Ante la creciente escasez de aceite comestible y la especulación en los precios que afecta a los consumidores bolivianos, el Gobierno nacional ha tomado medidas drásticas para garantizar el abastecimiento interno y frenar las prácticas abusivas. La suspensión temporal de las exportaciones de aceite, anunciada por el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, busca estabilizar el mercado y asegurar que las familias tengan acceso a este producto esencial a precios justos. Esta decisión se complementa con operativos de control en mercados y la promesa de sanciones severas para quienes acaparen o especulen con el aceite.
Escasez y especulación: un problema que golpea a los bolivianos
La escasez de aceite comestible en Bolivia se ha convertido en un problema recurrente que afecta directamente la economía familiar. En los últimos meses, se han reportado faltantes del producto en diferentes regiones del país, lo que ha generado preocupación e incertidumbre entre los consumidores. Esta situación se ha visto agravada por la especulación en los precios, con comerciantes que aprovechan la escasez para vender el aceite a precios exorbitantes, muy por encima de los valores regulados.
Las amas de casa, principales afectadas por esta problemática, han denunciado que en algunos mercados el litro de aceite a granel se llega a ofrecer hasta en 20 bolivianos, cuando su precio debería oscilar entre 11 y 13 bolivianos. Esta situación genera un impacto significativo en el presupuesto familiar, especialmente en los hogares de menores recursos, que destinan una parte importante de sus ingresos a la compra de alimentos básicos.
Operativos de control para frenar la especulación
Para combatir la especulación y el agio, la Intendencia Municipal de Max Paredes, en coordinación con el Viceministerio de Defensa del Consumidor y la Policía Boliviana, ha intensificado los operativos de control en mercados y comercios. En una reciente intervención en Alto Tejar, se detectaron cuatro establecimientos que vendían aceite a precios elevados y con medidas menores a las establecidas, engañando a los consumidores.
“Hemos encontrado a cuatro actividades económicas que vendían el litro de aceite a precios elevados y con una medida menor a la que corresponde. La gente pagaba por 500 ml. (medio litro) 10 bolivianos, pero le daban sólo 400 ml”, denunció la intendenta del macrodistrito Max Paredes, Karina Oblitas. Además, se hallaron comercios que ocultaban turriles de aceite a granel para generar una falsa escasez y aumentar los precios.
Como resultado de estos operativos, se obligó a los comerciantes a vender el aceite a precio justo y con la medida exacta, garantizando así que los consumidores no sean víctimas de abusos. La Intendencia anunció que este tipo de controles se realizarán con mayor frecuencia para proteger los derechos de la población.
Suspensión de exportaciones: una medida para proteger el mercado interno
Ante la persistencia de la escasez y la especulación, el Gobierno boliviano ha decidido suspender temporalmente las exportaciones de aceite comestible. Esta medida, que busca priorizar el abastecimiento del mercado interno, estará vigente hasta que se normalice la situación y se garantice la venta a precios justos.
El ministro Huanca explicó que, si bien las industrias aceiteras aseguran tener suficiente producción para cubrir la demanda interna y externa, existen irregularidades en la cadena de comercialización que impiden que el producto llegue a los consumidores en la cantidad y precio adecuados. “El Gobierno nacional, preservando la seguridad alimentaria y pensando en la economía de nuestras familias, (…) ha determinado suspender las exportaciones de manera temporal”, afirmó Huanca.
Datos oficiales indican que, si bien la demanda interna de aceite para este año es de 88.900 toneladas, solo se han comercializado 75.900 toneladas en el mercado local. En contraste, se han exportado 328.609 toneladas, lo que sugiere que una parte importante de la producción se destina al mercado externo, en detrimento del abastecimiento interno. A pesar de que las industrias cuentan con un stock de más de 39.000 toneladas, el Gobierno ha detectado fallas en la distribución a los centros de abasto, lo que ha provocado la escasez y el alza de precios.
La medida de suspender las exportaciones ha generado debate entre los diferentes actores involucrados. Mientras que el Gobierno defiende la decisión como necesaria para proteger a los consumidores, algunos sectores empresariales expresan preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la economía del sector oleaginoso, que depende en gran medida de las exportaciones. Sin embargo, el Ejecutivo ha reiterado que su prioridad es garantizar el acceso de la población al aceite comestible a precios justos.
Contrabando: un factor que agrava la escasez
Además de la especulación interna, el contrabando de aceite hacia países vecinos es otro factor que contribuye a la escasez del producto en Bolivia. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció que algunos mayoristas podrían estar ocultando el aceite para luego venderlo ilegalmente en el exterior, donde se obtienen mayores ganancias debido a la diferencia de precios. Para combatir esta práctica ilegal, el Gobierno ha anunciado el refuerzo de los controles fronterizos y la aplicación de sanciones para quienes se dediquen al contrabando.
Se han identificado a 2.000 personas sospechosas de participar en estas actividades ilícitas, quienes deberán justificar el destino de las compras de aceite realizadas, bajo riesgo de ser acusadas de agio, especulación o contrabando. “Cada comprador está registrado con nombre, cédula, factura y cantidad adquirida. No permitiremos abusos contra el pueblo”, enfatizó Silva.
En definitiva, la escasez de aceite en Bolivia es un problema complejo con múltiples causas que el Gobierno intenta abordar con un conjunto de medidas que incluyen la suspensión de exportaciones, el refuerzo de los controles en mercados y fronteras, y la aplicación de sanciones a quienes especulen o acaparen el producto. El objetivo final es garantizar el abastecimiento interno y proteger a los consumidores de los abusos en los precios, asegurando el acceso a un producto esencial para la alimentación de las familias bolivianas.
