El Estado argentino compareció recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder sobre la vigencia de los derechos humanos en el país. Sin embargo, la actuación del gobierno generó gran preocupación por su falta de preparación, respuestas evasivas y una postura negacionista en temas cruciales.
Falta de Preparación y Respuestas Evasivas
Durante las audiencias, los representantes del gobierno argentino demostraron una notoria falta de preparación. Sus respuestas fueron fragmentarias, incompletas, y en muchos casos, simplemente evasivas. Se observó una incapacidad para defender las políticas sociales, laborales y de vivienda del país en relación a los estándares internacionales de derechos humanos. En varias ocasiones, los funcionarios se comprometieron a responder por escrito a preguntas concretas, dejando una sensación de improvisación y falta de seriedad ante la instancia internacional.
Esta falta de preparación es particularmente preocupante en temas donde se requieren respuestas precisas y fundamentadas, como la situación de niñez y adolescencia, o la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. La ausencia de datos concretos y el aplazamiento de las respuestas refuerzan la idea de que el gobierno carece de un plan coherente para abordar los problemas de derechos humanos del país.
Negacionismo en Temas de Violencia de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos
Uno de los aspectos más preocupantes de las audiencias fue la clara negación por parte del gobierno de la existencia de la violencia de género. Este negacionismo se contrapone con la realidad del país, donde las mujeres y las diversidades enfrentan situaciones de violencia extrema. El hecho de que Argentina votara contra una resolución en la ONU para erradicar la violencia contra las mujeres el mismo día de las audiencias, es una señal preocupante del enfoque que se está tomando.
La respuesta del gobierno, reduciendo el problema a una noción genérica de “violencia en todas sus formas”, fue criticada duramente por los comisionados de la CIDH, quienes enfatizaron la importancia de nombrar y abordar específicamente la violencia de género. La minimización del problema, sumado a los recortes presupuestarios en programas cruciales como Acompañar (que experimentó una caída del 98%), dejan a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad extrema.
En el tema de derechos sexuales y reproductivos, la situación fue similar. El gobierno, ignorando las leyes y políticas que protegen la vida y la salud reproductiva de las mujeres, se concentró en cuestionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentando datos imprecisos y afirmando un número de abortos incorrecto. También se omitió información sobre la falta de medicamentos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
Ataques a las Organizaciones de Derechos Humanos y a la Memoria, Verdad y Justicia
Durante la audiencia sobre políticas de memoria, verdad y justicia, los representantes del gobierno realizaron declaraciones sorprendentes y alarmantes. La justificación de la desactivación de equipos de investigación de archivos de las fuerzas armadas, tachándolos de “vengadores”, demuestra una clara intención de obstaculizar la búsqueda de justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Este tipo de declaraciones no sólo minimiza la gravedad de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, sino que también ataca directamente a las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de buscar venganza. Este discurso es especialmente grave, recordando épocas donde estos mismos ataques se usaron para silenciar las voces que pedían justicia.
La actuación del gobierno argentino ante la CIDH ha generado una profunda preocupación internacional. La falta de preparación, las respuestas evasivas y la postura negacionista en temas cruciales evidencian un desprecio por los derechos humanos que preocupa seriamente a los observadores internacionales.
Es crucial que el gobierno argentino recapacite sobre su actuación y adopte un enfoque serio y responsable en materia de derechos humanos. La negación de la violencia de género y las políticas de memoria que minimizan las atrocidades del pasado son inaceptables en un país que se pretende democrático y respetuoso de los derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar para que el gobierno tome acciones concretas para reparar los daños causados y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos.
