El Gobierno ha anunciado un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas para febrero de 2025, con un recorte en los subsidios que impacta directamente en la clase media. La luz subirá un 1,5% en el AMBA y el gas un 1,6% en todo el país. Esta medida, justificada por la necesidad de reducir el déficit fiscal y controlar la inflación, amenaza con generar un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos.
Menos subsidios, más inflación
La decisión de reducir los subsidios a la energía, que venía siendo una constante del gobierno de Javier Milei, es el principal motor de las subas anunciadas. El ministro de Economía, Luis Caputo, argumenta que esta medida permitirá al Estado ahorrar recursos y disminuir el gasto público, uno de los pilares de su política económica. Sin embargo, este ahorro se produce a costa de un incremento en los costos de los servicios básicos para los ciudadanos, lo que podría tener un efecto inflacionario.
Los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) son quienes más sentirán el impacto de la medida. Con la unificación de las bonificaciones, la ayuda estatal para el consumo básico de energía se reduce, dejándolos más expuestos a las fluctuaciones del mercado.
Mientras el Gobierno asegura que busca un suministro “sostenible y equitativo”, la realidad es que estas medidas profundizan las desigualdades. El peso de los ajustes recae, una vez más, sobre los hombros de la clase media, que ve cómo su poder adquisitivo se erosiona día a día.
El impacto en los hogares
Con este nuevo aumento, se estima que 9,5 millones de hogares se verán afectados por la suba de la luz, y 5,3 millones por la del gas. Para muchas familias, estos incrementos representan un porcentaje significativo de sus ingresos, lo que las obliga a recortar gastos en otras áreas esenciales como alimentos, educación o salud.
La situación es particularmente preocupante para los 6,3 millones de usuarios que no llegan a cubrir la canasta básica. Para ellos, cada peso cuenta, y este aumento en las tarifas puede significar la diferencia entre llegar a fin de mes o no.
Además del impacto inmediato en las facturas, el aumento de las tarifas energéticas tiene un efecto cascada en la economía. Al incrementarse los costos de producción para las empresas, es probable que se trasladen a los precios de los bienes y servicios, generando una nueva ola de inflación.
¿Un futuro de aumentos?
Lo más alarmante es que este aumento podría ser solo el comienzo de una serie de incrementos mensuales a lo largo de 2025. El Gobierno, a través de los entes reguladores ENARGAS y ENRE, busca establecer un sistema de actualizaciones automáticas en las tarifas de luz y gas, lo que dejaría a los usuarios a merced de las decisiones de las empresas y del mercado.
Este esquema no solo atenta contra la previsibilidad económica de los hogares, sino que también pone en duda la capacidad del Estado para regular los servicios públicos y proteger a los consumidores.
Mientras el Gobierno se concentra en garantizar la “viabilidad económica del sector energético”, pareciera olvidar que la verdadera viabilidad reside en la capacidad de los ciudadanos para afrontar los costos de la vida. Ajustar sobre los sectores más vulnerables no es el camino hacia una economía sana, sino una receta para el malestar social.
Las medidas adoptadas por el Gobierno no hacen más que confirmar las sospechas de la sociedad, la cual siente que, una vez más, es víctima de las promesas incumplidas y de la incapacidad de la gestión de turno para brindar soluciones reales. La suba indiscriminada en los servicios públicos genera un descontento que se profundiza con el correr de los meses, ya que cada vez más personas se ven obligadas a resignar su calidad de vida.
Los ciudadanos se preguntan con qué cara sale el Gobierno a justificar estos incrementos escandalosos. Muchos sospechan de una trama oscura en donde se benefician las empresas prestadoras, en detrimento del pueblo. La falta de transparencia por parte del Gobierno de La Libertad Avanza agrava la situación y erosiona aún más la poca confianza que le quedaba a la gente.
Es momento de que las autoridades escuchen el clamor popular y den marcha atrás con estas medidas. De lo contrario, la conflictividad social estará a la orden del día, lo cual no hará más que profundizar la crisis en la que se encuentra sumergido el país. La paciencia de los ciudadanos se agota, y cada vez son más las voces que reclaman una respuesta contundente del Gobierno.
En lugar de enfocarse en generar beneficios para las grandes corporaciones, el Gobierno debería concentrarse en asegurar que los sectores más vulnerables de la sociedad no queden desprotegidos. Las políticas públicas deberían estar orientadas a garantizar el bienestar general, en vez de estar al servicio de unos pocos.
El Gobierno de Milei tiene la obligación de corregir el rumbo y de poner en práctica políticas públicas que sean inclusivas y que garanticen el acceso a servicios básicos para todos los argentinos. La situación actual no es sostenible, y es necesario un cambio urgente para evitar que la crisis se profundice. El futuro del país está en juego, y es momento de actuar con responsabilidad.
