El ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei ha generado un cambio radical en el panorama social argentino. En Córdoba, las organizaciones piqueteras, tradicionalmente dependientes del financiamiento nacional, se han visto obligadas a buscar el apoyo del gobernador peronista Martín Llaryora y del intendente Daniel Passerini. Mientras tanto, Milei, en una reciente visita a la provincia, celebró los resultados de su “revolución económica”, obviando las crecientes tensiones sociales.
El viraje de los piqueteros: de la Nación a la Provincia
La decisión de Milei de cortar el financiamiento a las cooperativas administradas por organizaciones piqueteras ha forzado a estas a reconfigurar sus estrategias de supervivencia. La falta de recursos nacionales y la eliminación de la contraprestación del plan Potenciar Trabajo han dejado a estas organizaciones sin las “jugosas cajas” que les permitían no solo brindar asistencia, sino también construir poder político a través de la movilización.
En este contexto, el gobierno provincial de Llaryora y la municipalidad de Córdoba se han convertido en los nuevos benefactores de las cooperativas de la economía popular. Este cambio de financiamiento ha generado una reorientación política en algunos sectores piqueteros, acercándolos al oficialismo provincial.
Dos sectores, dos estrategias
Dentro del heterogéneo mundo de las organizaciones piqueteras cordobesas, se pueden identificar dos grandes sectores: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Bloque Piquetero. La Utep, liderada por el Movimiento Evita, mantiene una estrecha relación con el gobierno provincial, incluso con funcionarios en cargos públicos. Por otro lado, el Bloque Piquetero, compuesto por organizaciones de izquierda como el Polo Obrero, si bien dialoga con las autoridades provinciales y municipales, mantiene una postura más crítica y combativa.
Mientras la Utep resalta las políticas sociales implementadas por Llaryora y Passerini como una “salida para los desocupados”, el Bloque Piquetero denuncia la “criminalización de la protesta social” y el carácter “antipopular” del gobierno de Milei. Ambos sectores, sin embargo, coinciden en la necesidad de un cambio en la lógica de la asistencia social, buscando garantizar derechos y devolver la dignidad a los sectores más vulnerables.
“La gestión de Milei no se preocupa por la situación de los más pobres, aunque las organizaciones sociales también debemos hacer una autocrítica… Hay que cambiar la lógica y devolver la dignidad a los más pobres”
Silvia Quevedo, Barrios de Pie
Milei en Córdoba: una celebración con sabor a indiferencia
En medio de este panorama de ajuste y reconfiguración social, la visita de Javier Milei a Córdoba para celebrar el aniversario de la Fundación Mediterránea tuvo un tono triunfalista. El presidente, ovacionado por empresarios y dirigentes políticos locales, se enfocó en los logros económicos de su gobierno, destacando la baja de la inflación y la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, evitó hacer referencia al paro general convocado por algunos sectores sindicales y piqueteros para diciembre, mostrando una aparente indiferencia ante las crecientes tensiones sociales.
El discurso de Milei, cargado de datos técnicos y referencias a la “casta” política, reafirmó su compromiso con la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía. Sus palabras resonaron con fuerza en un auditorio que apoya su “revolución económica”, pero generaron polémica por sus críticas a figuras históricas como Isabel Perón y Raúl Alfonsín.
Un futuro incierto: entre la “revolución económica” y la crisis social
El escenario actual plantea un interrogante crucial: ¿podrá la “revolución económica” de Milei generar un crecimiento sostenible que beneficie a todos los sectores de la sociedad, o profundizará las desigualdades y la conflictividad social? La respuesta a esta pregunta dependerá no solo de los resultados económicos, sino también de la capacidad del gobierno para generar un diálogo constructivo con los sectores más vulnerables y atender sus demandas.
En Córdoba, la creciente dependencia de las organizaciones piqueteras del financiamiento provincial y municipal plantea nuevos desafíos para la política local. La necesidad de equilibrar el ajuste fiscal con la contención social se convierte en una prioridad para Llaryora y Passerini, quienes deberán encontrar un camino para abordar la crisis social sin poner en riesgo la estabilidad económica de la provincia. Mientras tanto, la sombra de la protesta social se cierne sobre el horizonte, anticipando un diciembre caliente en las calles cordobesas.
