El gobierno argentino anunció una medida que ha generado gran polémica: la implementación de exámenes de idoneidad para cerca de 40.000 empleados estatales. Esta decisión, enmarcada en la política de racionalización del Estado impulsada por el actual gobierno, ha desatado un debate sobre su legalidad, su efectividad y su impacto en los trabajadores públicos.
Detalles del proceso de evaluación
Los exámenes, que comenzarán en diciembre de 2024 para los empleados del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y se extenderán a otras provincias en 2025, están diseñados para evaluar las competencias de los trabajadores en tres áreas principales: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública. La última categoría, sin embargo, solo aplica a las evaluaciones destinadas a empleados en roles profesionales.
Las pruebas serán presenciales, anónimas y con preguntas de opción múltiple, con una duración de una hora. Los empleados tendrán la posibilidad de realizar tres intentos. El proceso se gestionará a través de una plataforma online del Sistema de Evaluación Pública (SEP), donde los aspirantes podrán registrarse y programar sus exámenes. Al momento del registro se genera un usuario y contraseña que garantiza la transparencia y la objetividad del proceso, eliminando la posibilidad de subjetividad o favoritismo.
Estructura del examen y tipos de pruebas
Existen tres tipos de exámenes adaptados a las diferentes funciones dentro de la administración pública: servicios generales, administrativos y profesionales. Cada tipo de prueba se enfocará en las habilidades relevantes para el puesto.
El examen de comprensión lectora, común a los tres tipos de pruebas, evaluará la capacidad del empleado para entender y analizar textos. El razonamiento lógico-matemático requerirá habilidades para la resolución de problemas numéricos, análisis de gráficos y cálculo de probabilidades. Para los empleados profesionales, se incluirá una sección de administración pública, con preguntas basadas en normas legales como el Código Electoral, la Ley de Ética Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Administración Financiera.
Polémica y reacciones gremiales
La medida ha generado una fuerte oposición de los gremios estatales, que la consideran una herramienta para el despido encubierto de empleados. Sostienen que los exámenes son ilegales y que la capacidad y dedicación de los empleados estatales se demuestran día a día en el cumplimiento de sus funciones, sin necesidad de evaluaciones externas.
ATE Nacional, uno de los sindicatos más combativos, ha expresado su rechazo contundente a los exámenes, calificándolos de estigmatizantes e ilegales. Por el contrario, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha optado por una postura más conciliadora, aconsejando a sus afiliados que se familiaricen con los materiales de estudio proporcionados por el SEP.
Contexto político y objetivos del gobierno
El gobierno argumenta que estos exámenes son parte de una estrategia para modernizar y eficientizar la administración pública, reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio. Se busca justificar la medida en el marco legal establecido por la Ley Bases y el Decreto 1421/02, reglamentario de la Ley 25.164.
Sin embargo, la oposición cuestiona la falta de transparencia y la posible arbitrariedad en el proceso de evaluación. La preocupación de que se puedan utilizar los resultados como pretexto para despidos injustificados se ha visto alimentada por los importantes recortes de personal en el sector público durante la actual gestión.
un debate abierto
La implementación de los exámenes de idoneidad para empleados estatales en Argentina ha abierto un debate crucial sobre la gestión pública, los derechos laborales y la búsqueda de un Estado más eficiente y transparente. La discusión se centra en si la medida es realmente efectiva para alcanzar los objetivos del gobierno o se convierte en una herramienta de recorte de personal sin las garantías legales necesarias.
En medio de esta controversia, las próximas semanas serán claves para observar el desarrollo de las evaluaciones, las reacciones de los sindicatos y la opinión pública, definiendo en definitiva el futuro de la iniciativa gubernamental.
