La imagen de una jubilada arrastrándose para subir a un colectivo interurbano en Córdoba ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en evidencia la grave falta de accesibilidad en el transporte público de la provincia. El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra la lucha de una mujer mayor con discapacidad para acceder a un servicio básico, lo que ha generado una ola de indignación y reclamos por parte de la ciudadanía.
Una ley que excluye y vulnera derechos
La Ley Provincial 8669, que regula el transporte interurbano en Córdoba, no exige que las unidades cuenten con rampas para personas con discapacidad. Esta omisión legal deja en una situación de total vulnerabilidad a un sector de la población que necesita del transporte público para realizar sus actividades diarias. La normativa vigente solo contempla la posibilidad de que las personas con discapacidad viajen con un acompañante de forma gratuita, una medida insuficiente que no garantiza la autonomía e independencia de quienes se ven obligados a depender de terceros para trasladarse.
Esta situación contrasta con la realidad del transporte urbano en la capital provincial, donde sí se exige la instalación de rampas en los colectivos. La diferencia en la legislación entre ambos sistemas de transporte expone una discriminación inaceptable hacia las personas con discapacidad que residen fuera de la ciudad de Córdoba, quienes ven limitadas sus posibilidades de movilidad y participación social.
La falta de rampas en los colectivos interurbanos no solo representa una barrera física para las personas con discapacidad motriz, sino que también simboliza la falta de consideración y respeto hacia sus derechos. La necesidad de arrastrarse para subir a un colectivo, como se observa en el video viralizado, es una humillación que ninguna persona debería sufrir en una sociedad que se precie de ser inclusiva y justa.
El caso de la jubilada que se arrastró para subir al colectivo ha generado un debate público sobre la responsabilidad del Estado y las empresas de transporte en garantizar la accesibilidad para todos los ciudadanos. Organizaciones de la sociedad civil, activistas por los derechos de las personas con discapacidad y usuarios del transporte público han expresado su repudio a la situación y exigen una modificación urgente de la Ley Provincial 8669.
Además de la indignación generalizada, el video ha puesto en el centro de la polémica a la empresa Fonobus (Emprendimientos SRL), responsable del servicio en el que ocurrió el incidente. La posible participación de esta empresa en la operación de algunos corredores del nuevo sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, donde sí se exige la presencia de rampas, ha aumentado la presión social para que se tomen medidas que garanticen la accesibilidad en todos los servicios que presta.
Un llamado a la acción: la inclusión no puede esperar
El caso de la jubilada cordobesa no es un hecho aislado. Miles de personas con discapacidad en Argentina enfrentan a diario situaciones de discriminación y exclusión debido a la falta de accesibilidad en el transporte público, en espacios públicos y en edificios. La falta de rampas en los colectivos interurbanos de Córdoba es solo un ejemplo de la deuda pendiente que tiene el país con la inclusión real de las personas con discapacidad.
Es hora de que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto y modifiquen la Ley 8669 para garantizar que todas las unidades de transporte interurbano cuenten con rampas y otras adaptaciones necesarias para el acceso de personas con discapacidad. La accesibilidad no es un lujo ni un favor, sino un derecho humano fundamental que debe ser respetado y garantizado por el Estado.
La sociedad civil también tiene un rol fundamental en la construcción de una sociedad más inclusiva. La presión ciudadana, la difusión de casos como el de la jubilada cordobesa y el apoyo a las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad son acciones clave para generar cambios reales y sostenibles.
La inclusión de las personas con discapacidad no puede esperar más. Es necesario un compromiso conjunto del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto para eliminar las barreras que impiden la plena participación de este sector de la población en la vida social, económica y cultural del país. El video de la jubilada arrastrándose para subir a un colectivo debe ser un punto de inflexión que nos impulse a construir una Argentina más justa e inclusiva para todos.
La lucha por la accesibilidad es una lucha por la dignidad y los derechos humanos. No podemos permitir que la indiferencia y la falta de voluntad política sigan vulnerando la vida de las personas con discapacidad. El caso de la jubilada cordobesa debe ser un llamado a la acción para que, de una vez por todas, se garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de todas las personas en la sociedad argentina.
