Bolivia se enfrenta a una encrucijada crucial en su camino democrático. Este domingo, los ciudadanos bolivianos fueron llamados a las urnas para elegir a los magistrados de las altas cortes judiciales del país: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, esta cita electoral, que debería ser un pilar fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho, se ha visto empañada por la apatía ciudadana, la polémica en torno al sistema de selección de candidatos y la creciente incertidumbre política que atraviesa el país.
La sombra de la apatía ciudadana
Uno de los aspectos más preocupantes de estas elecciones judiciales es la marcada apatía que se percibe en la sociedad boliviana. El desinterés por conocer a los candidatos, la falta de información sobre sus propuestas y la complejidad del sistema de votación han generado un clima de indiferencia generalizada. Esta situación se refleja en los altos porcentajes de votos nulos y blancos registrados en las dos elecciones judiciales anteriores, en 2011 y 2017, que superaron el 50% y el 60%, respectivamente.
Diversos factores contribuyen a esta apatía. La falta de transparencia en el proceso de selección de candidatos, a cargo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), ha generado desconfianza en la imparcialidad del proceso. Además, la prohibición de que los candidatos realicen campañas electorales tradicionales ha limitado su capacidad para dar a conocer sus propuestas y conectar con el electorado.
Esta desconexión entre la ciudadanía y el sistema judicial no es un fenómeno nuevo en Bolivia. La justicia en el país ha sido históricamente objeto de críticas por su falta de independencia, la corrupción y la ineficiencia. La percepción de que los tribunales están politizados y responden a intereses particulares, más que al Estado de Derecho, ha erosionado la confianza de la población en la capacidad del sistema para impartir justicia de manera imparcial.
El sistema de elección en tela de juicio
El peculiar sistema de elección de jueces por voto popular en Bolivia, único en la región, ha sido objeto de debate desde su implementación en la Constitución de 2009. Si bien se buscaba dotar de mayor legitimidad a las altas cortes, en la práctica, el sistema ha generado una serie de problemas que ponen en entredicho su eficacia.
La preselección de candidatos por parte de la Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene mayoría, ha sido criticada por la falta de transparencia y la influencia política en la selección. A esto se suma la prohibición de hacer campaña, lo que dificulta que los votantes conozcan a los candidatos. El resultado es una elección con un alto grado de desconocimiento por parte del electorado que termina votando por figuras desconocidas o anulando su voto.
- Falta de transparencia en la preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa.
- Prohibición de campañas electorales que limita el conocimiento del electorado sobre los candidatos.
- Complejidad de las papeletas de votación y la cantidad de cargos a elegir.
- Desconfianza generalizada en el sistema judicial y su independencia.
Incertidumbre política y el rol del Tribunal Constitucional
Las elecciones judiciales se desarrollan en un contexto de profunda incertidumbre política en Bolivia. La fractura interna en el MAS, entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce, ha generado una polarización que se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el sistema judicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en particular, ha sido protagonista de decisiones controvertidas que han profundizado esta división.
La inhabilitación de Evo Morales como candidato en las elecciones de 2025, por decisión del Tribunal Constitucional, es un ejemplo claro de cómo la justicia se ha convertido en un actor clave en la disputa política. Esta decisión, cuestionada por la oposición y por el propio Morales, quien la calificó como un “golpe judicial”, ha generado un clima de tensión y desconfianza en la imparcialidad del sistema.
Las elecciones judiciales de este año son cruciales para el futuro de Bolivia. La renovación de las altas cortes ofrece una oportunidad para fortalecer la independencia judicial, mejorar el acceso a la justicia y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema. Sin embargo, la apatía, la polémica y la incertidumbre política que rodean este proceso electoral plantean serios desafíos para la consolidación de la democracia en el país. El resultado de estas elecciones no solo definirá la composición de los tribunales, sino que también tendrá un impacto significativo en el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
El desafío de construir una justicia independiente
Para superar la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema judicial boliviano, es fundamental abordar las deficiencias estructurales que lo aquejan. La reforma del sistema de selección de candidatos, garantizando la transparencia y la meritocracia, es un paso esencial. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas de los magistrados, para asegurar que actúen con independencia e imparcialidad.
La educación cívica y la promoción de la participación ciudadana son igualmente importantes. Es necesario que la población comprenda el rol fundamental del sistema judicial en una democracia y que se involucre activamente en la elección de sus magistrados. Solo a través de un compromiso conjunto entre la sociedad civil, las instituciones del Estado y los actores políticos se podrá construir una justicia independiente y eficiente que garantice el Estado de Derecho en Bolivia.
