La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzaron un operativo a gran escala para auditar las pensiones no contributivas en la provincia de Chaco. El objetivo principal es detectar y cancelar aquellas pensiones que fueron otorgadas de manera irregular, un problema que, según las autoridades, afecta significativamente a las finanzas públicas.
Detalles del operativo
El operativo comenzó este miércoles en General San Martín con la evaluación médica de más de 300 beneficiarios. Un equipo de siete profesionales de la salud, provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y especializados en cardiología, clínica médica y traumatología, llevaron a cabo las auditorías. Este proceso implica una revisión exhaustiva de la documentación y las evaluaciones médicas previas para determinar la validez de cada caso.
El plan contempla la revisión de más de 99.000 pensiones en toda la provincia de Chaco, donde las autoridades prevén un elevado porcentaje de irregularidades. Se estima que aproximadamente el 35% de estas pensiones podrían ser fraudulentas, lo que representa un considerable impacto financiero para el Estado. El proceso de auditoría se espera que se extienda por varios meses, abarcando todas las pensiones en la provincia.
Fraude masivo y corrupción
Una investigación paralela, liderada por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, destapó una red de corrupción en Taco Pozo, relacionada con la gestión de las pensiones no contributivas por discapacidad. Según Amad, funcionarios locales y personal de salud exigían pagos a personas de bajos recursos para gestionar el acceso a estos beneficios, ofreciendo a cambio respaldo político.
La trama de corrupción incluía a médicos que emitían certificados médicos falsos y la manipulación o elusión deliberada de las verificaciones de ANSES y ANDIS. En un allanamiento, se hallaron cuadernos en el domicilio de una secretaria médica con registros de beneficiarios y los montos que pagaron por el beneficio. Estos documentos confirman la existencia de diagnósticos falsos y pagos ilegales a cambio de la gestión de las pensiones.
Evidencia del Fraude
Entre las irregularidades descubiertas en las etapas previas a este operativo masivo se encuentran la reutilización de radiografías en múltiples expedientes. En uno de los casos más sorprendentes, se presentó la imagen de un perro como prueba médica para obtener el beneficio de la pensión. Estos ejemplos ilustran la magnitud del fraude y las prácticas deshonestas empleadas para acceder a fondos públicos.
Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, afirmó que “el objetivo no es quitar derechos, sino garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”. Sus declaraciones buscan matizar la dureza de la medida, enfatizando que la finalidad principal es asegurar la transparencia y la correcta asignación de los recursos públicos destinados a las personas con discapacidad.
Próximos pasos y consecuencias
Se estima que cientos de casos podrían ser dados de baja por no cumplir con los requisitos legales. Las autoridades esperan que esta auditoría sirva como precedente para futuros operativos y para fortalecer los sistemas de control para evitar este tipo de fraudes. El proceso de auditoría será riguroso y se espera la colaboración de todos los implicados para asegurar su transparencia y objetividad.
La investigación continuará para identificar y procesar a todos aquellos involucrados en la red de corrupción. Se espera que el proceso judicial sea exhaustivo para determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados y que se apliquen las sanciones correspondientes, con el objetivo de desmantelar completamente esta red criminal y evitar este tipo de prácticas corruptas en el futuro.
Impacto en la sociedad
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La desviación de recursos destinados a la protección social tiene un impacto devastador en la sociedad, afectando la credibilidad del sistema y perjudicando a aquellos que genuinamente necesitan estos beneficios. Es fundamental prevenir futuras prácticas corruptas, lo que requiere la implementación de políticas y sistemas que prioricen la transparencia y la integridad.
Este operativo también refleja la lucha constante contra el fraude y la corrupción que afecta a las instituciones públicas, comprometiendo la correcta gestión de fondos públicos y la provisión de servicios sociales esenciales. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para fortalecer la confianza pública en las instituciones.
