La Cámara Federal porteña agravó la acusación contra Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, sumando a los cargos de administración fraudulenta los delitos de amenazas coactivas y extorsión. Esta decisión judicial, tomada este jueves, podría implicar una pena de hasta 15 años de prisión para Belliboni y otros dirigentes si se les encuentra culpables.
Agravación de Cargos y Acusaciones
La Sala I de la Cámara Federal, compuesta por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó los procesamientos previos, pero amplió significativamente la imputación. Originalmente investigados por administración fraudulenta por el uso de fondos públicos destinados a planes sociales, ahora también enfrentan acusaciones por extorsión y amenazas, basadas en denuncias sobre la exigencia de asistencia a marchas y el pago de un porcentaje de los subsidios recibidos como condición para mantener el acceso a los beneficios del programa “Potenciar Trabajo”.
La decisión judicial enfatiza que la dirección del Polo Obrero se benefició de una “posición dominante” para forzar el aporte económico a personas vulnerables que dependían de los planes sociales. Según los jueces, este esquema no se limitó a los empleados de los comedores o referentes locales; la estructura jerárquica del movimiento social habría centralizado la recaudación del dinero y lo destinó a financiar actividades partidarias.
Detalles de la Investigación
La investigación se inició el 20 de diciembre tras la habilitación de una línea de denuncia anónima por parte del Ministerio de Seguridad. La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, se centró en denuncias de la Ciudad de Buenos Aires, identificando patrones de irregularidades en la administración de fondos del programa “Potenciar Trabajo” por parte del Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. El análisis de facturas, allanamientos, y el testimonio de colaboradores clave mostraron el supuesto desvío de fondos y el empleo de métodos de intimidación.
El juez Sebastián Casanello había procesado inicialmente a Belliboni y a otros dirigentes por administración fraudulenta. Sin embargo, la fiscalía apeló argumentando que la extorsión y las amenazas debían imputarse también a los líderes de la organización, una afirmación respaldada posteriormente por la Cámara Federal. El tribunal consideró que exigir la asistencia a movilizaciones como condición para percibir el beneficio del plan estatal constituye amenazas coactivas y el cobro de un porcentaje de los ingresos es extorsión.
Estructura Jerárquica y Responsabilidades
La Cámara Federal describió una jerarquía en la estructura del Polo Obrero, con Eduardo Belliboni encabezando la toma de decisiones y estableciendo directivas sobre la participación obligatoria en movilizaciones y el pago de las denominadas ‘cápitas’. Esta recaudación, llevada a cabo por referentes nacionales y locales, era luego depositada en cuentas bancarias de la organización. Los jueces destacaron que si bien no hay evidencia, al menos de momento, de enriquecimiento ilícito de Belliboni y otros dirigentes, la gestión fraudulenta se habría utilizado con el objetivo de solventar actividades del Polo Obrero.
La Cámara rechazó los argumentos de la defensa, quienes alegaron falta de conocimientos técnicos, desconocimiento del desvío de fondos, y la extrema vulnerabilidad de los acusados. El tribunal enfatizó el conocimiento consciente de la alteración de los objetivos del programa y la participación activa de los acusados en la simulación de una contraprestación laboral con fines sociales, incluso bajo amenaza de perder los planes sociales para los beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad.
Reacciones y Apelación
La defensa de Belliboni y otros dirigentes procesados anunciaron la presentación de una apelación contra la decisión de la Cámara Federal, alegando arbitrariedades e incorrecta aplicación de la ley. Argumentan que no hubo perjuicio a las arcas del Estado, afirmando que la acusación se sustenta en un “proceso altamente mediático y estigmatizante”, y denunciando falta de acceso total a las pruebas, particularmente las declaraciones de los testigos de identidad reservada. La Cámara rechazó estos argumentos, sosteniendo que no se violó el derecho a la defensa.
El Ministerio de Capital Humano, junto a la Oficina Anticorrupción, que presentaron las denuncias, consideran esta resolución judicial como un paso importante en la lucha contra la corrupción en la administración de fondos públicos destinados a la asistencia social. A futuro, se espera que la investigación esclarezca la cantidad de víctimas de las prácticas descritas y procure reparar el daño a través de la devolución de las sumas extorsionadas.
La decisión de la Cámara Federal profundiza la investigación y eleva el riesgo penal para Belliboni y otros miembros del Polo Obrero, elevando las apuestas en torno al uso de fondos públicos en programas de asistencia social y el alcance del control estatal sobre la gestión de los mismos. El caso plantea interrogantes sobre las prácticas de ciertas organizaciones sociales y el delicado equilibrio entre la defensa de los intereses colectivos y el uso adecuado de recursos públicos.
