En un fallo sin precedentes en la provincia de Córdoba, la jueza Ileana Benedito ha autorizado la colocación de una tobillera electrónica a un adolescente de 15 años, identificado como MSM, con un extenso historial de reincidencia. Este caso ha abierto un debate crucial sobre la responsabilidad penal juvenil, la eficacia de las medidas de contención existentes y la necesidad de reformar el sistema judicial para menores. La decisión, considerada como un “penúltimo recurso” antes de la institucionalización, busca controlar los movimientos de MSM y garantizar el cumplimiento de una orden de restricción de acercamiento a su barrio de origen, Marqués Anexo, donde se le atribuyen múltiples robos y otros delitos.
Un caso que interpela al sistema judicial de menores
El caso de MSM es paradigmático de las dificultades que enfrenta el sistema judicial argentino para abordar la problemática de la delincuencia juvenil, especialmente en aquellos menores de 16 años que son considerados no punibles. A pesar de las 19 intervenciones policiales y judiciales previas, ninguna de las medidas implementadas por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ha logrado contener la conducta delictiva del joven. La tobillera electrónica se presenta como una solución innovadora, pero también controvertida, que busca encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos del menor y la seguridad de la comunidad.
La jueza Benedito, quien inicialmente rechazó el pedido de la Senaf para internar a MSM en un centro cerrado por considerar que no existía un marco legal que lo habilitara, finalmente accedió a la colocación del dispositivo electrónico como una medida de control menos restrictiva. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia, ya que algunos sectores cuestionan su legalidad y la consideran un avance hacia la criminalización de la infancia.
El fallo de la jueza Benedito sienta un precedente importante en la provincia de Córdoba y podría influir en la forma en que se abordan casos similares en el futuro. La decisión, que autoriza el uso de la tobillera por un plazo máximo de tres meses, sujeta a revisión, busca garantizar el cumplimiento de la restricción de acercamiento al barrio Marqués Anexo, impuesta previamente por la jueza.
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Procesal en Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por la ministra de Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero. El objetivo es dotar a los jueces de herramientas más efectivas para abordar casos complejos como el de MSM, sin recurrir a medidas extremas como el encierro.
¿Control o coerción? El debate sobre la tobillera electrónica en menores
La utilización de tobilleras electrónicas en menores no punibles plantea interrogantes éticos y legales que deben ser analizados con detenimiento. Si bien se argumenta que se trata de una medida de control que no restringe la libertad ambulatoria del adolescente, otros sectores la consideran una forma de coerción encubierta que podría tener efectos negativos en su desarrollo psicológico y social.
La falta de un marco legal específico para la aplicación de esta medida en menores no punibles genera incertidumbre sobre su legitimidad. La decisión de la jueza Benedito, basada en la necesidad de garantizar el cumplimiento de una orden judicial previa, sienta un precedente que podría ser cuestionado en instancias superiores.
Además, la eficacia de la tobillera electrónica como herramienta para prevenir la reincidencia en menores es un tema que aún no ha sido suficientemente estudiado. Si bien el dispositivo permite monitorear los movimientos del adolescente, no aborda las causas subyacentes de su conducta delictiva, como la falta de contención familiar, el consumo problemático de drogas o la influencia del entorno social.
Expertos en psicología infantil advierten sobre los posibles efectos negativos del uso de la tobillera electrónica en el desarrollo emocional del adolescente. La sensación de ser constantemente vigilado y estigmatizado podría generar sentimientos de vergüenza, aislamiento y rechazo social, lo que dificultaría su reinserción en la comunidad.
Por otro lado, la implementación de esta medida requiere una inversión significativa en infraestructura y personal capacitado para el monitoreo y seguimiento de los adolescentes. Es fundamental garantizar que el uso de la tobillera electrónica no se convierta en una solución simplista que desvía recursos de otras estrategias más efectivas para prevenir la delincuencia juvenil, como la inversión en educación, salud y programas sociales.
La discusión sobre la tobillera electrónica en menores no punibles trasciende el ámbito judicial y se inserta en un debate más amplio sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de la infancia y la seguridad ciudadana. Encontrar un equilibrio entre ambos objetivos es un desafío complejo que requiere un análisis profundo y un abordaje integral.
Alternativas al encierro: la necesidad de un enfoque integral
El caso de MSM ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar alternativas al encierro para abordar la problemática de la reincidencia en menores. La ministra Montero ha propuesto una serie de medidas escalonadas que van desde la atención temprana hasta la justicia restaurativa, pasando por la supervisión en territorio, la libertad asistida y el acompañamiento barrial. El objetivo es brindar a los jueces un abanico de opciones que les permitan adaptar las medidas a las características específicas de cada caso, evitando el recurso extremo de la institucionalización.
- Atención temprana
- Supervisión en territorio
- Libertad asistida con operadores territoriales
- Justicia restaurativa
- Abordaje de jóvenes declarados penalmente responsables
- Mediación penal juvenil
- Acompañantes barriales
- Dispositivo especial de alojamiento
- Dispositivos electrónicos (tobillera)
- Encierro (última instancia)
Estas medidas, que buscan un abordaje integral de la problemática, se basan en la premisa de que la reincidencia en menores no se soluciona con el encierro, sino con la implementación de estrategias que aborden las causas subyacentes de la conducta delictiva. La inversión en educación, salud mental, programas de reinserción social y el fortalecimiento de los lazos familiares son fundamentales para prevenir la delincuencia juvenil y construir una sociedad más justa e inclusiva.
La propuesta de Montero de reformar el Código de Procedimiento Procesal en Penal Juvenil busca incorporar estas medidas alternativas al marco legal, brindando a los jueces un mayor margen de acción para tomar decisiones que se ajusten a las necesidades de cada caso. La iniciativa, que aún debe ser debatida en la Legislatura, podría representar un cambio significativo en el sistema judicial de menores en Córdoba.
El debate sobre la tobillera electrónica y las medidas alternativas para abordar la reincidencia en menores es un tema complejo que requiere un análisis profundo y un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados: jueces, fiscales, defensores, profesionales de la Senaf, expertos en psicología infantil y la sociedad en su conjunto. El objetivo final debe ser garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo que se protege a la comunidad y se construye una sociedad más segura para todos. El caso de MSM, lejos de ser un hecho aislado, es una llamada de atención que nos interpela como sociedad a repensar la forma en que abordamos la problemática de la delincuencia juvenil.
