El caso de un adolescente de 15 años detenido 18 veces en lo que va del año en Córdoba, Argentina, ha desatado un intenso debate sobre la eficacia del sistema judicial y la responsabilidad del Estado en la prevención y atención de menores en conflicto con la ley. La situación pone en relieve la complejidad del problema, generando diversas opiniones entre funcionarios, jueces y especialistas.
Las voces disidentes: entre la reforma legislativa y la falta de recursos
La Ministra de Desarrollo Social, Liliana Montero, ha propuesto una reforma legislativa que permita la detención de menores en situaciones consideradas críticas, argumentando la necesidad de medidas más contundentes para abordar la reincidencia. Sin embargo, esta postura ha encontrado resistencia en la jueza de menores, Ileana Benedito, quien ha recalcado la prohibición legal de privar de la libertad a un menor, excepto en casos de flagrante delito.
Esta discrepancia refleja la polarización existente en el tratamiento de la problemática de la juventud en conflicto con la ley. Por un lado, el enfoque punitivo que busca medidas más drásticas, y por otro, la defensa de los derechos del menor y la necesidad de buscar soluciones alternativas a la privación de libertad.
La investigadora del Conicet y docente de la UNC, Valeria Plaza, aporta una perspectiva más matizada. Si bien reconoce la dificultad de abordar casos extremos como el del adolescente reincidente, cuestiona la eficacia del aislamiento como solución definitiva. “¿Qué alternativas existen para su reintegración?”, pregunta, destacando la necesidad de programas de reinserción social efectivos, más allá de una posible medida cautelar.
Más allá de la ley: la falta de políticas públicas integrales
Plaza describe la situación actual como una “declaración de impotencia” del Estado, señalando la deficiencia en las políticas públicas de contención familiar y social. Para la especialista, la problemática no se reduce a la responsabilidad de la Senaf (Secretaría Nacional de la Familia), sino que involucra la acción conjunta del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Se necesita una estrategia integral que aborde las causas de la reincidencia, más allá de las medidas correctivas.
Un aspecto crucial en la problemática es el consumo de sustancias adictivas. Plaza enfatiza la necesidad de políticas que aborden este tema de manera integral, considerando que el consumo de estupefacientes no es una decisión individual, sino que se ve influenciado por factores socioeconómicos y culturales complejos. La falta de programas de apoyo y de redes de contención para jóvenes en situación de vulnerabilidad se revela como una falla crucial del sistema.
El testimonio de la especialista subraya la insuficiencia de los programas actuales. La Senaf, a pesar de contar con profesionales capacitados, enfrenta la limitación de recursos humanos y materiales, lo que impide una intervención eficaz. Esto implica la necesidad urgente de una mayor inversión estatal en programas de prevención y atención, incluyendo la capacitación de profesionales y la ampliación de servicios de apoyo para jóvenes con problemas de consumo de sustancias y entornos familiares disfuncionales.
Prevención: la clave para un cambio significativo
El enfoque de Plaza concluye con un llamado a la urgencia de la intervención, pero sobre todo, a la necesidad de fortalecer las políticas de prevención. Sin una inversión significativa en programas que aborden las causas de la reincidencia en menores, cualquier medida correctiva resultará insuficiente. Esto requiere una planificación estratégica, involucrando a diferentes sectores del Estado, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general.
Para evitar que el caso del adolescente reincidente se convierta en la regla, se debe priorizar la creación de redes de contención social que brinden apoyo y acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esto incluye la promoción de programas educativos, laborales y de salud mental dirigidos a este grupo poblacional. La ausencia de estas iniciativas es una falla sistemática que se repite y que pone en cuestión el compromiso real del estado con la protección de los menores y la prevención del delito.
El debate sobre la responsabilidad del Estado en el problema de los menores reincidentes debe extenderse más allá de la discusión legislativa, focalizándose en el desarrollo y la implementación efectiva de políticas públicas integrales que combinen la prevención con la intervención oportuna, en lugar de limitarse a soluciones puntuales e ineficaces. Sólo así se podrá construir un sistema que proteja a los jóvenes en situación de riesgo y que garantice la seguridad y el bienestar de toda la sociedad.
