Una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) ha destapado un escándalo de corrupción que afecta a miles de cooperativas de trabajo en Argentina. El Ministerio de Capital Humano, bajo el liderazgo de Sandra Pettovello, ha suspendido a 8.588 cooperativas e intimado a otras 7.887 a regularizar su situación tras el hallazgo de graves irregularidades.
El Explosivo Crecimiento de las Cooperativas y las Irregularidades Detectadas
Según el Ministerio, el Inaes, ahora dirigido por Marcelo Collomb, detectó un alarmante incremento del 139% en el número de cooperativas registradas entre 2019 y 2023, un crecimiento que se concentró mayoritariamente en cooperativas de trabajo. Esta proliferación desencadenó una investigación exhaustiva que reveló prácticas irregulares en un porcentaje significativo de estas entidades.
Entre las irregularidades más destacadas se encuentra el incumplimiento en la presentación de la documentación obligatoria. Muchas cooperativas no presentaron los informes correspondientes a sus asambleas, balances contables y otras informaciones esenciales. Adicionalmente, se descubrió que algunas personas se encontraban asociadas a un número excesivo de cooperativas (hasta 14 en algunos casos), lo cual es considerado una irregularidad grave, ya que se espera que cada asociado aporte su trabajo principalmente a una sola entidad.
El Caso de las 10.000 Cooperativas con Sumarios Pendientes
La auditoría también sacó a la luz un problema de gestión administrativa. Se constató que más de 10.000 cooperativas habían sido suspendidas desde 2019, pero sin que se iniciaran los correspondientes sumarios. Este hecho deja entrever una posible falta de control y un manejo deficiente de las irregularidades detectadas durante los años anteriores.
Sospechas de Corrupción y Desviación de Fondos
Las sospechas de corrupción se centran en la asignación de subsidios. La auditoría reveló que aproximadamente un tercio de los casi 30 mil millones de pesos destinados a subsidios para cooperativas y organizaciones civiles durante el gobierno de Alberto Fernández fueron a parar a entidades con vínculos estrechos a movimientos sociales peronistas. Esta concentración de fondos en organizaciones específicas ha generado alarma y preguntas sobre la transparencia y el debido proceso en la asignación de estos recursos.
Entre las entidades más beneficiadas se encuentran el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie. Es relevante destacar que los líderes de estas organizaciones ocuparon cargos clave dentro del Ministerio de Desarrollo Social, el organismo encargado de la distribución de los subsidios. Esta coincidencia temporal y geográfica ha alimentado las sospechas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo en la distribución de fondos públicos.
Medidas del Gobierno: Suspensiones e Intimaciones
Como respuesta a estas revelaciones, el Ministerio de Capital Humano ha emprendido una serie de acciones. Las suspensiones de 8.588 cooperativas representan una medida contundente para detener actividades irregulares y posibles actos de corrupción. En paralelo, se emitieron intimaciones a otras 7.887 cooperativas que necesitan regularizar su situación administrativa. Estas entidades deben presentar la documentación requerida, bajo el riesgo de perder su autorización para operar.
Desde el Inaes, afirman que estas medidas forman parte de un plan de acción más amplio que busca recuperar la legalidad y la transparencia en el sector de las cooperativas. El objetivo es generar un mayor control y evitar la falta de transparencia que ha sido caracteristica de este sector durante años. La falta de control y la falta de seguimiento de las cooperativas han facilitado las irregularidades y las sospechas de corrupción que han salido a la luz en esta auditoria
Análisis y Consecuencias a Futuro
Esta auditoría ha revelado una situación preocupante dentro del sistema de cooperativas de Argentina, poniendo de manifiesto serias fallas en los controles y la posible existencia de una red de corrupción. Las consecuencias de este escándalo son significativas, tanto en lo económico como en lo político. Las suspensiones de cooperativas pueden afectar el trabajo de miles de personas, mientras que las sospechas de corrupción manchan la imagen del gobierno y plantean preguntas sobre el uso de fondos públicos.
En el futuro, se espera una mayor supervisión de las cooperativas por parte del estado, para evitar nuevas irregularidades, e investigaciones adicionales, para determinar la responsabilidad de las personas involucradas y evitar la repetición de casos similares. Los efectos de esta situación se extenderán en el tiempo, generando incertidumbre en el sector de las cooperativas y la necesidad de un plan de reconversión para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema.
Las próximas semanas y meses serán cruciales para ver las consecuencias reales de la auditoría. Las investigaciones podrían extenderse, con el objetivo de encontrar la verdad detrás de este complejo esquema, que ha afectado negativamente al tejido social y económico del país.
