planea postularse nuevamente a la presidencia en 2026, aunque actualmente está inhabilitado hasta 2030 por una condena por desinformación.
El proceso judicial contra Bolsonaro promete ser extenso y complejo, con implicaciones de gran alcance para la política brasileña y para la estabilidad democrática del país. La contundencia de las pruebas presentadas por la Policía Federal, la gravedad de las acusaciones y la naturaleza misma del delito hacen de este uno de los casos más relevantes de la historia reciente de Brasil.
