La distribución de la colección de libros “Identidades bonaerenses”, destinada a la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas de la provincia de Buenos Aires, ha desatado una fuerte polémica. La controversia se centra en el contenido sexual explícito que, según algunos críticos, resulta inapropiado para los alumnos. Esta situación ha escalado hasta el ámbito judicial, generando un debate a nivel nacional.
La Denuncia contra Alberto Sileoni
La Fundación Morelli ha presentado una denuncia formal contra el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni. La acusación lo responsabiliza por la presunta violación de artículos del Código Penal relacionados con la difusión de material pornográfico a menores y con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Fundación argumenta que el contenido explícito de algunos libros excede los límites aceptables para la ESI y promueve la corrupción de menores.
La denuncia especifica varios títulos que generan preocupación, incluyendo “Cometierra” de Dolores Reyes, “Si no fueras tan niña” de Sol Fantin, y “Las Primas” de Aurora Venturini. La Fundación Morelli alega que estas lecturas podrían despertar deseos sexuales prematuramente en niños y adolescentes, sin la madurez adecuada o el consentimiento parental.
La Respuesta de la Editora y el Gobierno
Julieta Elffman, editora del catálogo “Identidades bonaerenses”, defiende la colección, calificando las críticas como “infundadas y vagas”. Asegura que se trata de una selección de más de 100 libros disponibles para docentes, bibliotecarios y alumnos, quienes cuentan con la libertad de elegir lo que leen. Argumenta que esta política busca fomentar la lectura diversa y la construcción de recorridos lectores independientes.
Elffman también destaca la existencia de un amplio catálogo que ofrece reseñas detalladas de cada libro, incluye recomendaciones de lectura y orientaciones sobre la edad de los lectores. Además, enfatiza el acompañamiento pedagógico que se proporciona, mediante charlas con los autores y conversatorios sobre temas relacionados con la ESI. La editora rechaza la idea de censura y defiende el derecho de los estudiantes a acceder a una amplia gama de lecturas.
La Postura del Consejo General de Cultura y Educación
Consejeros como Diego Martínez y Natalia Quintana, destacan la falta de comunicación en el proceso de distribución de estos libros. Aseguran que el catálogo nunca llegó al Consejo y cuestionan la falta de un plan estratégico para abordar la inclusión de estos libros dentro de las aulas. La preocupación radica en el manejo pedagógico de libros con contenido que puede resultar sensible y generar diversas interpretaciones.
Estos consejeros argumentan que la mera sugerencia de que la lectura esté mediada por un adulto no es suficiente, especialmente para materiales con narrativas fuertes. Exigen que se especifique la distribución y se detallen los criterios para su selección, reclamando por mayor transparencia y una metodología adecuada para el uso de estos materiales en contexto educativo.
El Debate Nacional
La polémica no se limita al ámbito provincial. La vicepresidenta Victoria Villarruel se ha pronunciado en contra de los libros, denunciando “degradación e inmoralidad” y apuntando a las autoridades del gobierno bonaerense. Esta intervención amplifica el debate y lo convierte en un asunto de discusión política a nivel nacional.
La controversia ilustra la complejidad de la educación sexual en un país con diversos valores y creencias. El debate subraya la necesidad de una discusión pública inclusiva para encontrar estrategias pedagógicas adecuadas y un marco legal claro que equilibre los derechos de los alumnos con la libertad de expresión y la enseñanza inclusiva.
La polémica alrededor de la colección “Identidades bonaerenses” destaca la necesidad de consensos en torno a la educación sexual y los materiales que se utilizan en las aulas. La justicia deberá determinar la legalidad de la distribución de estos libros, pero el debate sobre la pertinencia de su contenido, su impacto pedagógico y la transparencia en su implementación, persistirá en el espacio público.