El juicio por el crimen de Darío Monges, ocurrido el 3 de septiembre de 2022, ha incorporado un nuevo elemento de controversia con la declaración de Magalí Cruz, pareja de David Bejarano, uno de los acusados. Cruz denunció un allanamiento ilegal en su domicilio, realizado el 17 de septiembre de 2022, sin orden judicial y con la revisión de los celulares de toda su familia, incluyendo los de sus hijos menores de edad. Esta acción policial, realizada en plena madrugada, ha generado interrogantes sobre la legalidad del procedimiento y su posible impacto en la imparcialidad del proceso judicial.
Allanamiento ilegal: el testimonio de Magalí Cruz
Magalí Cruz relató que el allanamiento se produjo alrededor de las 2 o 3 de la mañana, mientras la familia dormía. Según su testimonio, los agentes policiales ingresaron a su vivienda sin presentar ninguna orden judicial, limitándose a informar que buscaban información relacionada con el caso Monges. La falta de orden judicial, así como la posterior revisión de los celulares de la familia – incluyendo los de sus hijos menores – sin su consentimiento o autorización, constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales garantizados por la ley.
Según Cruz, los agentes policiales revisaron los chats en los celulares delante de ella y su familia, un procedimiento descrito como “como si fueran una pareja tóxica revisando el teléfono de su pareja”. Si bien los celulares de los menores le fueron devueltos, los agentes se llevaron dos dispositivos, incluyendo el teléfono de su hijo mayor, a pesar de haber informado que no pertenecía a David Bejarano. La defensa pública ha señalado la posibilidad de manipulación de evidencias, basándose en el testimonio de testigos de Gendarmería y Policía Federal.
Contexto: un conflicto previo relacionado con un vehículo
Más allá del allanamiento irregular, el testimonio de Magalí Cruz revela un conflicto anterior que involucra a David Bejarano y que añade un nuevo nivel de complejidad al caso. En 2021, Bejarano tuvo problemas judiciales a raíz de una denuncia realizada por su primo, Matías González, relacionada con un vehículo que había sido vendido sin los papeles correspondientes.
Según Magalí Cruz, el primo de David utilizó el vehículo en cuestión sin el conocimiento de la familia. A este automóvil, David le había puesto las calcomanías de su taller, “Bejarano Motos”, lo que posteriormente lo involucró en una denuncia por disparos en un incidente de tránsito. Si bien David fue detenido inicialmente, el propio denunciante reconoció más tarde que no fue David quien realizó los disparos. Este nuevo conflicto deja en evidencia una potencial manipulación de pruebas y abre la posibilidad de un sesgo en la investigación inicial. Además, crea nuevas dudas acerca de la intencionalidad del accionar policial.
El juicio entra en su etapa final
El juicio por el crimen de Darío Monges está en sus etapas finales, con la declaración de Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago, los acusados, prevista para el martes. El testimonio de Magalí Cruz y la denuncia del allanamiento ilegal plantean serias preocupaciones sobre la integridad del proceso y la posibilidad de que pruebas hayan sido manipuladas. Las consecuencias de este presunto proceder irregular de las autoridades pueden tener implicaciones significativas en el juicio y sus resultados.
El evento destaca la importancia del respeto a las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos en el marco de cualquier proceso judicial. La denuncia de allanamiento ilegal y la posible manipulación de evidencias pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para garantizar la justicia en este caso y, más ampliamente, la necesidad de una mayor rendición de cuentas para las instituciones policiales. La investigación sobre el presunto allanamiento irregular y la posible influencia en el juicio serán puntos críticos que sin dudas seguirán siendo analizados a medida que este caso llegue a su fin.
Implicaciones del caso y reflexiones finales
Este caso trasciende el simple relato de un crimen y se convierte en una alerta sobre la necesidad de asegurar un debido proceso justo y equitativo para todos los ciudadanos. La denuncia de Magalí Cruz ha revelado vulneraciones en el proceso judicial que demandan ser investigadas a fondo. La ausencia de garantías legales en este allanamiento socava la confianza en las instituciones y deja abierta la posibilidad de manipulaciones y sesgos en la búsqueda de la verdad.
La investigación judicial deberá determinar si la falta de orden judicial en el allanamiento y la revisión de celulares sin consentimiento fueron acciones intencionales o negligentes, y si estas acciones afectaron la integridad de las pruebas presentadas. La opinión pública también espera respuestas claras y acciones concretas de parte de las autoridades competentes para sancionar cualquier abuso policial o violación de los derechos fundamentales. La imparcialidad y justicia del juicio se verán ahora profundamente condicionadas por este nuevo y controversial escenario. Se espera que se realicen todas las investigaciones para aclarar este asunto y asegurar que no quede impune.
