Las universidades públicas argentinas enfrentan una profunda crisis presupuestaria que impacta directamente en la calidad de la educación, los salarios de docentes y no docentes, y, lo que es más preocupante, en la fuga de cerebros hacia el exterior. Docentes, estudiantes y no docentes se movilizan para reclamar un presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo nacional.
Movilizaciones y reclamos: un panorama de la lucha
A lo largo del año, la comunidad universitaria argentina ha realizado diversas manifestaciones para visibilizar la crítica situación. Marchas multitudinarias, clases abiertas y festivales culturales se suman a otras acciones para presionar al gobierno por un mayor presupuesto y una mejora en las condiciones laborales. En Córdoba, una reciente movilización involucró a varias universidades, incluyendo la Universidad de Villa María, la de Río Cuarto, la UTN y la universidad provincial.
Leticia Medina de ADIUC (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba) resalta la necesidad de un presupuesto que contemple la actualización salarial de los docentes y una financiación adecuada para las universidades. El proyecto de ley de financiamiento universitario fue vetado, por lo cual, se están explorando otras vías como la recolección de firmas para una iniciativa popular que impulse un plebiscito para una ley de presupuesto que no dependa de las decisiones unilaterales del gobierno.
La situación actual: un análisis político
Javier Blanco, también de ADIUC, describe el contexto político actual como un momento único en los últimos 40 años de democracia, caracterizado por una gran actividad de movilización con dos marchas en Córdoba con más de 100.000 participantes, un hecho inédito en los últimos años. Sin embargo, la respuesta gubernamental se limita a insultos y mentiras, según Blanco, cambiando continuamente el foco de la discusión.
Blanco señala la contradicción de la alta legitimidad social de las universidades públicas con la narrativa de la auditoría y la corrupción. El discurso instalado en redes sociales dificulta comunicar la verdadera problemática y sus causas profundas, lo que genera una percepción de corrupción y mala gestión en las universidades, algo que, según el dirigente, no refleja la realidad.
Consecuencias de la crisis: salarios precarios y fuga de cerebros
Los salarios de docentes y no docentes son extremadamente bajos. Blanco afirma que se necesitaría un aumento salarial del 100% para alcanzar los niveles de 2015. La inflación constante erosiona aún más los ingresos de los trabajadores universitarios, un fenómeno agravado por la falta de negociaciones paritarias efectivas.
La situación económica también provoca una importante fuga de cerebros. Investigadores y profesionales altamente calificados optan por buscar mejores oportunidades en el extranjero. Blanco ve esto como un desmantelamiento deliberado del pensamiento nacional, un intento de desmantelar los espacios de investigación y formación que existen principalmente en las universidades.
El rol de la universidad en la construcción de alternativas
Blanco ve el 2025 con cierto grado de alarma, pero reconoce la importancia de la articulación entre diferentes espacios universitarios y sociales para construir alternativas viables. La universidad, según él, tiene un rol clave para generar un pensamiento crítico, proponer ideas y construir una alternativa real, popular y sostenible a la situación actual.
La gran cantidad de jóvenes que votaron por Javier Milei en las últimas elecciones resalta la necesidad de establecer un diálogo y mostrar la importancia de la universidad pública. Blanco enfatiza que esta construcción alternativa debe trabajar para el beneficio de toda la nación.
la defensa de un pilar fundamental
La lucha por la defensa del presupuesto universitario argentino no es solo una batalla por salarios dignos o por la subsistencia de las universidades, sino por la defensa de la educación pública como pilar fundamental para el desarrollo de una nación. La fuga de cerebros, la precarización laboral y la falta de inversión son indicadores de una situación que exige acciones urgentes y un cambio significativo en la política educativa.
