En el corazón de Bariloche, donde la belleza natural choca con la dura realidad de un conflicto territorial, la comunidad mapuche Buenuleo y el empresario Emilio Friedrich protagonizan una disputa que va más allá de la posesión de tierras. Tras la reciente liberación de un camino vecinal que la comunidad mantenía bloqueado, las tensiones han estallado, con denuncias de desalojo brutal y un debate encendido sobre derechos ancestrales, propiedad privada y la inacción del Estado. Este artículo desentraña los hechos, las acusaciones cruzadas y el complejo entramado de un conflicto con raíces profundas.
Desalojo en Bariloche: Cronología de una jornada tensa
El martes, un operativo conjunto de la policía y el municipio de Bariloche culminó con la liberación del camino vecinal que la comunidad Buenuleo mantenía bloqueado y la restitución de 92 hectáreas a Emilio Friedrich. La comunidad denuncia brutalidad policial y falta de notificación. ¿Qué ocurrió realmente?
La versión de la comunidad Buenuleo: Denuncia de desalojo violento
Natalia, integrante de la comunidad Buenuleo, relata que no fueron notificados del operativo y que la tranquera que bloqueaba el camino fue retirada de manera violenta, desconociéndose su paradero actual. “Fue un acto de violencia injustificada y complicidad entre el municipio y el empresario”, afirma.
“Irumpieron en la zona, retirando el portón de acceso al predio sin identificarse ni presentar una orden judicial clara. Hubo hostigamiento constante”, denuncia Auka, presente durante el operativo.
La comunidad insiste en que el camino se encuentra dentro de su territorio ancestral y es vital para la recolección de leña, negando su uso vecinal. Argumentan que Friedrich debe solicitar una servidumbre de paso por la vía civil.
Más allá de la tierra, la comunidad defiende el arroyo Ñireco, fuente de agua para un cuarto de Bariloche, temiendo que las actividades de Friedrich pongan en riesgo su calidad y el equilibrio ecológico.
La perspectiva de la Justicia: Cumplimiento de una orden judicial
La Justicia justifica el operativo como el cumplimiento de una orden judicial para garantizar el acceso de Emilio Friedrich a sus 92 hectáreas, restituidas tras un juicio por usurpación contra miembros de la comunidad Buenuleo.
“El camino bloqueado figura como camino público en los registros catastrales y su obstrucción constituye un delito”, asegura Betiana Cendón, fiscal jefe de Bariloche, justificando la remoción de la tranquera.
El abogado querellante, Alejandro Pshunder, critica la actitud de la comunidad Buenuleo: “Tras acatar la orden de desalojo del predio principal, intentaron impedir el acceso de Friedrich a sus tierras bloqueando el camino vecinal”. Anuncia nuevas acciones legales para lograr el desalojo definitivo de la comunidad.
El Conflicto de Fondo: Derechos Ancestrales vs. Propiedad Privada
El caso Buenuleo-Friedrich es un eslabón más en la larga cadena de disputas territoriales en la Patagonia. Comunidades mapuches reivindican derechos ancestrales sobre tierras que consideran propias, mientras empresarios y propietarios defienden su derecho a la propiedad y al desarrollo económico. La controversia escala con la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyas decisiones, como el reconocimiento de tierras a la comunidad, han sido objeto de debate y posterior anulación.
¿Conflicto sin solución? El rol del Estado y posibles escenarios
Ante la creciente tensión, el Estado debe asumir un rol protagónico en la búsqueda de una solución pacífica y justa, que no se limite al cumplimiento de órdenes judiciales, sino que promueva el diálogo intercultural y la mediación.
Es imperativo implementar políticas públicas que protejan los derechos de las comunidades indígenas, garanticen la seguridad jurídica de la propiedad privada y fomenten el desarrollo sostenible de la región. Un abordaje integral que involucre a todos los actores, desde los gobiernos nacional, provincial y municipal hasta los sectores sociales y económicos.
La situación en Bariloche es un espejo de los conflictos territoriales que atraviesan Argentina, exigiendo una respuesta seria y responsable. La búsqueda de soluciones justas y duraderas es un imperativo ético y político que no admite dilaciones.
Este conflicto nos interpela como sociedad, invitándonos a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre el Estado, los pueblos originarios y el resto de la ciudadanía. Promover el diálogo, el respeto a la diversidad y la búsqueda de consensos es el camino para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde la historia y la cultura de cada pueblo sean reconocidas y valoradas.
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