A partir de enero de 2025, una nueva ley de transparencia en Estados Unidos podría poner bajo la lupa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a los argentinos que tengan participación societaria en empresas estadounidenses. Esta legislación, impulsada por la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), busca combatir el lavado de dinero obligando a los bancos a revelar la identidad de los beneficiarios finales de millones de empresas.
Transparencia financiera: ¿Un arma de doble filo?
Si bien el objetivo principal de la ley no es fiscal, la información recabada podría ser utilizada por ARCA para identificar a argentinos con empresas en EEUU y, en caso de sospechas, solicitar información detallada a la IRS (Internal Revenue Service), la agencia tributaria estadounidense. Esto se haría a través de un acuerdo de intercambio de información a pedido, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri.
Este acuerdo permite a ARCA solicitar información específica sobre contribuyentes argentinos si existen indicios de evasión fiscal o lavado de activos. La nueva ley de transparencia facilita este proceso al proporcionar datos sobre los verdaderos dueños de las empresas, lo que dificulta ocultar la identidad de los beneficiarios finales.
¿Quiénes están en la mira?
La ley se centra en los beneficiarios finales, es decir, las personas que controlan o se benefician económicamente de una empresa, aunque no figuren como propietarios directos. Esto incluye a quienes poseen una participación significativa en el capital accionario o tienen poder de decisión sobre las operaciones de la compañía.
Es importante destacar que esta legislación no afecta a los argentinos que simplemente tengan cuentas bancarias personales en EEUU, ya que ese tipo de información ya se intercambia automáticamente entre ambos países gracias a un convenio vigente. El foco está puesto en quienes poseen empresas o participan en sociedades en territorio estadounidense.
Un futuro incierto
El futuro de esta ley es incierto. El Juez Federal Amos L. Mazzant III emitió un interdicto preliminar que bloquea temporalmente su aplicación a nivel nacional. Esto significa que las empresas no están obligadas a reportar la información sobre sus beneficiarios finales por el momento. Sin embargo, este fallo no es definitivo y la situación podría cambiar en los próximos meses.
Según Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, la transparencia en la propiedad de las empresas es crucial para prevenir el lavado de activos y garantizar la equidad tributaria. Si bien la ley está en suspenso, la discusión sobre la necesidad de mayor transparencia financiera a nivel global continúa.
¿Blanqueo en Argentina: Una solución a medias?
En el contexto del reciente blanqueo de capitales impulsado por el gobierno argentino, se declararon casi 5000 cuentas en el exterior, incluyendo algunas en Estados Unidos, Suiza y Uruguay. Si bien esta medida podría permitir a algunos contribuyentes regularizar su situación fiscal, no está claro cuántas de estas cuentas corresponden a beneficiarios finales de empresas en EEUU.
Es probable que muchos argentinos con participación en empresas estadounidenses no se hayan acogido al blanqueo, ya sea por desconocimiento de la ley o por temor a las consecuencias legales. Si la ley de transparencia finalmente entra en vigor, estos individuos podrían enfrentar un mayor escrutinio por parte de ARCA.
La incertidumbre legal y la posibilidad de una mayor fiscalización generan preocupación entre los argentinos con intereses económicos en EEUU. Es fundamental mantenerse informado sobre la evolución de esta legislación y buscar asesoramiento profesional para comprender las implicaciones fiscales y legales.
En resumen, la nueva ley de transparencia financiera en EEUU y el acuerdo de intercambio de información con Argentina plantean un nuevo escenario para los argentinos con empresas en ese país. La posibilidad de un mayor escrutinio por parte de ARCA exige una mayor atención a las implicaciones fiscales y la búsqueda de asesoramiento profesional para evitar posibles problemas legales.