Un empleado de la Casa de Gobierno de Córdoba denunció haber sufrido un abuso sexual por parte de un funcionario del Ministerio de Seguridad. El incidente, según la denuncia presentada el jueves pasado ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, tuvo lugar el 8 de octubre en un ascensor del Centro Cívico, también conocido como “El Panal”.
Detalles de la Denuncia
El denunciante, quien prefiere mantener su anonimato por el momento, declaró a Cadena 3 que fue manoseado por el funcionario mientras salía del ascensor. El funcionario, al percatarse de la presencia del empleado, habría reaccionado gritando disculpas, intentando justificar su accionar como un acto involuntario. Sin embargo, el denunciante destaca que había otras personas esperando el ascensor en ese momento, lo que sugiere que varios testigos podrían corroborar parte del relato.
Según el testimonio, el empleado se sintió humillado y profundamente afectado por el incidente. La falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades internas del Centro Cívico lo impulsó a buscar justicia por medio de la vía legal. A pesar de haber reportado el hecho a distintas dependencias, incluyendo la solicitud de que el funcionario fuese retirado del edificio, su pedido fue ignorado.
La Respuesta Institucional (o falta de ella)
La falta de respuesta institucional es uno de los puntos más críticos de esta denuncia. El denunciante manifiesta que, en lugar de recibir apoyo y contención, se le indicó que él debía decidir si continuaba trabajando o no, a pesar de ser la víctima del supuesto abuso. Se le ofreció asesoramiento psicológico dentro del Centro Cívico, pero este apoyo no se tradujo en acciones concretas para protegerlo de su agresor, ni en la investigación interna del caso.
Además, las autoridades no habrían tomado medidas inmediatas para investigar lo ocurrido o para separar al funcionario de su puesto. El denunciante destaca que, si bien se le sugirió evitar el uso del ascensor con el funcionario, esta solución no aborda la gravedad de la situación y deja al denunciante expuesto a futuras situaciones de riesgo. Esta pasividad institucional deja un vacío de responsabilidades crucial y pone en evidencia la falta de protocolos de actuación en casos de agresión sexual dentro del entorno de trabajo.
El Proceso Legal
El denunciante ha contratado al abogado Matías Clariá, quien presentó la denuncia formal ante el fiscal Ávila Echenique. El abogado solicitó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la entrada del ascensor, reconociendo que no hay cámaras dentro del mismo. Se espera que estas imágenes puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos. Adicionalmente, se solicitó la citación de testigos presentes en el momento del incidente.
La falta de cámaras dentro del ascensor dificulta la obtención de pruebas directas del abuso, pero las imágenes del área de acceso al ascensor podrían revelar la identidad del agresor y el momento del encuentro entre ambos. El testimonio de los testigos que se encontraban esperando en el ascensor también resultará fundamental para el desarrollo de la investigación.
Ausencia de Respuesta Oficial
Cadena 3 ha intentado comunicarse con diferentes fuentes dentro del Ministerio de Seguridad para obtener una respuesta oficial a la denuncia. Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento público por parte de las autoridades provinciales respecto a este grave suceso. La falta de una respuesta oportuna e informativa alimenta la preocupación sobre la transparencia del proceso y la intención del gobierno de abordar la situación.
El silencio oficial genera incertidumbre sobre las medidas que se tomarán para investigar exhaustivamente la denuncia, proteger al denunciante y prevenir incidentes similares en el futuro. La falta de transparencia, en un caso de estas características, es alarmante y contraviene las expectativas de una respuesta institucional ágil y comprometida con la justicia.
Reflexiones Finales
La denuncia de abuso sexual en la Casa de Gobierno de Córdoba pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar protocolos claros y eficientes para abordar este tipo de situaciones. El caso destaca la falta de sensibilidad y la ineficacia en la respuesta institucional ante una situación de violencia de género. Se requiere no solo una investigación exhaustiva que lleve a la justicia, sino también una reflexión profunda sobre las fallas sistémicas que permitieron que este incidente ocurriera y la falta de apoyo ofrecida a la víctima.
La falta de respuesta y el silencio oficial hasta la fecha constituyen una clara muestra de la necesidad de mayor compromiso por parte de las autoridades en la lucha contra el abuso y la violencia sexual en los espacios de trabajo, y en particular, en el ámbito público. El hecho de que la víctima haya tenido que recurrir por sí misma al sistema legal demuestra una notable falla en los mecanismos de protección internos. Es necesario promover una cultura de respeto, tolerancia cero a la violencia y mecanismos internos para la correcta tramitación de estas denuncias.
El caso sirve como recordatorio de la importancia de la denuncia, la valentía de las víctimas para alzar la voz y la responsabilidad que tienen las instituciones en generar ambientes seguros y protegidos. Se espera que la justicia actúe de manera pronta e imparcial para esclarecer este caso y ofrecer la debida reparación a la víctima.
