El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su familia enfrentan una batalla legal contra el Instituto José Manuel Estrada de City Bell por la no renovación de la matrícula de sus dos hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La decisión del colegio, que llegó tras un descargo público del arquero en redes sociales denunciando la falta de inclusión de la institución, ha desatado una controversia sobre los derechos de los niños con discapacidad y la responsabilidad de las escuelas privadas en garantizar una educación inclusiva.
Un fallo judicial que ignora la inclusión
La Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por la familia Rey, dejando a Benicio y a su hermana Renata sin la posibilidad de continuar su educación en el mismo colegio. Este fallo, que desestimó la medida cautelar solicitada por los padres, ha generado indignación y preocupación en la comunidad educativa y en las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. El argumento del colegio, que alega “escraches, difamaciones e injurias” por parte de los padres en redes sociales, contrasta con la falta de respuestas de la institución ante las necesidades de Benicio.
La abogada de la familia, Carla Junqueira, calificó la decisión del colegio como “unilateral, intempestiva y discriminatoria”, señalando que la institución se está “olvidando de que cumple una función social”. Junqueira también advirtió sobre el impacto negativo que el cambio de escuela podría tener en el neurodesarrollo de Benicio, quien necesita un entorno estable y adaptado a sus necesidades.
El juez a cargo de la causa, sin embargo, consideró que no se habían presentado pruebas suficientes para justificar la medida cautelar, argumentando que la familia Rey no había agotado todas las instancias administrativas antes de recurrir a la Justicia. Este argumento, sin embargo, ignora la urgencia de la situación y el daño irreparable que el cambio de escuela podría causar a Benicio.
La lucha de Rodrigo Rey por una educación inclusiva
Rodrigo Rey, en un emotivo descargo en redes sociales, expresó su “bronca” e “impotencia” ante la situación. “Esa bronca de ver que a veces no alcanza con ser buena gente, que defender los derechos de tus hijos les molesta a otras personas”, escribió el arquero. Rey también destacó el progreso que Benicio había logrado gracias al apoyo de sus compañeros y amigos en el colegio, y cómo la decisión de la institución podría afectar su estabilidad emocional.
El caso de Benicio Rey ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan las familias de niños con TEA para acceder a una educación inclusiva en Argentina. La falta de recursos, la resistencia de algunas instituciones privadas y la insuficiente capacitación del personal docente son algunos de los obstáculos que deben superar a diario. La lucha de Rodrigo Rey no es solo por su hijo, sino por todos los niños con discapacidad que merecen una educación de calidad en un entorno inclusivo.
Más allá del fallo judicial adverso, la familia Rey ha decidido apelar la decisión y continuar la batalla legal. “Si hay algo que me enseñó el fútbol y la vida es a no bajar los brazos”, afirmó Rey, “es que vale la pena librar las batallas que son honestas, que son justas y eso haremos”. Su lucha se convierte en un símbolo de la perseverancia de los padres que buscan un futuro mejor para sus hijos con discapacidad.
El rol del Estado y la sociedad
El caso de Benicio Rey interpela al Estado y a la sociedad sobre la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva para todos los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Argentina es signataria, establece que los niños con discapacidad deben tener acceso a una educación inclusiva, de calidad y en igualdad de condiciones.
Es fundamental que el Estado implemente políticas públicas que promuevan la inclusión educativa, que destine recursos para la formación docente y que garantice la accesibilidad de las escuelas a todos los niños. Asimismo, es necesario que la sociedad tome conciencia de la importancia de la inclusión y que se involucre en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos.
La lucha de la familia Rey es un llamado a la reflexión y a la acción. Es necesario que la sociedad argentina se movilice para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y para que casos como el de Benicio no se repitan.
La discriminación que sufrió Benicio no es un hecho aislado, es un reflejo de una sociedad que aún tiene mucho por avanzar en materia de inclusión. La educación inclusiva no es solo un derecho, es una necesidad para construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Es hora de que Argentina se comprometa de manera real y efectiva con la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Las escuelas privadas, como instituciones que cumplen una función social, tienen la responsabilidad de garantizar la inclusión de todos los niños, independientemente de sus capacidades. No pueden escudarse en tecnicismos legales o en argumentos que justifican la discriminación. Deben ser parte de la solución, no del problema.
