Cuando las provincias argentinas parecen haber agotado su creatividad fiscal, resurge una nueva polémica: gravar con Ingresos Brutos la protección contra la inflación. Imaginen cobrarle a alguien por cada gota que un paraguas roto desvía en un diluvio. Absurdo, ¿verdad? Analicemos este nuevo intento de exprimir a los contribuyentes.
En resumen, este artículo busca exponer cómo algunas provincias, lideradas por la Ciudad de Buenos Aires, buscan aplicar una tasa de Ingresos Brutos a los intereses generados por inversiones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) que tienen como único fin proteger el capital de las empresas ante la inflación. Argumentaremos que esta medida es no solo injusta, sino también ilegal, ya que viola la Ley de Coparticipación Federal y desincentiva el ahorro y la inversión productiva.
¿Gravar la defensa contra la inflación? Un despropósito
La Ciudad de Buenos Aires, siguiendo una tendencia preocupante, pretende gravar con una tasa especial de Ingresos Brutos los rendimientos obtenidos por empresas al invertir en Fondos Comunes de Inversión (FCI) diseñados para mitigar el impacto de la inflación. No se trata de ganancias especulativas, sino de una estrategia defensiva para evitar la erosión del capital ante la constante subida de precios.
La medida más controvertida es su aplicación retroactiva a cinco años. Esto implica que las autoridades fiscales buscarán a empresas que, actuando de buena fe, intentaron proteger sus ahorros en el pasado, para imponerles un impuesto que, en muchos casos, no existía en ese momento. Más que una simple injusticia, esto revela la desesperación fiscal de las provincias.
Según Gustavo Diez, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, los balances empresariales reflejan rentas significativas por estos rendimientos de FCI, pero la realidad es que la inflación ha devorado esas ganancias. Es como penalizar a alguien por intentar no ahogarse en un mar de devaluación.
Es como cobrarle a alguien por usar un paraguas cuando está lloviendo a cántaros. ¡Absurdo!
Argumentos Legales en Contra: La Ley de Coparticipación Federal en Jaque
Ricardo Chicolino, tributarista, advierte que esta medida contraviene la Ley de Coparticipación Federal. Dicha ley estipula que las actividades complementarias a la actividad principal de una empresa, como la inversión en FCI para protegerse de la inflación, deben tributar a la misma alícuota que la actividad principal. Por ejemplo, una fábrica de calzado no debería pagar una alícuota más alta por proteger sus fondos de la inflación.
Sin embargo, los fiscos provinciales están equiparando estas inversiones con una actividad financiera independiente, aplicando alícuotas desproporcionadamente altas. Esto genera incertidumbre y desconfianza en el sector empresarial, disuadiendo la inversión y la producción en un país donde las reglas cambian constantemente.
Impacto Económico: Desincentivo al Ahorro y la Inversión
Gravar la protección contra la inflación tiene consecuencias a largo plazo. Desincentiva el ahorro y la inversión productiva, elementos cruciales para el crecimiento económico. Las empresas, al verse penalizadas por intentar preservar su capital, podrían optar por no invertir o trasladar sus inversiones a jurisdicciones con políticas fiscales más favorables.
Imagine el impacto en la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional. ¿Cómo pueden competir si se les dificulta proteger su capital de la inflación, mientras que sus competidores en otros países no enfrentan esta barrera?
Consideremos el caso de una pequeña empresa familiar que, tras años de esfuerzo, logra ahorrar un capital para invertir en su crecimiento. Si al intentar proteger esos ahorros de la inflación se ve gravada con un impuesto confiscatorio, ¿qué incentivo tendrá para seguir invirtiendo y generando empleo en el país?
Testimonios: El Impuesto en la Vida Real
“Teníamos un pequeño excedente que queríamos proteger en un fondo común, no para especular, sino para que no se lo coma la inflación. Cuando nos enteramos de este nuevo impuesto, sentimos una gran frustración. Es como si nos castigaran por ser previsores”, comenta Laura M., dueña de una PyME en la provincia de Buenos Aires.
Estos testimonios reflejan la angustia y la incertidumbre que genera este tipo de medidas en el sector empresarial.
¿Qué podemos hacer?
Ante esta situación, es fundamental tomar medidas para frenar este atropello fiscal. Algunas opciones incluyen:
- Firmar peticiones online para derogar este impuesto.
- Contactar a legisladores provinciales para expresar su rechazo a la medida.
- Unirse a organizaciones que defiendan los derechos de los contribuyentes.
- Promover la discusión pública sobre la necesidad de políticas fiscales más justas y eficientes.
La rebelión fiscal no es evasión, sino un acto de defensa de la propiedad privada y la libertad económica. Es hora de exigir a los gobernantes que cumplan con la ley y dejen de asfixiar al sector productivo. El futuro de Argentina depende de ello.
