Un nuevo escándalo sacude la política argentina. La referente del espacio político de Juan Schiaretti en Santa Fe, Claudia Giaccone, contrató a los abogados Pablo Morosano y Juan Pablo Guenzi para representar al partido “Hacemos” en una disputa por la personería electoral con el gobernador Omar Perotti. La polémica radica en que estos letrados son conocidos por su defensa del narcotraficante Esteban Alvarado, generando un fuerte rechazo y cuestionamientos.
El conflicto por la personería electoral
La disputa se centra en el nombre del partido “Hacemos”. El gobernador Perotti lo utiliza desde 2019, mientras que Schiaretti busca registrarlo a nivel nacional como parte de su estrategia para construir un partido con alcance federal. Esta pugna terminó en la justicia electoral, donde Giaccone, en su rol de referente de Schiaretti en Santa Fe, se encarga de los trámites legales para obtener la personería.
La decisión de utilizar a los abogados Morosano y Guenzi, quienes defendieron a Alvarado en un juicio por homicidio en el fuero provincial, ha provocado una fuerte indignación. Además, estos abogados tuvieron una confrontación pública con los fiscales que investigaron al narcotraficante, generando una controversia adicional.
La respuesta de Giaccone y las implicaciones políticas
Consultada por medios locales, Claudia Giaccone se deslindó de la responsabilidad, alegando desconocimiento de la trayectoria de los abogados. Según sus declaraciones, el apoderado de “Hacemos”, Gerardo López, fue quien seleccionó a los letrados. Giaccone indicó que ya dio instrucciones para rescindir el contrato con Morosano y Guenzi, a pesar del escándalo político generado. Esta versión, sin embargo, no ha logrado calmar las críticas de la oposición ni las dudas sobre el proceso de selección de los representantes legales.
Las repercusiones políticas del caso son significativas. El vínculo entre un referente de un partido que busca crecer a nivel nacional y abogados con un historial ligado a la defensa de un conocido narcotraficante genera una imagen negativa. Esto podría afectar las posibilidades electorales de Schiaretti, particularmente su imagen de alternativa moderada dentro del peronismo, y abre un debate sobre la selección de representantes legales y la responsabilidad política en la toma de decisiones internas.
Análisis del caso y sus posibles consecuencias
Este incidente destaca la necesidad de una mayor transparencia en los procesos internos de los partidos políticos, especialmente en la selección de los profesionales que los representan legalmente. La contratación de los abogados de Alvarado, sin un análisis previo de su trayectoria, se percibe como una grave falta de responsabilidad por parte de los responsables de “Hacemos”. Si bien Giaccone asegura desconocimiento, su función de referente implica una responsabilidad política que no puede ser ignorada.
Las próximas semanas serán claves para observar el desarrollo del caso y su impacto en la imagen pública de Schiaretti y su partido. El éxito de su estrategia de consolidación nacional podría depender de la capacidad para gestionar este escándalo y recuperar la confianza de los votantes.
El rol de Gerardo López y el legado de Héctor Cavallero
El apoderado de “Hacemos”, Gerardo López, ha sido un actor clave en esta controversia. Su trayectoria política, vinculada al fallecido exintendente de Rosario Héctor Cavallero, aporta un contexto adicional al caso. Se espera que López también brinde explicaciones sobre su decisión de contratar a los abogados, y su rol en el proceso de toma de decisiones internas del partido.
Analizar las conexiones entre López, Cavallero y la eventual influencia de la decisión en el partido es fundamental para comprender las motivaciones detrás de la contratación. La falta de transparencia y los vínculos poco claros entre los diferentes actores políticos del caso requieren una mayor investigación y esclarecimiento.
un escándalo con implicaciones de largo alcance
El escándalo de los abogados de Alvarado en el partido de Schiaretti tiene implicaciones de largo alcance que trascienden la disputa por la personería electoral. Refleja la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la política, así como el costo que pueden tener las decisiones poco meditadas en la imagen pública de los líderes y sus partidos. La investigación del caso y sus posibles consecuencias estarán siendo seguidas de cerca por los medios y la opinión pública en Argentina.
