Millones de argentinos beben arsénico todos los días. ¡Y nadie hace nada! Esta no es una exageración sensacionalista, amigos lectores, es la cruda realidad que un estudio reciente, a punto de publicarse en la prestigiosa revista “Water and Health”, pone al descubierto. Hablamos de más de 17 millones de personas expuestas a niveles peligrosos de arsénico en el agua potable. ¡Una bomba de tiempo que amenaza la salud de la población y que los políticos prefieren ignorar!
Una epidemia silenciosa
Alejandro Oliva, el científico a cargo del estudio, no se anda con rodeos: lo califica como “una epidemia”. Y no es para menos. El arsénico, ese elemento que aparece sigilosamente en el agua de nuestras canillas, está relacionado con un amplio espectro de enfermedades terribles: cáncer, Alzheimer, anomalías congénitas… la lista es larga y escalofriante.
El mapa que este equipo de la Universidad Nacional de Rosario ha confeccionado con información de 12 provincias -que abarcan el 70% de la población- debería convertirse en un grito de alerta. Es un espejo que refleja la indiferencia criminal de nuestras autoridades. Pero, ¿qué podemos esperar de un sistema que se escuda en el silencio y la omisión?
Oliva denuncia que los propios ministerios provinciales intentan tapar el escándalo. “Con este tema todos miran para el costado”, afirma con amargura. ¿Por qué? Simple: porque admitir la magnitud del problema significaría asumir su responsabilidad y actuar. Algo que, obviamente, les resulta bastante incómodo.
El veneno en el vaso: ¿Quién es el culpable?
El arsénico puede provenir de fuentes naturales, como la erosión de las rocas. Pero eso no exime a la responsabilidad humana. La minería, la fundición de metales y el uso indiscriminado de pesticidas también contribuyen a la contaminación, agravando un problema que ya es alarmante de por sí. Entonces, ¿nos quedamos con los brazos cruzados mientras la industria envenena al país?
La hipocresía se manifiesta en la absurda diferencia entre la norma internacional, que establece un límite de 10 microgramos de arsénico por litro, y el Código Alimentario Argentino, que lo ubica en 50. ¿Cinco veces más arsénico en nuestro cuerpo? ¿Es esto lo que entienden por salud pública? Parece más una receta para la enfermedad a gran escala.
Es una jugada sucia, amigos lectores. Un juego político repugnante que está costando vidas. Nos venden la idea de que el arsénico es una afección cutánea -el Hacre- cosa del pasado, para desviar la atención del impacto devastador en nuestra salud a largo plazo.
Las soluciones existen, pero falta voluntad política
La buena noticia es que hay soluciones tecnológicas para remover el arsénico del agua. Métodos más económicos y eficientes que los utilizados en el pasado. Hay alternativas domiciliarias, mejoras en las plantas de potabilización… Todo está a nuestro alcance, excepto la voluntad política. ¡Por eso nos tienen aquí, expuestos!
El verdadero obstáculo no es la tecnología, sino la ausencia de compromiso por parte de las autoridades. Estudios anteriores ya advertían sobre el problema, pero siempre fueron silenciados. Se han hecho esfuerzos por mapear la contaminación, pero esos esfuerzos se han limitado, minimizando deliberadamente la magnitud del problema. ¡Que casualidad!
Este estudio es diferente. Es contundente. Presenta cifras irrefutables: ¡17 millones de argentinos en riesgo! Un problema que viene de hace más de cien años y que exige una acción inmediata. No se trata sólo de proteger nuestra salud, sino también de reclamar justicia para quienes, durante décadas, han sido víctimas silenciosas de esta negligencia imperdonable.
Mientras tanto, los responsables se esconden tras un manto de silencio cómplice. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos envenenen impunemente? ¿Por cuánto tiempo más nos vamos a quedar callados, conformes con el arsénico en nuestros vasos? Debemos exigir responsabilidades y exigir que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado. Es una cuestión de vida o muerte.
Un llamado a la acción
Este artículo no pretende solo informar, sino provocar una reacción. Es un llamado a la conciencia, a la indignación. Necesitamos exigir acciones concretas a nuestros gobernantes. Exigir que se invierta en la provisión de agua potable segura para todos los argentinos. Exigir justicia para las víctimas de esta negligencia criminal.
No podemos permitir que la corrupción y la indiferencia sigan imperando sobre la salud y el bienestar de nuestra población. ¡Basta de silencios cómplices! Es hora de exigir responsabilidades y exigir un cambio profundo, porque el agua envenenada es un problema que no podemos seguir ignorando.
