A partir del próximo lunes, el sistema de salud argentino experimentará un cambio significativo que impactará en millones de personas. El Gobierno ha anunciado la eliminación del denominado “peaje de la salud”, un sistema de intermediación entre los aportes de los trabajadores y las empresas de medicina prepaga. Esta medida permitirá a los afiliados optar por el pago directo a sus prepagas, eliminando la triangulación a través de las obras sociales.
Fin de la triangulación: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
El nuevo sistema, que entrará en vigencia el lunes, busca simplificar el proceso de asignación de los aportes de los trabajadores a la salud. Hasta ahora, muchos afiliados a prepagas veían sus contribuciones pasar primero por las obras sociales, que actuaban como intermediarias, antes de llegar a la empresa de medicina privada. Este sistema, conocido como “triangulación”, generaba costos adicionales que se traducían en comisiones para las obras sociales.
Con la nueva normativa, los trabajadores podrán decidir si desean que sus aportes vayan directamente a la prepaga, sin intermediarios. Para ello, deberán registrarse en un sitio web que habilitará el Ministerio de Salud. Las prepagas, por su parte, estarán obligadas a inscribirse en un registro para poder recibir los aportes de forma directa. Esta obligatoriedad busca garantizar que todas las empresas de medicina privada estén habilitadas para participar del nuevo sistema.
Impacto en las cuotas y el debate sobre el Fondo Solidario
Una de las principales incógnitas es si la eliminación del “peaje de la salud” se traducirá en una reducción de las cuotas de las prepagas. El Gobierno estima que la intermediación de las obras sociales representa entre un 3% y un 7% del valor del servicio. En teoría, la eliminación de este costo podría generar un alivio para los afiliados. Sin embargo, la decisión final sobre el precio de las cuotas recae en las empresas de medicina prepaga, por lo que no hay garantías de que se produzca una rebaja.
Otro punto de debate es el impacto en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el 15% de los aportes al sistema de salud. Este fondo cubre gastos de atención médica para personas con discapacidad, entre otros servicios. El Gobierno planea abrir una discusión sobre la responsabilidad de financiar los gastos de transporte y educación para personas con discapacidad, que actualmente son costeados por el FSR. La propuesta del Ejecutivo es que las provincias asuman esta erogación, lo que podría generar tensiones con los gobernadores.
Según datos oficiales, solo en noviembre, la triangulación absorbió $41.158 millones. Los fondos propios de la triangulación representan un poco más del tercio del monto que va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre con el 15% de los aportes y equivale, en promedio, al 5,7%.
El FSR debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el Gobierno planea abrir un gran debate que puede impactar en las cuentas de los gobernadores.
La Superintendencia empezó por confrontar las críticas sobre las bajas en servicios y coberturas para personas con discapacidad.
Sus números muestran que la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron ayuda del FSR (alimentado con aportes de los trabajadores) aumentó 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año.
A su vez, afirman que el subsidio per cápita aumentó 150,7% para el mismo período. Es decir, por debajo de la inflación que hasta octubre interanual acumuló 193%.
La postura de las prepagas y las obras sociales
Hasta el momento, las principales prepagas del país no se han pronunciado públicamente sobre el nuevo sistema. Según fuentes del sector, las empresas están analizando la conveniencia de adherir al registro que les permitirá recibir los aportes directamente. La incertidumbre sobre el impacto en las cuotas y la posible pérdida de ingresos por la eliminación de la triangulación son factores que las empresas están evaluando.
Las obras sociales, por su parte, podrían verse afectadas por la pérdida de ingresos que generaba la intermediación. Se espera que la medida genere tensiones con los sindicatos, que administran muchas de estas entidades. El Gobierno deberá negociar con los gremios para mitigar el impacto de la reforma y asegurar la estabilidad del sistema de salud.
El Gobierno confía en que la eliminación del “peaje” permitirá transparentar el sistema y optimizar el uso de los recursos. La posibilidad de que los afiliados elijan el destino de sus aportes podría generar una mayor competencia entre las prepagas, lo que en teoría debería traducirse en mejores servicios y precios más competitivos. Sin embargo, la implementación del nuevo sistema presenta desafíos y su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para gestionar las tensiones con los diferentes actores del sector y garantizar la calidad de la atención médica para todos los ciudadanos.
Para facilitar el acceso a la información, el Gobierno está trabajando en una adaptación de la aplicación Mi Argentina. A través de esta app, los usuarios podrán consultar cuánto de sus aportes se destina a la prepaga y cuánto a la obra social. Esta herramienta busca brindar mayor transparencia al sistema y permitir a los afiliados controlar el destino de sus contribuciones.
En los próximos días se espera que el Ministerio de Salud publique detalles sobre el funcionamiento del nuevo registro y el procedimiento para que los afiliados puedan optar por el pago directo a sus prepagas. Se espera que la implementación de esta medida genere un intenso debate en el sector de la salud y que su impacto se sienta en los próximos meses.
En definitiva, la eliminación del “peaje de la salud” representa un cambio profundo en el sistema de salud argentino. Sus consecuencias, tanto para los afiliados como para las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, aún están por verse. El Gobierno deberá monitorear de cerca la implementación de la medida y realizar los ajustes necesarios para garantizar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.
