El Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Javier Alvarenga por el delito de trata de personas agravada por violencia sexual y abuso de situación de vulnerabilidad. La víctima principal fue una menor de edad, y su hermana mayor también resultó afectada. Además de la pena privativa de la libertad, Alvarenga deberá abonar más de $6.2 millones en concepto de reparación económica a las víctimas.
Detalles de la Condena
La condena, dictada con voto mayoritario, se basa en la explotación laboral y sexual a la que sometió a las dos hermanas durante seis meses. El fiscal destacó la asimetría de poder que existía entre las víctimas y el acusado, resaltando los actos de violencia sexual contra la menor. Alvarenga, en su declaración indagatoria, intentó justificar su conducta argumentando que mantenía una relación de pareja con la joven, argumento que fue desestimado por el tribunal.
Los jueces Carolina Prado, Noel Costa y Fabián Asis, por unanimidad, ordenaron la extracción de testimonios para una investigación más profunda sobre los abusos sexuales denunciados durante el juicio. Además, se impuso una restricción de comunicación entre Alvarenga y las víctimas y sus familias, medida crucial para la protección de las afectadas y su proceso de recuperación.
El contexto de la Explotación
Javier Alvarenga, junto con su padre (inicialmente imputado, pero posteriormente separado del proceso por incapacidad sobreviviente), llevaron a las hermanas a una finca rural en las afueras de Ucacha, donde explotaban un tambo. La acusación detalla que Alvarenga viajó a Formosa para buscar a la menor, quien fue trasladada en micro de larga distancia a Córdoba. La hermana mayor fue convencida para trabajar bajo la promesa de un salario justo.
Las hermanas fueron sometidas a jornadas laborales extenuantes de 19 horas diarias, con condiciones precarias de vida y alimentación deficiente. El trabajo consistía en tareas pesadas en la explotación del tambo: colocar alambres en cercas, alimentar terneros, acarrear maíz, ordeñar, y otras labores. Se les negaba el descanso adecuado, una alimentación nutritiva y la posibilidad de contacto con su familia, manteniéndolas bajo llave para evitar que fueran vistas por quienes visitaban el establecimiento.
La Denuncia y el Juicio
La denuncia se presentó el 19 de agosto de 2014, casi seis meses después de la captación de las víctimas. Las hermanas lograron escapar durante un descuido y buscaron ayuda en una fábrica de quesos cercana, desde donde fueron conducidas a la comisaría de Ucacha para formular la denuncia formal. El testimonio de las mujeres, que describió las terribles condiciones de trabajo y la violencia sexual, fue crucial para la condena.
Durante el juicio, una de las víctimas se quebró en varias ocasiones al relatar los hechos. Su testimonio, junto con el de su hermana y la evidencia presentada por la fiscalía, logró convencer al tribunal de la culpabilidad de Javier Alvarenga. El fiscal Gonella destacó la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas y la manera en que Alvarenga se aprovechó de esa situación para someterlas a la explotación. La condena, además de la pena de prisión, incluye una fuerte suma económica en reparación para las víctimas, buscando reparar, en la medida de lo posible, el daño causado.
Consecuencias y Reflexiones
Esta sentencia sienta un precedente importante en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Demuestra la importancia de la denuncia y el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para llevar a los culpables ante la justicia. La reparación económica, aunque no puede compensar el daño sufrido, busca contribuir al proceso de recuperación de las víctimas.
La condena a 10 años de prisión y la significativa indemnización económica a las víctimas refuerza la gravedad de este tipo de delitos. Es un llamado de alerta a la sociedad y una esperanza para las futuras víctimas de trata, que puedan contar con el apoyo del sistema de justicia para obtener justicia y reparación.
Esta sentencia es un paso crucial en la lucha contra la explotación y la trata de personas, y un triunfo de la justicia.
