El hambre en Argentina ha alcanzado su punto más crítico en dos décadas, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Un 28% de la población, equivalente a más de 13 millones de personas, sufre de inseguridad alimentaria, una realidad que se traduce en la reducción involuntaria de las porciones de comida y la experiencia constante del hambre por razones económicas. Este dato alarmante no solo expone la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país, sino que también desnuda las falencias de las políticas públicas implementadas para combatir la pobreza y la desigualdad.
La realidad en los comedores: un reflejo de la crisis
Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, relata con crudeza la realidad que viven miles de familias. Un joven padre, tras recorrer más de 30 kilómetros desde González Catán, llegó al comedor con su esposa y sus tres hijos, no solo para alimentarse, sino también para asegurar que su familia conociera un lugar donde pudieran obtener un plato de comida en el futuro. Este testimonio desgarrador ilustra la desesperación de quienes deben recurrir a la solidaridad para subsistir, y pone en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el derecho fundamental a la alimentación.
Leonardo Álvarez, de la ONG Sal de la Tierra, describe un panorama similar. La desolación y la resignación se han apoderado de los sectores más vulnerables, mientras que los comedores comunitarios se ven desbordados por la creciente demanda. Jubilados, desempleados y hasta trabajadores con empleos formales se suman a las filas de quienes dependen de la asistencia alimentaria para sobrevivir. La situación actual, según Álvarez, es inédita y refleja la gravedad de la crisis que atraviesa Argentina.
El fracaso de las políticas públicas
Si bien el informe de la UCA destaca que la asistencia económica directa a los sectores vulnerables se ha incrementado en las últimas dos décadas, el impacto del ajuste económico ha sido devastador. La pobreza multidimensional, que considera no solo los ingresos sino también las carencias en derechos básicos como alimentación, salud, vivienda y educación, afecta al 41,6% de la población. Este dato revela que las políticas sociales implementadas hasta el momento han sido insuficientes para frenar el deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos.
El aumento de la pobreza se ve reflejado en indicadores alarmantes: el 45% de los hogares de menores recursos ha dejado de pagar al menos un servicio público por dificultades económicas, el 51,4% no pudo afrontar el pago de impuestos y el 53,9% tuvo problemas para acceder a medicamentos. Estos datos evidencian la precariedad de la situación y la urgencia de implementar medidas que reviertan esta tendencia.
La precarización del empleo: un factor clave
El informe de la UCA también revela que el empleo pleno ha alcanzado su nivel más bajo desde 2006, mientras que el empleo precario ha aumentado significativamente. Esta precarización del mercado laboral, caracterizada por la inestabilidad, los bajos salarios y la falta de protección social, contribuye a la profundización de la pobreza y la inseguridad alimentaria. La falta de oportunidades laborales dignas condena a miles de familias a la vulnerabilidad y la dependencia de la asistencia social.
Ante este panorama desolador, es imperativo que el gobierno implemente políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la pobreza y el hambre. La creación de empleos genuinos, la inversión en educación y salud, y el fortalecimiento de los programas de asistencia social son medidas urgentes para garantizar una vida digna a todos los argentinos. La lucha contra el hambre no puede ser una tarea exclusiva de las organizaciones sociales; es una responsabilidad del Estado que debe ser asumida con la seriedad y la urgencia que la situación amerita. El futuro del país depende de la capacidad para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde el acceso a la alimentación sea un derecho garantizado para todos.
