Argentina se prepara para regular el mercado de criptomonedas, con una nueva ley que entrará en plena vigencia a fines de 2025. La Comisión Nacional de Valores (CNV) es el organismo encargado de liderar esta iniciativa, que busca regular la operatoria de los proveedores de activos virtuales, incluyendo exchanges, billeteras virtuales y personas físicas. Esta medida no regula las criptomonedas en sí mismas, sino que se centra en las empresas y personas que facilitan su compra, venta y almacenamiento.
El origen de la regulación: la presión del GAFI
El principal motor detrás de esta regulación es la necesidad de cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar ser incluidos en la “lista gris”. El GAFI exige un control estricto sobre las transacciones de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Argentina, tras un período de intenso trabajo, logró salir de la lista gris y la regulación del mercado de criptomonedas es un paso clave para mantener ese logro.
La reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en marzo de 2024, dio el marco legal para que la CNV asumiera la responsabilidad de regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esto implica que los PSAV deberán registrarse ante la CNV para operar legalmente en Argentina.
Detalles de la regulación: registro, categorías y plazos
La regulación propuesta por la CNV establece cinco categorías para los PSAV, en función de las actividades que realizan: cambio entre cripto y moneda fiduciaria, intercambio entre activos virtuales, transferencia de cripto, custodia de monedas digitales y servicios financieros basados en activos virtuales. Cada categoría tiene requisitos mínimos de patrimonio, expresados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).
Se espera un período de adaptación considerable, variando entre 120 y 270 días según el tipo de prestador. Las personas físicas tendrán 120 días, las personas jurídicas nacionales 180 días y las firmas extranjeras 270 días para ajustarse a la normativa. La expectativa del gobierno es alcanzar la plena vigencia de la ley para fines de 2025. Actualmente, hay más de 97 PSAV registrados, una muestra del interés del sector por regularizar su actividad.
La regulación impondrá una serie de requerimientos, incluyendo manuales de procedimientos, sistemas informáticos robustos de ciberseguridad, políticas de seguridad claras, y la obligación de segregar los activos de los clientes de los propios fondos del proveedor. Se establecerá un régimen de sanciones, similar al utilizado en el mercado de capitales, que contempla apercibimientos, multas y la exclusión del registro en casos extremos.
Impacto en usuarios y el futuro de la regulación
Para el usuario promedio, se esperan pocos cambios significativos en la experiencia diaria. La regulación se centra en los proveedores, no en las criptomonedas en sí. Si bien el usuario podrá verificar si la plataforma en la que opera está registrada ante la CNV, la nueva ley no ofrece mayor protección contra la volatilidad del mercado o las estafas.
A pesar de las dificultades para controlar un mercado virtual y mayormente offshore, la regulación busca equilibrar la innovación tecnológica con la prevención del lavado de activos. El gobierno reconoce las limitaciones y planea implementar una política de fiscalización una vez que la normativa entre en vigor. La propia industria se muestra mayoritariamente a favor de una mayor regulación con la esperanza de que eso impulse el crecimiento del sector.
Mirando hacia el futuro, el gobierno considera que el verdadero desafío se encuentra en la regulación de la tokenización, la transformación de activos en unidades digitales. Se planea implementar un régimen de tokenización con una prueba piloto que defina los montos máximos de emisión. Esto representaría un nuevo paso para consolidar la regulación de las criptomonedas y los activos digitales en Argentina.
La nueva ley de regulación para exchanges y billeteras virtuales en Argentina marca un hito importante en el desarrollo del ecosistema de las criptomonedas. Si bien se enfoca en los proveedores, esta medida busca crear un ambiente más transparente y seguro para operar, en línea con los estándares internacionales. La implementación gradual y la flexibilidad contemplada en la normativa prometen un proceso de adaptación eficiente, allanando el camino hacia un mercado de criptomonedas más regulado y, en consecuencia, probablemente, más atractivo para la inversión.
