La oposición argentina se prepara para un enfrentamiento clave con el gobierno de Javier Milei. El objetivo: limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta presidencial que ha generado controversia y preocupación en distintos sectores políticos.
El proyecto opositor: claves y objetivos
La iniciativa opositora busca modificar la ley que regula el uso de los DNU, estableciendo plazos específicos para su tratamiento en el Congreso y modificando las reglas para su derogación. Actualmente, el silencio del Congreso implica la convalidación tácita de los DNU, una situación que la oposición quiere cambiar.
El proyecto propone un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras del Congreso discutan un DNU. De no ser aprobado dentro de ese plazo, perderá vigencia automáticamente. Esto busca evitar la práctica extendida de aprobación tácita. Además, se plantea que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para la derogación del DNU, en lugar del actual requisito de rechazo explícito por ambas cámaras.
La aritmética parlamentaria: ¿suficientes votos?
Las proyecciones de la oposición indican una mayoría cercana a los 127 votos, sumando a las bancadas de Unión por la Patria (el kirchnerismo), Encuentro Federal y una parte de Democracia para Siempre, que incluye a diputados radicales críticos del gobierno. Si la izquierda se suma, tendrían asegurado el quórum y la aprobación del proyecto.
Sin embargo, la política argentina es un terreno movedizo donde la aritmética suele ser imprecisa. El oficialismo buscará dividir a la oposición, apostando a las diferencias internas entre los distintos bloques para retrasar o bloquear la iniciativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha logrado postergar la sesión para esta semana, esperando que las negociaciones internas de la oposición se diluyan.
Las diferentes posturas en la oposición
La Comisión de Asuntos Constitucionales presentó cuatro dictámenes diferentes sobre la reforma de la ley de DNU, reflejando la diversidad de posturas dentro de la oposición. Si bien el dictamen de mayoría cuenta con gran apoyo, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica tienen sus propios proyectos con matices distintos. La UCR coincide con el dictamen mayoritario en el requisito de que una sola cámara pueda derogar un decreto, pero no comparte la idea del plazo de 90 días.
La Coalición Cívica, por su parte, además de coincidir en el rechazo por una sola cámara, propone la posibilidad de rechazos parciales a un decreto. Esta diversidad de opiniones genera tensión interna en la oposición, especialmente en la UCR, donde hay sectores más dialoguistas cercanos al gobierno y otros que reclaman la aprobación de la ley de limitación de los DNU.
Las implicaciones de la ley y el futuro político
La aprobación de esta ley marcaría un límite importante al poder presidencial. Si bien la herramienta de los DNU es fundamental para un gobierno sin mayorías parlamentarias, la oposición argumenta que se ha abusado de ella, vulnerando la función legislativa. Se busca un equilibrio entre la urgencia en la toma de decisiones ejecutivas y el control parlamentario necesario.
Para el oficialismo, esta iniciativa supone un nuevo frente de conflicto, y una potencial reducción de la capacidad de gobierno de Milei. La estrategia del oficialismo se centrará, según lo analizado, en retrasar la sesión y generar divisiones internas en la oposición, utilizando tácticas de negociación y aplazamiento de los debates. El futuro de este proyecto dependerá, en gran medida, de la capacidad de la oposición para mantener la unidad y superar las diferencias internas para lograr su objetivo de frenar la emisión indiscriminada de DNU por parte del presidente.
El debate, sin duda, continuará generando discusiones intensas en el Congreso, mostrando la compleja dinámica política del país y la tensión entre el poder ejecutivo y el legislativo. Este es un claro ejemplo de los desafíos de gobernar con una minoría en el Congreso, y la necesidad de buscar acuerdos para el desarrollo del país.
