Un reciente allanamiento realizado por la Policía Federal en un edificio cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo ha destapado un escándalo que involucra un boliche clandestino, actividades políticas partidarias y un presunto desvío de fondos públicos. El inmueble, ubicado en Rivadavia al 2700, fue otorgado en 2018 por el Ministerio de Justicia con el propósito de ser utilizado con fines educativos. Sin embargo, la realidad encontrada dista mucho de esa intención.
El hallazgo: Un boliche clandestino y un “búnker político”
Según declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, el edificio se había convertido en un boliche clandestino completamente equipado: parlantes, luces, barras, bebidas alcohólicas, todo en un despliegue sorprendente, incluyendo juegos de dardos. Las imágenes del lugar corroboran este impactante hallazgo.
Pero la sorpresa no terminó allí. El Ministerio de Justicia, en un comunicado oficial, informó sobre la presentación de una denuncia penal por el “uso clandestino e irregular” del inmueble. El comunicado subraya la flagrante violación del propósito original: un centro educativo convertido en un espacio para actividades políticas y otras prácticas ilegales.
Declaraciones oficiales y la denuncia penal
El comunicado del Ministerio de Justicia señala que, además del boliche clandestino, el edificio albergaba a “ocupas” y funcionaba como un “búnker político”, indicando un evidente deterioro del edificio más allá de la función ilegal que se le había dado. El comunicado es enfático al describir el grave estado de abandono y deterioro del inmueble.
El Ministerio agrega un dato crucial: en 2023, se destinaron 4500 millones de pesos (valor actual) a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sin que se registrara la matriculación de un solo alumno. Esto se convierte en el eje central de la denuncia, señalando un posible desvío de fondos públicos hacia actividades ajenas al propósito educativo para el que se asignaron.
Detalles del allanamiento: ocupas y organizaciones políticas
Adorni, en su conferencia de prensa, detalló la ocupación del edificio: en el tercer piso vivía una familia, mientras que los dos primeros pisos estaban ocupados por distintas organizaciones. Entre ellas se encontraba una sede del Partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.), ligado a Luis D’Elía, donde se encontraron banners con la consigna “Vamos a volver” junto a una imagen de la expresidenta Cristina Kirchner.
Además, se identificaron otras dos organizaciones: la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), que operaba sólo tres horas diarias, y la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina, cuyo funcionamiento no fue especificado. Estas revelaciones refuerzan la idea de que el inmueble fue utilizado para propósitos diferentes a los oficialmente declarados.
Reacciones y consecuencias del escándalo
Las reacciones ante este hallazgo fueron inmediatas. El vocero presidencial sentenció que la situación representa una “grave desviación” y una falta de respeto hacia los contribuyentes argentinos. El inmueble será recuperado y puesto a la venta, y los responsables serán llevados ante la justicia.
El escándalo involucra múltiples aspectos: el desvío de fondos públicos, el uso ilegal del inmueble, las ocupaciones irregulares y las actividades políticas partidarias desarrolladas en un edificio destinado a la educación. Las consecuencias legales y políticas de este caso aún están por verse.
La imagen muestra una de las salas del inmueble, transformadas en lo que se identifica como parte del boliche clandestino.
Análisis y preguntas
Este caso deja varias interrogantes. ¿Cómo se permitió el uso ilegal del inmueble durante tanto tiempo? ¿Quiénes son los responsables del desvío de fondos y las actividades ilegales? ¿Qué medidas se tomarán para evitar situaciones similares en el futuro?
Las investigaciones en curso buscarán responder a estas preguntas. Mientras tanto, el escándalo arroja luz sobre el posible mal uso de recursos públicos y la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración de los fondos destinados a proyectos educativos y sociales.
