La autopsia realizada al cuerpo de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en Brinkmann, Córdoba, confirmó la sospecha de los investigadores: la menor fue abusada sexualmente por su padrastro, Matías Ezequiel Simeone, y un amigo de éste, Cristian Hernán Varela, antes de ser asesinada. Este hallazgo crucial ha llevado a una modificación significativa en la imputación de ambos sospechosos.
Agravamiento de las imputaciones
Inicialmente imputados por homicidio simple, luego agravado por el vínculo, Simeone y Varela ahora enfrentan cargos de homicidio criminis causa. Este delito, más grave, implica un asesinato cometido para ocultar un delito previo, en este caso, el abuso sexual. La evidencia genética masculina encontrada en el cuerpo de Aralí proporcionó la prueba irrefutable que faltaba para sustentar esta acusación.
La fiscalía, a cargo inicialmente de Oscar Gieco, tomó esta decisión en base al informe forense. El hallazgo de material genético masculino confirmó lo que ya se sospechaba, elevando la pena que ambos podrían afrontar a prisión perpetua.
Evidencia adicional
Además de la evidencia crucial de la autopsia, la investigación cuenta con registros de llamadas telefónicas entre Simeone y Varela, que intercambiaron numerosas comunicaciones en las horas previas y posteriores al crimen. Estos registros ayudan a reconstruir la secuencia de los hechos y fortalecen las acusaciones en su contra.
Testimonios de vecinos y familiares que residen cerca de la vivienda de Aralí en la calle Caseros, corroboran las denuncias previas de abusos en la vivienda. Estos testigos señalaron la frecuente presencia de ambos imputados en la casa, corroborando aún más la narrativa que apunta a la culpabilidad de Simeone y Varela.
Situación de la madre y la SENAF
Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí, también se encuentra detenida, imputada como partícipe necesario del homicidio calificado por el vínculo, por comisi�n por omisi�n. Si bien no participó directamente en el asesinato, se la acusa de no haber protegido a su hija, pese a las denuncias previas y a una situación de evidente riesgo en la que vivían la niña y sus hermanos en la vivienda familiar.
Este caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). El organismo está siendo investigado por la reinserción de Aralí y sus hermanos a la casa de su madre y padrastro a pesar de las señales de alerta sobre las posibles situaciones de maltrato y abuso. Esta situación podría abrir una investigación sobre el correcto funcionamiento del protocolo de actuación de la SENAF.
Cambio en la Fiscalía y continuación de la investigación
El fiscal Oscar Gieco, quien llevó la causa desde el inicio, se apartó para evitar conflictos de intereses. La investigación fue transferida a la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco, quien debe continuar con las pericias y ampliar la investigación sobre la posible negligencia de la SENAF. Es fundamental dilucidar por qué, a pesar de las denuncias, no se intervino para proteger a la niña de una situación de grave peligro.
La investigación del asesinato de Aralí Vivas continúa. El hallazgo de material genético en la autopsia ha sido un paso fundamental para esclarecer los hechos, pero la investigación debe profundizar en las responsabilidades de todas las partes involucradas, para que un caso tan grave como éste no vuelva a repetirse.
La lucha por la justicia para Aralí
El caso de Aralí es un trágico recordatorio de la importancia de la protección infantil y la necesidad de una acción firme contra el abuso y la violencia de género. Las autoridades deben estar alertas y los mecanismos de protección deben funcionar de manera efectiva para que otras niñas no sufran el mismo destino.
