La pintoresca localidad cordobesa de Anisacate se encuentra en el epicentro de una encendida controversia. La reciente decisión del municipio de implementar una tarifa de $10.000 para estacionar en las bajadas al río durante el verano 2025 ha generado un acalorado debate entre vecinos, turistas y autoridades. La medida, justificada por la necesidad de financiar servicios esenciales para los visitantes, ha sido recibida con una mezcla de indignación y resignación. Mientras el municipio defiende la iniciativa como una forma de garantizar la seguridad y la limpieza en los balnearios, muchos la critican por considerarla excesiva y discriminatoria.
Un verano con precio: $10.000 por disfrutar del río
La ordenanza, aprobada por la comisión de Presupuesto y Tarifaria de la Municipalidad de Anisacate, establece una tarifa de $10.000 para automóviles, $8.000 para motocicletas y $20.000 para ómnibus que deseen acceder a las cuatro bajadas habilitadas al río Anisacate. Esta medida representa un aumento significativo respecto a los $3.500 cobrados en la temporada anterior, lo que ha generado un fuerte rechazo en las redes sociales y en los medios de comunicación locales. La intendenta Natalia Contini, del espacio Juntos por la Libertad, ha salido al cruce de las críticas, argumentando que el cobro se trata de una contraprestación por los servicios ofrecidos a los turistas.
Según Contini, la tarifa permitirá financiar la presencia de guardavidas certificados, personal de Defensa Civil, baños químicos, limpieza de la costa, entrega de bolsas de residuos y un servicio de asistencia médica. Además, se ofrecerán actividades recreativas por la tarde a cargo del área de Deportes. La intendenta ha hecho hincapié en que la medida no afectará a los residentes de Anisacate ni a los turistas que pernocten en la localidad, quienes tendrán acceso gratuito a las bajadas al río.
¿Costo real o afán recaudatorio? El debate en la sociedad
La decisión del municipio ha abierto un debate en la sociedad sobre la legitimidad de cobrar por el acceso a espacios públicos naturales. Mientras algunos vecinos y comerciantes locales apoyan la medida como una forma de controlar el turismo masivo y generar recursos para el mantenimiento de los balnearios, otros la cuestionan por considerarla un abuso y una privatización encubierta del río. La principal crítica se centra en el monto de la tarifa, que muchos consideran desproporcionado en relación a los servicios ofrecidos. Además, se cuestiona la capacidad del municipio para garantizar la efectiva prestación de los servicios prometidos.
Organizaciones ambientalistas y de defensa del consumidor han expresado su preocupación por la tendencia creciente de cobrar por el acceso a ríos y playas en la provincia de Córdoba. Argumentan que se trata de un atentado contra el derecho al disfrute de los espacios públicos y que la medida podría generar una mayor desigualdad en el acceso al ocio y la recreación. Por otro lado, algunos sectores del turismo se muestran preocupados por el impacto negativo que la tarifa podría tener en la afluencia de visitantes a Anisacate, lo que afectaría la economía local.
El dilema de la sostenibilidad: ¿Cómo financiar el turismo?
La controversia en Anisacate pone de manifiesto un dilema que se repite en muchos destinos turísticos: ¿cómo financiar la infraestructura y los servicios necesarios para atender la demanda creciente de visitantes sin afectar el acceso a los espacios públicos ni la economía local? La implementación de tarifas puede ser una solución viable, pero debe ser cuidadosamente evaluada para garantizar que sea justa, equitativa y sostenible. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de generar recursos y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de los espacios naturales.
En el caso de Anisacate, el municipio argumenta que el cobro de la tarifa es indispensable para cubrir los costos de los servicios que se brindan a los turistas. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de los recursos y la ausencia de un debate público previo a la implementación de la medida han generado desconfianza en la comunidad. Para que la iniciativa sea aceptada socialmente, es necesario que el municipio rinda cuentas de manera clara y precisa sobre el destino de los fondos recaudados y que se establezcan mecanismos de control ciudadano para garantizar la correcta prestación de los servicios.
Además, es importante explorar alternativas de financiamiento que no impliquen el cobro directo por el acceso a los espacios públicos. Se podrían implementar tasas turísticas en los alojamientos, promover el desarrollo de actividades económicas sustentables o buscar financiamiento a través de programas provinciales o nacionales. La clave está en encontrar soluciones creativas e inclusivas que permitan garantizar la sostenibilidad del turismo sin afectar el derecho al disfrute de la naturaleza.
