En una sorprendente y alarmante cesión, tres pueblos indígenas bolivianos han entregado 480 mil hectáreas de su territorio ancestral a una entidad virtualmente inexistente: los Estados Unidos de Kailasa. Esta entrega, disfrazada de un arrendamiento perpetuo, ha desatado una tormenta de controversia, exponiendo la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y la sospechosa inacción de las autoridades.
El Despojo: Territorio Indígena Entregado a una Fantasía
Las naciones Baure, Cayubaba y Esse Ejja, habitantes originarios de las regiones amazónicas de Beni y Pando, han firmado acuerdos bilaterales que comprometen una vasta extensión de su patrimonio a los Estados Unidos de Kailasa. A cambio, líderes comunitarios recibirían sumas que oscilan entre 28 mil y 108 mil dólares anuales, una compensación irrisoria en comparación con el valor incalculable de la tierra, su biodiversidad y los recursos naturales que alberga. Esta cesión, de carácter irrevocable, otorga derechos sobre el espacio aéreo y los recursos naturales, bienes que deberían estar bajo la protección inquebrantable del Estado boliviano.
Pero, ¿qué es exactamente Kailasa? No es un país reconocido por la comunidad internacional, no es un socio comercial legítimo, ni siquiera es una entidad tangible con presencia física real. Kailasa es, en esencia, una construcción virtual, un estado ficticio promovido por el controvertido autoproclamado dios hindú Swami Nithyananda, un individuo con un historial de acusaciones de violencia sexual y comportamiento fraudulento. ¿Cómo pudo este personaje, con su pasado turbio y sus promesas vacías, convencer a comunidades indígenas de ceder su patrimonio ancestral, un legado de generaciones, a cambio de espejismos de prosperidad y dádivas efímeras?
El Silencio Cómplice: Inacción Gubernamental y Conexiones Polémicas
La Constitución Política del Estado boliviano consagra el autogobierno indígena, pero también establece límites claros: la celebración de acuerdos internacionales es competencia exclusiva del Gobierno central. Este principio fundamental parece haber sido ignorado o soslayado. La Cancillería, en lugar de actuar con firmeza y transparencia, se ha limitado a emitir un comunicado oficial que se distancia de Kailasa, argumentando que no goza de reconocimiento internacional. ¿Es esta la respuesta que merecen los pueblos indígenas y la ciudadanía boliviana? ¿Un mero comunicado mientras 480 mil hectáreas de territorio nacional son entregadas a una entidad fantasma, poniendo en riesgo la soberanía y el futuro de la nación?
La inacción del gobierno se torna aún más sospechosa al revelarse que representantes de Kailasa compartieron un acto público con el propio presidente Luis Arce. Una fotografía del mandatario recibiendo un libro de manos de una integrante de este grupo durante la celebración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) plantea interrogantes inquietantes. ¿Qué tipo de relación, si es que existe alguna, vincula al gobierno con esta entidad carente de sustancia? ¿Se trata de una simple coincidencia protocolaria, o hay intereses ocultos y acuerdos secretos que deben ser investigados a fondo?
Además, han circulado imágenes del diputado opositor Herbert Taboada en compañía de representantes de Kailasa en su sede administrativa en Los Ángeles, Estados Unidos. Si bien esta reunión no implica necesariamente complicidad, sí sugiere una preocupante falta de criterio y diligencia por parte de figuras políticas que deberían estar defendiendo los intereses del país por encima de cualquier otra consideración. ¿Cómo es posible que individuos vinculados a un estado ficticio tengan acceso a funcionarios de alto nivel, tanto del gobierno como de la oposición, mientras comunidades indígenas son despojadas de su patrimonio territorial y cultural?
El antropólogo Gonzalo Vargas ha advertido que cualquier relación o proyecto de Kailasa con Bolivia debe establecerse a través de los canales diplomáticos oficiales, respetando la Constitución y las leyes del país. En este sentido, los acuerdos firmados por las comunidades indígenas podrían ser considerados nulos y constituir una violación de la soberanía nacional. Sin embargo, el gobierno guarda un silencio ensordecedor, alimentando la incertidumbre y la desconfianza. ¿Qué medidas concretas se tomarán para proteger el territorio nacional y a los pueblos indígenas que han sido víctimas de engaño y manipulación?
La Amenaza Invisible: Periodismo Perseguido y la Búsqueda de la Verdad
La periodista del periódico El Deber que ha investigado este escandaloso caso ha sido objeto de amenazas e intimidaciones. “Niña, no sabes con quién te has metido”, le advirtió un dirigente de la nación Baure que firmó el contrato de arrendamiento. Esta agresión verbal, seguida de disculpas poco convincentes, pone de manifiesto los peligros que enfrentan los periodistas que se atreven a denunciar tramas de corrupción y abuso de poder. ¿Dónde está la protección del Estado para los profesionales de la información que cumplen con su deber de investigar y revelar la verdad, sin importar quiénes sean los implicados?
Mientras tanto, las voces de los representantes de las poblaciones indígenas se alzan en contradicción, algunos afirmando que han desistido de los acuerdos, otros asegurando que siguen vigentes y que incluso emisarios de Kailasa ya han construido viviendas en los territorios cedidos. Esta confusión, exacerbada por la falta de información oficial y la opacidad de las negociaciones, agrava aún más la situación y sume a las comunidades indígenas en un limbo legal y moral, dejándolas expuestas a la manipulación y el engaño. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está protegiendo a estas comunidades vulnerables de la explotación y el despojo?
Bolivia en Venta: Un Llamado Urgente a la Resistencia
La única defensa que le queda a Bolivia para salvaguardar su soberanía es la Constitución Política del Estado, una carta magna que debe ser respetada y aplicada por todos los ciudadanos e instituciones. Sin embargo, hasta el momento, la respuesta del gobierno ha sido tibia y evasiva, generando incertidumbre y desconfianza. ¿Es este el destino que queremos para Bolivia? ¿Un país donde la tierra y los recursos naturales son entregados a entidades fantasma, donde la voz de los pueblos indígenas es silenciada y donde el gobierno prefiere mirar hacia otro lado, permitiendo que los depredadores se apoderen de nuestro patrimonio?
Es imperativo exigir respuestas claras y contundentes, demandar acciones concretas para proteger a los pueblos indígenas y defender la soberanía nacional. No podemos permitir que este atropello quede impune, que esta afrenta a la dignidad boliviana sea olvidada o minimizada. La inacción no es una opción, el silencio es complicidad. Bolivia merece más que esto, nosotros merecemos más que esto. Es hora de despertar la conciencia ciudadana y exigir un cambio radical. La ‘nación’ fantasma ha llegado demasiado lejos, y es nuestro deber detenerla, antes de que sea demasiado tarde. Contacta a tus representantes, únete a organizaciones de defensa de los derechos indígenas y difunde esta información. Juntos podemos hacer la diferencia. #BoliviaNoSeVende
