La situación política en Bolivia se ha intensificado con la imputación formal y la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Evo Morales por presunto abuso sexual de una menor en 2016. El Fiscal General, Roger Mariaca, anunció que solicitará seis meses de prisión preventiva una vez que se ejecute la orden de arresto contra Morales, quien se encuentra resistiendo a la justicia desde octubre pasado en su bastión político del Chapare. Este caso ha reavivado las tensiones políticas en el país y ha generado una fuerte controversia en torno a las acusaciones contra el exmandatario.
La Imputación y la Estrategia de Morales
La fiscal Sandra Gutiérrez formalizó la imputación contra Morales por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, argumentando que en 2016, cuando era presidente, tuvo una hija con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para sus padres. Morales, por su parte, ha denunciado una persecución política orquestada por su exaliado y actual presidente, Luis Arce, acusándolo de “lawfare” e incluso de intentar asesinarlo durante un operativo policial en el Chapare. El expresidente se ha mantenido atrincherado en esta región, rodeado de sus seguidores, quienes han impedido su detención hasta el momento.
El Chapare, una zona selvática controlada por federaciones de cocaleros leales a Morales, se ha convertido en un territorio inexpugnable para las fuerzas del orden. La fiscal Gutiérrez ha reconocido las dificultades para capturar al exmandatario debido a la “resistencia organizada y dificultades logísticas” en la región. A pesar de las garantías del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la capacidad de la policía para hacer cumplir la orden de arresto, la situación en el Chapare plantea serios desafíos para la justicia boliviana.
El Contexto Político y los Precedentes
Este caso se enmarca en una profunda crisis política en Bolivia, marcada por la división en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que llevó a Morales al poder en 2006. La rivalidad entre Morales y Arce ha escalado en los últimos meses, con acusaciones cruzadas de corrupción y persecución política. La reactivación de este caso contra Morales, que ya había sido investigado sin resultados en 2019, se produce en medio de esta pugna por el control del partido y del país.
El caso de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, quien fue arrestado en diciembre de 2022 tras meses de evadir a la justicia, se presenta como un precedente importante. Sin embargo, la situación de Morales es diferente debido al control territorial que ejerce en el Chapare y al apoyo incondicional de sus bases. La posibilidad de una intervención policial en esta región podría generar un estallido social con consecuencias impredecibles.
Las Pruebas y la Defensa de Morales
La supuesta víctima del abuso, junto con su madre, se encuentra en paradero desconocido, lo que dificulta la investigación. La principal prueba en la que se basa la fiscalía es un certificado de nacimiento de una niña, supuestamente firmado por Morales y la madre menor de edad en 2017. El expresidente no ha negado ni confirmado la autenticidad del documento, limitándose a denunciar la persecución política en su contra. La fiscalía también argumenta que la madre de la joven recibió cargos en el Estado durante el gobierno de Morales, lo que podría constituir un indicio de tráfico de influencias.
Los antecedentes de Morales, quien ha sido objeto de denuncias informales por mantener relaciones con mujeres jóvenes cercanas a la mayoría de edad, también son considerados por la fiscalía como elementos circunstanciales en el caso. Sin embargo, la falta de una denuncia formal por parte de la víctima y la ausencia de pruebas concluyentes dificultan la construcción de un caso sólido contra el exmandatario.
El Futuro del Caso y sus Implicaciones
El futuro del caso de Evo Morales es incierto. La orden de arresto sigue vigente, pero su ejecución se ve obstaculizada por la resistencia en el Chapare. La justicia boliviana se enfrenta a un dilema: cómo hacer cumplir la ley sin provocar un conflicto social de gran envergadura. Este caso no solo definirá el futuro judicial de Morales, sino que también tendrá un impacto profundo en la ya convulsionada política boliviana.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posibilidad de que las acusaciones contra Morales sean utilizadas con fines políticos. La resolución de este caso será crucial para la estabilidad democrática del país y para el futuro del MAS, el partido que ha dominado la escena política boliviana durante casi dos décadas.
