Argentina está en llamas. La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de recortar miles de pensiones no contributivas para personas con discapacidad ha desatado una ola de protestas y una crisis social sin precedentes. Mientras el presidente celebra sus políticas económicas ‘exitosas’, miles de familias se ven sumidas en la desesperación, enfrentando la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas. ¿Es esto el triunfo del libre mercado o una muestra de insensibilidad criminal? Los detalles, a continuación.
El escándalo de los recortes: ¿178.000 pensiones menos?
Según informes periodísticos, el gobierno planea recortar aproximadamente 178.000 pensiones no contributivas para el año 2025. ¡178.000 familias condenadas a la precariedad! Se justifica este brutal ataque bajo el paraguas de auditorías para detectar posibles fraudes, una excusa más que risible, dicen los activistas. Mientras las auditorías siguen su curso, el hacha cae primero. ¡La crueldad de la medida es absoluta!
Pero la eliminación de las pensiones no es solo la pérdida del ingreso económico. Implica también la pérdida del acceso a la cobertura de salud, en su mayoría a través del PAMI. ¡Se les roba el sustento y se les niega el acceso a la atención médica! ¿Qué clase de ‘libertad’ se vende a este precio?
Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado este atropello con fuerza, calificándolo como una medida fría y calculada contra los más vulnerables. El gobierno, lejos de rectificar, se mantiene impasible mientras las protestas se intensifican. ¿Hasta cuándo se tolerarán estas atrocidades?
El clamor en las calles: protestas y movilizaciones
Desde Olivos hasta Rosario, pasando por Mendoza, Tucumán y Córdoba, las calles de Argentina han sido testigos de multitudinarias protestas. Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones civiles salieron a gritar: ¡Basta de quitas! Las imágenes de manifestaciones masivas dan cuenta de la magnitud de la crisis, un panorama apocalíptico para las víctimas de esta decisión.
El reclamo no solo apunta a frenar las bajas de pensiones, sino también a obtener recursos suficientes para cubrir los costos de los servicios esenciales para las personas con discapacidad. ¿Qué futuro les aguarda a las instituciones que les brindan cuidados, si no tienen ni para pagar los sueldos?
A la falta de recursos se suma la falta de cumplimiento de leyes preexistentes, como la del cupo laboral, entre otros. La indignación popular es legítima, y estas movilizaciones muestran que la sociedad argentina no tolera más tanta crueldad
El gobierno y sus argumentos: ¿Hay alguna justificación?
El gobierno argumenta que los recortes son necesarios para sanear las finanzas públicas. ¡Una mentira cobarde y sin escrúpulos! Recortar la ayuda a los más vulnerables no es sanear las finanzas, es desmantelar el Estado de Bienestar, un nuevo método para deshumanizar y generar más pobreza
Las acusaciones de corrupción en la asignación de pensiones se usan como excusa para justificar estos recortes masivos, sin evidencia contundente que los sustente. Es una táctica vil para desviar la atención del verdadero problema: la falta de voluntad política para garantizar una vida digna para todos los argentinos.
Mientras tanto, los responsables de esta política de ajuste se pasean en sus vehículos blindados, lejos de la realidad que padecen los millones de argentinos. ¡Ni la más mínima empatía ni sensibilidad social!
El futuro incierto: ¿Qué ocurrirá ahora?
El futuro de las personas con discapacidad en Argentina es incierto. Mientras el gobierno insiste en sus medidas de ajuste, las organizaciones sociales intensifican su lucha. La batalla por los derechos humanos, por la dignidad y por una sociedad más justa se encuentra en su punto álgido.
La respuesta de la sociedad a este escándalo marca un antes y un después en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Ya no solo se trata de un tema marginal o ‘asunto de las ONGs’, sino que la crisis social desencadenada ha conmocionado a millones y despertado la conciencia de toda la nación. ¡El gobierno de Milei deberá responder por estas políticas de exterminio social!
El debate está abierto, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace. Una cosa es cierta: la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina no ha terminado. Y nosotros, desde este espacio, seguiremos denunciando estos atropellos.
