La autonomía porteña está bajo ataque directo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logró una apelación que permite a las fuerzas federales custodiar la marcha de jubilados, pero la denuncia contra el juez Gallardo revela una toma hostil del gobierno central en competencias locales. Este no es un simple giro; es una declaración de intenciones sobre quién manda en la seguridad de la ciudad.
Conflicto de Poderes: Seguridad vs. Autonomía
La Procuración General de la Ciudad, liderada por el Dr. Agustín Luzzi, presentó una apelación urgente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo. Argumentaron que el fallo del juez Roberto Gallardo afectaba la autonomía de la Ciudad y comprometía la coordinación entre las fuerzas de seguridad locales y federales. El recurso calificó la resolución del juez como “nula” y denunció la falta de fundamentos legales y la violación del debido proceso legal.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, denunció al juez Gallardo ante el Consejo de la Magistratura porteño por presunto mal desempeño en sus funciones. La acusación se basa en la supuesta incompetencia del magistrado para intervenir en decisiones que trascienden su ámbito de actuación como juez local, y en la violación de la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N°24.059), que establece competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
La Ley de Seguridad Interior: ¿Herramienta o Excusa?
La Ley de Seguridad Interior, en el centro de esta controversia, regula la actuación de las fuerzas federales en las provincias. Permite la intervención federal si la seguridad interior de la Nación se ve comprometida. El gobierno nacional argumenta que la marcha de jubilados justifica esta intervención, una interpretación que Gallardo rechaza, abriendo la puerta a una creciente injerencia central.
La aplicación de esta ley genera legítimas preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los manifestantes. Existe el temor de que la custodia de la marcha se convierta en un acto de intimidación. Es imprescindible que las autoridades actúen con transparencia para evitar que la seguridad se use como pretexto para limitar las libertades ciudadanas.
Trasfondo Político: Consolidación del Poder Central
El gobierno de Jorge Macri, alineado con Javier Milei, busca consolidar su poder en la Ciudad de Buenos Aires. La disputa con Gallardo es una clara señal a la oposición y una firme demostración de sus políticas. La denuncia contra Gallardo también puede ser vista como una advertencia a jueces que cuestionen las decisiones del gobierno, lo cual genera inquietud entre los defensores del Estado de Derecho.
Sin embargo, esta estrategia enfrenta resistencia. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda denuncian un intento de criminalizar la protesta social y de limitar las libertades ciudadanas, mostrando la creciente polarización en torno a este tema.
Autonomía Porteña: Un Futuro Incierto
La controversia por la custodia de la marcha de jubilados se inscribe en una larga historia de tensiones entre la Nación y la Ciudad. La autonomía porteña, aunque consagrada en la Constitución Nacional, sigue siendo objeto de debate. No hay una definición clara sobre los límites de la intervención del gobierno nacional en la Ciudad, lo que alimenta conflictos constantes.
Esta disputa adquiere una dimensión simbólica y política que va más allá de lo jurídico y policial. Se juega el futuro de la autonomía porteña y su capacidad para decidir sobre sus propios asuntos. Este conflicto podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la Nación y la Ciudad.
Esta situación es un ataque a la independencia judicial y un intento de limitar las libertades ciudadanas. No podemos permitir que la seguridad se convierta en una excusa para reprimir la protesta social y vulnerar los derechos fundamentales. Es hora de defender la autonomía porteña y el Estado de Derecho.
Es crucial participar en debates públicos y apoyar organizaciones que defienden la autonomía. La resistencia cívica es fundamental para revertir esta situación y fortalecer la autonomía porteña, asegurando un futuro donde la libertad de expresión y el respeto por la ley prevalezcan.
