En las cárceles bonaerenses, la presencia de teléfonos celulares es una realidad que genera un complejo debate. Si bien inicialmente se autorizó su uso con el objetivo de mantener el contacto familiar y facilitar el acceso a la educación durante la pandemia, la cifra actual de 43.000 dispositivos activos plantea serias interrogantes sobre su impacto en la seguridad y el orden dentro de los penales, así como sobre la sociedad en general.
El origen de la problemática: Un fallo judicial y la pandemia
La libre circulación de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires tiene su origen en un fallo judicial del año 2020, emitido en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ante las restricciones a las visitas familiares, el juez Victor Violini argumentó que el acceso a la comunicación era un derecho fundamental para los internos, justificando así la autorización para que tuvieran teléfonos.
Si bien este fallo se basó en la necesidad de mantener un contacto familiar, también buscó promover el acceso a material educativo a distancia. No obstante, con la conclusión de la emergencia sanitaria, la medida se mantuvo, generando controversias que persisten hasta la actualidad.
El lado oscuro: Delitos desde dentro de las cárceles
La realidad supera los objetivos humanitarios iniciales. La presencia de 43.000 teléfonos en las cárceles ha dado lugar a un aumento significativo de actividades delictivas desde dentro de los penales, mostrando la vulnerabilidad del sistema ante el uso indebido de la tecnología.
Entre las actividades criminales más preocupantes se encuentra la proliferación de redes de tráfico y comercialización de material de abuso sexual infantil, como el caso de Víctor Hugo Balderrama, quien desde su celda, condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores, vendía imágenes y videos de sus propios crímenes. La facilidad con que los delincuentes pueden operar, usando los dispositivos móviles, genera una grave preocupación en la lucha contra la explotación sexual.
A este problema se suman estafas virtuales y secuestros extorsivos. Llamadas telefónicas desde las cárceles a víctimas, para lograr realizar extorsiones con consecuencias devastadoras. Los investigadores indican un incremento alarmante de estos delitos, provenientes de las mismas unidades penitenciarias.
El protocolo oficial vs. la realidad
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) asegura que existe un protocolo que prohíbe el acceso a redes sociales, limitando el uso a WhatsApp y a actividades educativas, además de registrar a los usuarios. Sin embargo, autoridades judiciales, fiscales e investigadores reconocen que dicho control es prácticamente imposible de mantener y que la realidad difiere de lo estipulado en el protocolo.
El caso de Balderrama, entre otros, es un claro ejemplo del incumplimiento de las normas. Si bien la provincia reporta el secuestro de miles de celulares desde el año 2022, los dispositivos continúan ingresando, demostrando la persistencia de una realidad que el protocolo no logra controlar.
Comparativa con otros contextos: El caso de las cárceles federales
En contraste con la situación de las cárceles bonaerenses, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha establecido un protocolo de “Alto Riesgo”, con restricciones más estrictas sobre la tenencia de dispositivos móviles. Esta normativa busca identificar y prevenir el uso de los celulares para fugarse, dirigir actividades criminales, intimidar a funcionarios o entorpecer investigaciones judiciales, entre otras acciones. La aplicación de este protocolo, con sanciones para internos y agentes penitenciarios, muestra un enfoque más proactivo en la gestión de la problemática.
Un debate abierto: ¿Derechos humanos vs. Seguridad pública?
La problemática presenta un conflicto entre derechos humanos y la necesidad de mantener el orden y la seguridad. El acceso a la comunicación es esencial para la reinserción social del interno, pero la facilitación de delitos pone en riesgo a la población. Encontrar un balance se muestra como un desafío clave para autoridades y responsables del sistema penitenciario.
La discusión implica un análisis profundo de las posibles soluciones, incluyendo la implementación de medidas más efectivas de control, la inversión en tecnología para bloquear las comunicaciones no autorizadas, la capacitación del personal penitenciario, y una constante evaluación de las consecuencias sociales del uso de celulares en las prisiones. La búsqueda de un equilibrio entre la resocialización y la seguridad, requiere estrategias innovadoras y un compromiso de todos los actores involucrados.
Conclusiones: Un problema complejo y persistente
El elevado número de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires expone un problema estructural que debe ser abordado con urgencia. El incumplimiento del protocolo actual, la proliferación de delitos y el contraste con las medidas de las cárceles federales, dejan claro que el sistema penitenciario bonaerense requiere una revisión completa de sus estrategias para asegurar el cumplimiento de las regulaciones, la seguridad de las instituciones y la sociedad en su conjunto.
Si bien mantener la comunicación familiar es importante para la reinserción, la falta de control se traduce en una puerta abierta al delito, con consecuencias que afectan a víctimas de abusos sexuales, estafas y secuestros extorsivos. Es imprescindible encontrar una solución que garantice el balance entre el derecho a la comunicación y la seguridad pública, evitando que las cárceles se conviertan en centros operativos de crímenes.
