La posibilidad de un paro total de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se cierne sobre la ciudad, amenazando con paralizar el transporte público y afectar a millones de usuarios. El conflicto entre las cámaras empresarias del sector y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el pago de aumentos salariales acordados en paritarias se agudiza, sin vislumbrarse una solución inmediata.
Un conflicto con raíces profundas
El origen del conflicto radica en la discrepancia entre el costo del boleto, los subsidios estatales y los salarios de los choferes. Las empresas argumentan que, con el actual esquema de subsidios y tarifas, no pueden afrontar el pago de los aumentos salariales acordados con la UTA, que prevén un salario básico de $1.200.000 para enero de 2025.
Según las cámaras empresarias, el costo real del boleto de colectivo en octubre ascendía a $1320, mientras que el Estado solo reconoció $863 entre tarifa y subsidios. Esta diferencia, que se ha profundizado con la inflación acumulada, ha llevado a las empresas a una situación financiera crítica, que les impide cumplir con sus obligaciones salariales.
Las empresas argumentan que los ingresos generados por el pasaje y los subsidios, ambos regulados por el Estado, no se actualizan desde junio, mientras que los costos operativos, incluyendo los salariales, han experimentado incrementos constantes. Esta situación ha generado un desequilibrio financiero que pone en riesgo la viabilidad del sistema de transporte público.
La postura de la UTA: defensa del salario
La UTA, por su parte, exige el cumplimiento del acuerdo paritario y el pago íntegro de los salarios a sus afiliados. El sindicato se mantiene firme en su postura y ha advertido sobre la posibilidad de un paro si las empresas no cumplen con sus obligaciones. Para la UTA, la responsabilidad del pago de los salarios recae en las empresas, independientemente de los acuerdos que estas mantengan con el Estado.
Roberto Fernández, líder de la UTA, ha expresado en reiteradas ocasiones la preocupación del gremio por la situación salarial de los choferes y ha instado a las autoridades a encontrar una solución que garantice el pago de los salarios y la continuidad del servicio. El sindicato ha dejado claro que no está dispuesto a ceder en sus reclamos y que la medida de fuerza es una posibilidad real si no se llega a un acuerdo.
El Gobierno en la encrucijada
El gobierno se encuentra en una situación compleja, presionado por las empresas que reclaman mayores subsidios o un aumento de la tarifa, y por la UTA que exige el pago de los salarios. La falta de acuerdo entre las partes ha generado incertidumbre sobre el futuro del transporte público en el AMBA.
Mientras que el gobierno bonaerense asegura estar al día con los pagos de subsidios, las empresas insisten en la necesidad de una actualización urgente de los montos para afrontar los costos operativos. La falta de una respuesta concreta por parte de las autoridades ha profundizado el conflicto y aumentado la probabilidad de un paro.
El ministro de Transporte, Diego Giuliano, ha convocado a una reunión urgente con las partes involucradas para intentar destrabar el conflicto y evitar el paro. Sin embargo, hasta el momento, no se han logrado avances significativos en las negociaciones.
Consecuencias de un posible paro
Un paro de colectivos en el AMBA tendría consecuencias significativas para la movilidad de millones de personas que dependen del transporte público para sus actividades diarias. El impacto se sentiría en la economía, la educación, la salud y la vida social de la ciudad.
La paralización del servicio generaría caos en las calles, demoras en los traslados y dificultades para acceder a los lugares de trabajo, estudio y atención médica. Además, se espera un aumento en la demanda de otros medios de transporte, como taxis y trenes, lo que podría generar saturación y demoras.
Ante la inminencia del paro, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, planificar sus viajes con anticipación y, en la medida de lo posible, utilizar medios de transporte alternativos. Se espera que el gobierno implemente medidas de contingencia para mitigar el impacto del paro en la movilidad de la población.
La incertidumbre sobre la duración del posible paro genera preocupación entre los usuarios, quienes se verían obligados a modificar sus rutinas y afrontar gastos adicionales en transporte. La falta de una solución a corto plazo agudiza el malestar social y la tensión entre los distintos actores involucrados en el conflicto.
Más allá del conflicto puntual por los salarios, el problema de fondo radica en la falta de un sistema de transporte público sustentable y eficiente en el AMBA. La discusión sobre la actualización de las tarifas y los subsidios, postergada durante años, ha llegado a un punto crítico que requiere una solución definitiva para garantizar la viabilidad del servicio y la movilidad de la población.
