El delito en Argentina sigue siendo una preocupación creciente. En los últimos años, las estadísticas muestran un aumento constante en diversas modalidades delictivas, generando una sensación de inseguridad en la población. Ante este panorama, varias provincias argentinas han apostado por una solución innovadora y ambiciosa: la alianza público-privada para expandir la videovigilancia. Esta estrategia, que integra cámaras de seguridad privadas a los sistemas estatales, promete revolucionar la prevención y el combate del delito. Mendoza, Neuquén y Buenos Aires lideran esta transformación, adaptando el modelo a sus particularidades locales y abriendo un nuevo capítulo en la seguridad ciudadana.
Mendoza: Pionera en la integración de cámaras privadas
El Gobierno de Mendoza ha sido pionero en la implementación de esta alianza estratégica. A partir de la ley sancionada a mediados de 2024, el Ministerio de Seguridad y Justicia ha firmado convenios con entidades privadas para integrar sus cámaras al sistema provincial de videovigilancia. El objetivo es claro: sumar la tecnología y los recursos del sector privado a la lucha contra el delito, potenciando la capacidad de respuesta y prevención.
Hasta el momento, se han firmado nueve convenios con entidades como Transener SA, Palmares, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), y varias cámaras de comercio y turismo de San Rafael y General Alvear. Estas asociaciones agrupan a una importante cantidad de comercios que han decidido sumar sus cámaras al sistema provincial de vigilancia por video.
Según los convenios firmados, los privados se comprometen a realizar un mantenimiento adecuado de las cámaras y a comunicar cualquier problema técnico al Ministerio de Seguridad y Justicia. A cambio, el Ministerio se compromete a no realizar un monitoreo constante de las cámaras, sino a utilizarlas de manera específica ante una situación o eventualidad.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, ha destacado que esta medida permite sumar las cámaras de vigilancia instaladas en comercios, emprendimientos turísticos y centros comerciales al sistema 911, lo que facilita su monitoreo en tiempo real desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Esta integración es especialmente valiosa en puntos estratégicos vinculados al comercio y la actividad turística.
Buenos Aires: Un programa integral de protección ciudadana
La provincia de Buenos Aires también ha implementado un programa integral de protección ciudadana que incluye la instalación de cámaras de vigilancia por video en puntos estratégicos como ingresos a los municipios, centros comerciales, bancos y plazas. Estas cámaras cuentan con sistemas de alarmas y reconocimiento de patentes, y son monitoreadas las 24 horas desde una sala central.
Si bien el programa se centra principalmente en la instalación de cámaras estatales, también se fomenta la participación de la comunidad a través de la articulación con los municipios, entidades de bien público, asociaciones intermedias y organizaciones sociales. Esta participación puede incluir la integración de cámaras privadas al sistema de vigilancia por video, aunque no se han especificado si se han firmado convenios formales con entidades privadas.
El programa de Buenos Aires se basa en un nuevo enfoque de seguridad que prioriza la prevención del delito y la participación de la comunidad. Se busca construir una red de compromiso, cooperación y articulación entre el gobierno y la sociedad, en la que la tecnología juega un papel fundamental en la optimización de los recursos humanos, logísticos y económicos.
Neuquén: Inversión privada para mayor competitividad
En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa ha adoptado un enfoque similar, aunque con un matiz diferente. En lugar de centrarse exclusivamente en la seguridad, Figueroa ha instado a las empresas a invertir en tecnología para bajar los costos de producción y lograr mayor competitividad. Si bien no se han firmado convenios específicos para integrar cámaras privadas al sistema de vigilancia por video, la inversión en tecnología de seguridad es vista como una forma de proteger los activos de las empresas y contribuir a un entorno más seguro.
Este enfoque refleja una visión más amplia de la seguridad, que no se limita a la prevención del delito, sino que también abarca la protección de la inversión y el fomento de un clima de negocios favorable. Al alentar a las empresas a invertir en tecnología de seguridad, el gobierno de Neuquén busca crear un círculo virtuoso en el que la seguridad impulse el crecimiento económico y viceversa. Por ejemplo, la instalación de sistemas de vigilancia por video con análisis inteligente puede ayudar a las empresas a detectar robos o actos de vandalismo en tiempo real, lo que les permite reducir sus pérdidas y mejorar su rentabilidad. Además, la presencia de cámaras de seguridad puede disuadir a los delincuentes y crear un ambiente más seguro para los empleados y los clientes.
Beneficios y desafíos de la alianza público-privada
La alianza público-privada en materia de vigilancia por video ofrece una serie de beneficios potenciales:
- Mayor cobertura: Permite ampliar la vigilancia sin grandes inversiones estatales.
- Tecnología avanzada: Aprovecha los recursos y la innovación del sector privado.
- Participación ciudadana: Involucra a la comunidad en la seguridad.
- Reducción de costos: El sector privado también asume la inversión en seguridad.
Sin embargo, también plantea desafíos importantes:
- Privacidad: Garantizar la protección de datos y evitar el uso indebido de imágenes.
- Calidad y mantenimiento: Asegurar el funcionamiento adecuado de las cámaras privadas.
- Marco legal claro: Establecer protocolos sobre acceso, almacenamiento y uso de imágenes.
- Percepción de seguridad: Evaluar si la presencia de más cámaras genera mayor tranquilidad en la ciudadanía.
El futuro de la vigilancia por video en Argentina
La integración de cámaras privadas a los sistemas estatales es una tendencia en crecimiento. A medida que la tecnología avanza y los costos disminuyen, la vigilancia por video se convierte en una herramienta más accesible para combatir el delito.
Es fundamental que esta expansión se realice de manera responsable y respetuosa de los derechos individuales. Es necesario establecer un marco legal claro que regule el uso de la vigilancia por video y que garantice la transparencia y la rendición de cuentas. También es importante fomentar el debate público sobre los beneficios y los riesgos de la vigilancia por video, y garantizar que la sociedad participe en la definición de las políticas de seguridad.
En definitiva, la alianza público-privada en materia de vigilancia por video puede ser una herramienta valiosa para mejorar la seguridad ciudadana en Argentina, siempre y cuando se implemente de manera inteligente y respetuosa de los derechos individuales. La clave está en encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad y la defensa de la libertad.
