Un conflicto entre sindicatos de seguridad amenaza con cancelar los esperados recitales de Los Piojos en La Plata, generando una tensa situación que involucra a barras bravas, negociaciones millonarias y la intervención del Estado.
El origen del conflicto: una disputa salarial con tintes mafiosos
La disputa se centra en el sindicato encargado de la seguridad de los siete recitales que marcarán el regreso de la banda luego de 15 años de ausencia. Miguel Tobar, delegado de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y reconocido barrabrava de Estudiantes de La Plata, reclama un salario de $36.000 por 8 horas para los trabajadores de su sindicato.
Sin embargo, la amenaza de Tobar no se basa solo en cuestiones salariales. Detrás de su reclamo se esconde una lucha de poder entre UPSRA y SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina), el sindicato elegido por la productora del show, 300 Producciones. Tobar acusa a SUTCAPRA de falta de personería para eventos deportivos y denuncia que 300 Producciones busca abaratar costos pagando a los trabajadores de SUTCAPRA $26.500 por 8 horas, calificándolo de “complicidad, corrupción y negreada”.
Miguel Tobar: un barrabrava en el sindicalismo
Miguel Tobar no es un dirigente sindical común. Su pasado está intrínsicamente ligado a la barrabrava de Estudiantes de La Plata, “Los Leales”, de la cual ha formado parte junto a su hermano Iván durante 15 años. Sus antecedentes penales incluyen una condena por asesinato y otra por triple homicidio de policías, aunque este último cargo fue posteriormente sobreseído.
Tras su liberación en 2023, Tobar incursionó en el sindicalismo, aprovechando sus conexiones con la barra de Estudiantes y la UOCRA local. Esta trayectoria inusual le ha otorgado un poder considerable, permitiendo que amenace con cancelar los recitales de Los Piojos si no se contrata a los trabajadores de su sindicato.
El negocio detrás de la seguridad en un mega recital
Con 700 patovicas por show y un salario de al menos $40.000 por persona, el negocio de la seguridad para los recitales es multimillonario. Se estima una caja total de 200 millones de pesos solo en salarios, sin contar otros aspectos del negocio. Esto explica el interés de Tobar y la envergadura del conflicto.
La situación es especialmente delicada en el Estadio Único de La Plata, ya que a diferencia de otros estadios, no existen acuerdos preestablecidos con barras bravas para la concesión de entradas o puestos de comida y bebida. Este contexto permite a Tobar una mayor capacidad de influencia.
Respuestas desde la producción y el gobierno
La productora 300 Producciones se defiende argumentando que ha contratado a empresas de seguridad certificadas y que el problema es de encuadramiento sindical. Niegan estar involucrados en prácticas corruptas y afirman que los recitales seguirán según lo planeado, lo cual también es la posición del gobierno provincial.
Sin embargo, las negociaciones hasta ahora han sido infructuosas, y una nueva reunión está programada para el jueves. Tobar ya ha anunciado un paro con movilización al estadio el día del primer recital (14 de diciembre) si no llega a un acuerdo. La amenaza es real, y la situación podría escalar fácilmente.
El poder de las barras y las consecuencias
El conflicto refleja el preocupante poder de las barras bravas en Argentina, su capacidad de intervenir en negocios lucrativos y su influencia en la política y el sindicalismo. La amenaza de Tobar pone en evidencia la vulnerabilidad de los eventos masivos ante la falta de resolución firme del conflicto.
El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad, deberá actuar con rapidez y contundencia para evitar consecuencias negativas, que van desde la cancelación de los recitales, hasta posibles actos de violencia o desmanes por parte de las barras bravas si no se resuelve la situación a su favor.
El futuro de los recitales: incertidumbre y tensiones
La incertidumbre sobre el futuro de los recitales de Los Piojos en La Plata se mantiene. El desenlace del conflicto depende de la capacidad de las autoridades para mediar y controlar la situación, así como de la voluntad de los involucrados en encontrar una solución.
La historia pone en evidencia una problemática mayor que va más allá de un simple conflicto gremial, un asunto donde las alianzas entre barras y sindicatos generan un clima de intimidación y corrupción en varios sectores clave.
